El miércoles 10 de marzo se hizo efectiva la captura del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, luego de que el Juez 10 de Conocimiento de Bogotá lo condenara la semana pasada por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada, en el marco del sonado caso del ‘Cartel de la Toga’.
Ricaurte se presentó hoy miércoles a entregarse a las autoridades y se estableció que la pena que la Fiscalía pidió para Ricaurte son cerca de 286 meses de prisión (24 años) para cumplir en un centro carcelario. Además, se solicitó imponerle una multa de 562 salarios mínimos; la Procuraduría, por su parte, pidió que se le imponga una condena de 193 meses de cárcel y una multa de 336 salarios mínimos.
El próximo 25 de marzo el juez del caso fijará el monto de la sentencia contra el exmagistrado.
En la audiencia condenatoria, el juez además de ordenar su captura, se le acusó de haber conformado una corrupta red de sobornos al interior del sistema judicial para favorecer a sus procesados.
El juez Guillermo Adame Suárez avaló de esta manera la acusación de la Fiscalía contra el ex togado, que señaló a Ricaurte de promover y dirigir una organización criminal entre 2013 y 2016 en compañía de otros juristas como el también exmagistrado Leonidas Bustos, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández.
Según la Fiscalía el contubernio se armó para direccionar procesos penales a cambio de dinero. Básicamente manipulaban los casos para conseguir información privilegiada, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad.
Uno de los testimonios que permitió develar este ‘cartel’ fue el del propio exfiscal anticorrupción Moreno, quien al verse descubierto y conseguir el principio de oportunidad, declaró contra Ricaurte y aceptó ser parte de “una organización criminal para favorecer a los que eran amigos de Francisco Ricaurte o a aquellos que se acercaran a esta organización bajo la apariencia de legalidad”.
La investigación adelantada por la Fiscalía reveló que entre 2013 y 2016, estos ex magistrados, “promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y al exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero”.
Ricaurte y Bustos eran los encargados de conseguir los clientes, entre quienes figuraron personas de la vida política del país como Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur, que pagaban los servicios que les prestaban los juristas para al final torcer los fallos a su favor, o bien dilatar los procesos o precluirlos; siendo evidente la utilización de la posición privilegiada de sus cargos como magistrados.
Ricaurte ya había sido capturado en el 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente en procesos judiciales.
El abogado de la defensa, Juan Sebastián Fajardo, insistió que impondrá recurso de apelación, y argumentó que debería tenerse en cuenta la cooperación que Ricaurte ha tenido para con el proceso para cuando se realice la audiencia de sentencia. Afirmó también que mientras esto no suceda, el exmagistrado debe gozar de la presunción de inocencia; el juez hizo evidente que el fallo ya se decidió.
