Un análisis forense línea por línea del comportamiento fiscal, la ejecución de regalías, las vigencias futuras y los cinco problemas que la comunidad exige solucionar — con calificación final y análisis jurídico.
Apertura forense: el municipio bajo la lupa
Nos encontramos en el municipio de San Alberto. Vamos a auscultar la gestión municipal de San Alberto, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Edgar Ricardo Díaz. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
San Alberto, orgullosamente denominado «la puerta de oro del Sur Cesar», es un municipio de aproximadamente 32.000 habitantes fundado en 1955, convertido en municipio en 1967, enclavado en el corazón del Magdalena Medio y sostenido económicamente por la palma africana, el arroz y la ganadería. Es, paradójicamente, el municipio con el índice de pobreza multidimensional más bajo del Cesar —un logro histórico que contrasta con la cruda realidad de sus comunidades rurales, donde el agua potable es un lujo y las vías terciarias son un obstáculo diario para el sustento campesino.
El 1 de enero de 2024, Edgar Ricardo Díaz, nacido en Aguachica, profesional en Gestión Empresarial y tecnólogo en Tecnología Empresarial, juró ante sus conciudadanos gobernar bajo el lema «Oportunidad para Todos» para el período 2024-2027. Hoy, dos años después, corrupcionaldia.com pone sus cifras sobre la mesa. No para condenar sin pruebas. No para absolver sin evidencia. Para que los datos hablen.
«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.» — Firma editorial de corrupcionaldia.com
La información que sustenta este análisis proviene de los reportes oficiales CUIPO-FUT enviados por la alcaldía al Ministerio de Hacienda y Crédito Público: envío N.° 4571749 del 20 de marzo de 2025 (vigencia 2024) y envío N.° 4669565 del 20 de marzo de 2026 (vigencia 2025). Son documentos que la propia alcaldía certificó ante el gobierno nacional. No hay interpretación política aquí. Solo aritmética implacable.
San Alberto: retrato de un municipio rico en producción, pobre en autonomía fiscal
San Alberto es, sobre el papel, un municipio privilegiado. Su economía palmicultora lo coloca entre los municipios más prósperos del sur del Cesar. La Electrificadora de Santander (ESSA) garantiza cobertura energética. El municipio cuenta con instituciones educativas, una ESE municipal y conexión vial a la Troncal de la Paz. Sin embargo, la riqueza agroindustrial de las grandes haciendas palmeras no se traduce, con la fuerza esperada, en recaudo tributario municipal.
En 2024, los ingresos propios (tributarios) de San Alberto alcanzaron apenas $10.651 millones de pesos, representando el 18,1% del total de ingresos del municipio ($58.846 millones). En 2025, este porcentaje mejoró al 22,7% con $13.829 millones —un avance del 29,8% que merece reconocimiento— pero que aún deja al municipio profundamente dependiente del Sistema General de Participaciones (SGP) y las transferencias del gobierno nacional, que representaron el 53% en 2024 y el 56,4% en 2025 de sus ingresos totales.
Esta dependencia del gobierno central no es un delito. Es una realidad estructural de cientos de municipios colombianos de categoría 5 y 6. Pero sí es un espejo que le dice algo al mandatario local: mientras no se diversifique el recaudo propio —predial, industria y comercio, derechos de circulación para los agronegocios— San Alberto seguirá siendo una marioneta fiscal cuyas decisiones estratégicas dependen de lo que Bogotá decida girar, no de lo que San Alberto produzca.
El municipio y los ODS
El Plan de Desarrollo 2024-2027 «Oportunidad para Todos» se alineó formalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sin embargo, el análisis forense de dos años revela avances desiguales: fuerte ejecución del SGP en salud (ODS 3) y educación básica (ODS 4), pero rezagos preocupantes en agua potable y saneamiento (ODS 6), infraestructura rural (ODS 9) y generación de empleo digno (ODS 8). El ODS 16 —paz, justicia e instituciones sólidas— enfrenta el reto de los formularios de deuda y vigencias futuras en blanco, que opacifican la rendición de cuentas.
Radiografía financiera: ingresos, gastos y el espejo de la autonomía
La estructura de ingresos: cuando el 78% viene de afuera
El análisis de los reportes CUIPO de ingresos 2024 y 2025 revela la siguiente estructura de financiación del municipio de San Alberto:
• Ingresos totales 2024: $58.846 millones — Ingresos totales 2025: $60.851 millones (+3,4%)
• Ingresos tributarios (propios) 2024: $10.651 M (18,1%) → 2025: $13.829 M (22,7%)
• Ingresos no tributarios (SGP + transferencias): 2024: $31.206 M (53%) → 2025: $34.294 M (56,4%)
• Recursos de capital (balance anterior + rendimientos): 2024: $16.988 M → 2025: $12.728 M
• Deuda pública activa: $0 (formulario en blanco en ambos años)
El crecimiento de los ingresos tributarios propios en un 29,8% entre 2024 y 2025 es el dato más esperanzador de esta administración. El impuesto predial unificado, la sobretasa ambiental y el impuesto de industria y comercio mostraron dinamismo. Esto sugiere que la administración Díaz realizó algún esfuerzo en actualización catastral y cobro de cartera, lo cual es positivo. Sin embargo, el municipio sigue siendo uno de los más dependientes del SGP en el sur del Cesar, condición que perpetúa su vulnerabilidad ante los recortes del gobierno central.
El gran enigma de los recursos de capital es que los $16.783 millones registrados como ‘Recursos del Balance‘ en 2024 representan saldos de vigencias anteriores sin ejecutar —dinero que la administración anterior dejó sin gastar o que corresponde a adiciones presupuestales de superávit. En 2025, estos recursos del balance cayeron a $12.668 millones, lo que puede indicar una mayor ejecución pero también una gestión heredada que el nuevo alcalde simplemente administró sin transformar.
La estructura de gastos: la salud y la inversión dominan
Los gastos del municipio presentan una estructura relativamente saludable en términos de la relación inversión-funcionamiento. El análisis de los compromisos registrados por la alcaldía de San Alberto ante el CUIPO es el siguiente:
• Gastos totales 2024 (compromisos): ~$46.061 millones — Gastos 2025: ~$57.148 millones
• Sector Salud 2024: $24.239 M (52,6% del total) — 2025: $25.491 M (44,6%)
• Administración Central-Inversión 2024: $16.344 M — 2025: estimado $22.256 M+ en adquisición de bienes y servicios
• Funcionamiento total 2024 (incluyendo Concejo y Personería): ~$5.784 M (12,6% del total)
• Inversión / Funcionamiento 2024: relación 87,4% / 12,6% — ratio favorable
La ratio de inversión vs. funcionamiento del 87,4% en 2024 supera holgadamente los estándares mínimos requeridos por la Ley 617 de 2000 para municipios de categoría 5 y 6, que establece límites de gasto de funcionamiento máximos del 80% de los ingresos corrientes de libre destinación. Hasta aquí, los números cuadran. Pero el diablo está en los detalles: ¿en qué se invirtió exactamente? ¿Con qué resultados para la comunidad?
El dinero de las regalías: compromisos sin ejecución, obras sin pago
Las regalías son el termómetro más revelador de la gestión de un municipio rico en recursos naturales. San Alberto, por su actividad palmicultora y las asignaciones del Sistema General de Regalías (SGR), recibió durante 2024 ingresos de regalías por $8.032 millones de pesos. Para 2025, los ingresos de regalías cayeron dramáticamente a $117 millones —reflejando los ciclos de aprobación del OCAD.
La brecha entre compromiso y realidad (2024)
El análisis forense del reporte de gastos de regalías 2024 revela una anomalía estructural: el municipio comprometió $14.343 millones en inversión con recursos del SGR, pero solo pagó efectivamente $8.032 millones. Esto representa una brecha de ejecución del 44%. Dicho en términos más directos: $6.311 millones de pesos comprometidos en contratos con cargo a regalías no llegaron a manos de contratistas ni se materializaron en obras para los samalbertinos.
Los proyectos más llamativos en el análisis de regalías 2024 son:
• Edificios educativos (BPIN 2023002200044): $1.400 millones comprometidos — $0 pagados a diciembre 2024
• Instalaciones recreativas (BPIN 2023207100084): $396 millones comprometidos — $0 pagados
• Instalaciones recreativas (BPIN 2023207100083): $393 millones comprometidos — $0 pagados
• Otras obras de ingeniería civil (BPIN 2021207100054): $2.333 millones comprometidos — $0 pagados
• Gasoductos y oleoductos (BPIN 2021207100053): $194 millones comprometidos — $173 millones pagados (89% de ejecución)
¿Cómo se interpreta esto? Que la alcaldía firmó contratos, los registró como compromisos presupuestales, pero al 31 de diciembre de 2024 no había girado un solo peso para las obras más costosas. Algunos de estos contratos tienen BPINes con códigos del 2021, 2022 y 2023, lo que significa que son proyectos heredados de administraciones anteriores que el alcalde Díaz no logró destrabar ni ejecutar en su primer año de gobierno.
Para 2025, la situación no mejora sustancialmente: $7.371 millones comprometidos en regalías con solo $3.979 millones pagados (54% de ejecución). La tasa de ejecución real de regalías en los dos primeros años del alcalde Díaz oscila entre el 54% y el 56% —por debajo del umbral del 70% que los analistas consideran aceptable para proyectos de inversión social.
¿Es San Alberto municipio PDET?
De acuerdo con la clasificación del gobierno nacional, San Alberto no figura en la lista oficial de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) del Decreto 893 de 2017, que priorizó municipios con alta afectación por el conflicto armado, pobreza extrema y cultivos ilícitos. Por tanto, no aplican los beneficios adicionales de inversión del fondo OCAD Paz ni los giros especiales PDET para esta administración. El municipio depende del OCAD ordinario del Cesar para sus proyectos de regalías.
La opacidad de la deuda y las vigencias futuras: formularios en blanco
Uno de los hallazgos más inquietantes de este análisis forense es lo que no está en los archivos, tanto como lo que está.
Deuda pública: el formulario vacío que habla más que mil palabras
Los formularios FUT_DEUDA_PUBLICA de créditos para 2024 (envío 4552558, recibido el 15 de febrero de 2025) y para 2025 (envío 4643199, recibido el 13 de febrero de 2026) fueron enviados como «FORMULARIO VACÍO» — con todas las variables en cero y el código FVAC como única identificación.
Esto puede significar dos cosas: que el municipio efectivamente no tiene deuda pública formal con entidades financieras (lo cual sería positivo desde el punto de vista del endeudamiento), o que existe deuda que no está siendo reportada correctamente al sistema. La ausencia de renta pignorada en los formularios confirma que no hay créditos respaldados con fuentes de ingresos específicas —lo que es coherente si no hay créditos. Sin embargo, ante la magnitud de los proyectos comprometidos en regalías con cero pagos, surge la pregunta: ¿cómo está financiando la alcaldía el capital de trabajo para iniciar obras? La opacidad de los formularios impide una respuesta definitiva.
Vigencias futuras: el municipio que no planifica más allá del año
Más preocupante aún es el reporte de vigencias futuras: en ambos años, el formulario FUT_VIGENCIAS_FUTURAS fue enviado como «NO REPORTE DE INFORMACIÓN». Esto significa que la alcaldía de San Alberto no tiene registradas, ante el Ministerio de Hacienda, autorizaciones para comprometer vigencias futuras en proyectos de largo aliento.
Para un municipio que tiene proyectos de regalías plurianuales (algunos con BPINes del 2021 y 2022 que siguen sin pagarse en 2024), la ausencia de vigencias futuras formalmente constituidas es una señal de desarticulación entre la planeación y la ejecución presupuestal. Las vigencias futuras son el instrumento legal para que un municipio pueda contratar obras que se ejecutarán en más de una vigencia fiscal. Sin ellas, los grandes proyectos de infraestructura están en terreno jurídicamente frágil.
Un municipio que no registra vigencias futuras, que no reporta deuda y que no ejecuta más del 50% de sus regalías, no está gobernando con visión de largo plazo. Está sobreviviendo año a año.
Los cinco problemas que la comunidad exige resolver — Calificación por indicador
El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 «Oportunidad para Todos» identificó, a través de las mesas de participación ciudadana, cinco problemáticas prioritarias que el alcalde Díaz se comprometió a enfrentar. A continuación se evalúa, con base en datos verificables, el avance de cada una en los dos primeros años de gobierno.
INDICADOR 1: ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE — ODS 6 — Puntaje: 5.0/10
San Alberto tiene un déficit histórico en cobertura de acueducto rural. La Gobernación del Cesar priorizó en 2023 una inversión departamental para el mejoramiento del acueducto urbano (beneficiando a 20.857 habitantes con nuevo tanque de almacenamiento y reemplazo de tuberías), pero esta fue una gestión departamental, no municipal. El análisis de los gastos de regalías del municipio en 2024-2025 no evidencia ningún proyecto propio de acueducto o alcantarillado con BPIN municipal activo. Los proyectos identificados en regalías corresponden a educación, instalaciones recreativas y obras civiles. La zona rural de San Alberto —corregimientos como La Llana, Cerro Redondo y El Morro— sigue esperando conexiones domiciliarias de agua potable. Calificación: 5.0/10.
INDICADOR 2: EDUCACIÓN — INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD — ODS 4 — Puntaje: 6.0/10
El sector educativo recibió atención con recursos de regalías: BPIN 2023002200044 muestra $1.400 millones comprometidos en edificios educativos y $219 millones adicionales en obras conexas. Sin embargo, de los $1.619 millones comprometidos en total para edificios educativos en 2024, solo $38 millones fueron efectivamente pagados —una ejecución del 2,4%. Esto sugiere que los proyectos de infraestructura educativa están en fase inicial o con obstáculos de licencias y diseños. El SGP de educación sí se ejecutó normalmente para nómina docente y funcionamiento. La calidad educativa —medida por pruebas Saber— requiere seguimiento, pero no es evaluable con los datos financieros disponibles. Calificación: 6.0/10.
INDICADOR 3: SALUD — COBERTURA Y CALIDAD DE ATENCIÓN — ODS 3 — Puntaje: 6.5/10
El sector salud es, con diferencia, el más robusto en ejecución. En 2024 se comprometieron $24.239 millones y se pagaron $23.739 millones (ejecución del 98%). En 2025, la ejecución fue del 100% sobre $25.491 millones. El régimen subsidiado, la salud pública y el subsidio a la oferta ESE recibieron recursos. La Gobernación del Cesar entregó además recursos del Plan de Intervenciones Colectivas 2024 a San Alberto. No obstante, existe una alerta: $499.9 millones asignados para subsidio a la oferta de la ESE municipal en 2024 quedaron sin pago (pagos = $0), lo que revela tensiones financieras en la institución hospitalaria local. Calificación: 6.5/10.
INDICADOR 4: VÍAS E INFRAESTRUCTURA RURAL — ODS 9 — Puntaje: 4.0/10
Este es el indicador de mayor preocupación. En el análisis de regalías 2024, el BPIN 2021207100054 (‘Otras obras de ingeniería civil’) registra $2.333 millones comprometidos con pagos = $0 a cierre del año. Igualmente, el BPIN 2021207100053 en gasoductos y oleoductos (infraestructura energética rural) muestra $194 millones con $173 millones pagados —un proyecto de 2021 que apenas se terminó en 2024. Varios contratos de construcción y servicios (BPINes del 2022 y 2023) sí registran pagos (entre $163M y $1.205M), lo que indica alguna actividad en mejoramiento de vías terciarias. Sin embargo, la magnitud de los proyectos sin pago y la ausencia de evidencia de obras nuevas de vías en los gastos del presupuesto ordinario generan una calificación crítica. Calificación: 4.0/10.
INDICADOR 5: DESARROLLO ECONÓMICO — EMPLEO Y OPORTUNIDADES — ODS 8 — Puntaje: 3.5/10
Este indicador es el más deficiente de la gestión. Pese a que San Alberto tiene el menor índice de pobreza multidimensional del Cesar, la estructura económica está dominada por grandes empresas palmeras que no tributan significativamente al municipio. No se evidencia en los gastos de inversión del presupuesto ordinario 2024-2025 ningún programa explícito de fomento al empleo, apoyo a microempresas, formación para el trabajo o encadenamientos productivos con el sector palmero. El crecimiento tributario propio del 29,8% es un dato positivo, pero no proviene de diversificación económica sino de mejor cobro de impuestos existentes. El municipio sigue siendo un enclave agroindustrial sin política pública local de desarrollo económico. Calificación: 3.5/10.
Calificación final: REGULAR — 5.0 sobre 10
CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN 2024–2025: 5.0 / 10 — REGULAR
Acueducto y agua potable: 5.0/10 | Educación: 6.0/10 | Salud: 6.5/10 | Vías e infraestructura: 4.0/10 | Desarrollo económico: 3.5/10
El alcalde Edgar Ricardo Díaz cierra sus dos primeros años de gobierno con una gestión que, en el balance general, resulta regular. Los aspectos positivos son reconocibles: crecimiento del 29,8% en recaudo propio, ejecución eficiente del SGP en salud (98%), cumplimiento del límite de gasto de funcionamiento, y ausencia de deuda pública formal que comprometa las finanzas del municipio. El alcalde no heredó créditos impagos y los mantuvo en cero —lo que es destacable.
Sin embargo, los aspectos negativos pesan más en la balanza de la gestión pública: la subejecución sistemática de regalías (54-56%), con proyectos clave de $2.333 millones en obras civiles y $1.400 millones en educación sin un solo peso pagado a cierre de vigencia; la ausencia de reportes de vigencias futuras que denota una planeación de corto plazo; la nula evidencia de programas propios de agua potable rural o fomento al empleo; y los formularios de deuda en blanco que generan opacidad informativa ante el Ministerio de Hacienda.
La gran pregunta que San Alberto le formula a su alcalde al terminar la mitad de su mandato es si el dinero de las regalías —más de $21.714 millones comprometidos en dos años— terminará siendo ejecutado con impacto real en la vida de los samalbertinos, o si quedará como deuda técnica con la comunidad que eligió creer que la oportunidad era para todos.
Análisis jurídico: ¿Configura prevaricato por omisión?
La calificación de REGULAR no activa automáticamente el tipo penal de prevaricato por omisión tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano. Sin embargo, el análisis jurídico exige examinar si alguna de las conductas identificadas supera el umbral de la omisión negligente hacia la omisión dolosa que exige el tipo penal.
El artículo 414 del Código Penal colombiano establece que incurre en prevaricato por omisión el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que este delito requiere dolo, es decir, conocimiento y voluntad de no actuar cuando se está obligado a hacerlo.
Elementos que se analizan
Primero: Los formularios de vigencias futuras en blanco. El Decreto 1068 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda) establece la obligación de reportar las vigencias futuras autorizadas. La ausencia de reporte puede constituir una omisión administrativa. Sin embargo, si el municipio genuinamente no tiene vigencias futuras autorizadas (por no haberlas solicitado al Concejo), no hay omisión de reporte sino ausencia de gestión anticipada.
Segundo: La subejecución de regalías. El SGR establece que los proyectos aprobados por el OCAD deben ejecutarse en los plazos aprobados. Proyectos con BPINes del 2021, 2022 y 2023 que siguen sin pagos en 2024 pueden estar incumpliendo los cronogramas OCAD, lo cual activa la obligación de reportar al DNP y puede generar medidas de seguimiento del Departamento de Prosperidad Social. Pero la responsabilidad de ejecución corresponde al ejecutor del proyecto —que puede ser el municipio o una entidad ejecutora diferente designada por el OCAD.
Tercero: La ESE municipal con $499.9 millones sin pago en subsidio a la oferta. Este es el elemento más sensible desde el punto de vista jurídico. Si la alcaldía tenía la obligación legal de girar estos recursos a la ESE para garantizar la prestación de servicios de salud a la población, y no lo hizo teniendo los recursos disponibles, podría configurar una omisión funcional. Sin embargo, la evidencia muestra que estos recursos quedaron con compromisos pero sin obligaciones, lo que puede deberse a procesos contractuales inconclusos antes del cierre de la vigencia.
La conclusión jurídica es que, con la información disponible en los reportes CUIPO-FUT, no hay evidencia suficiente para estructurar un caso de prevaricato por omisión contra el alcalde Edgar Ricardo Díaz. Las omisiones identificadas están más en el ámbito de la ineficiencia administrativa y la débil planeación que en el de la conducta dolosa que exige el tipo penal. La Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Cesar son los organismos competentes para determinar si alguna de las brechas de ejecución constituye detrimento patrimonial o gestión fiscal irregular, lo que sí podría tener consecuencias disciplinarias y fiscales.
No obstante, la Procuraduría General de la Nación debería examinar si la sistemática subejecución de regalías —dos años consecutivos por debajo del 60%— configura una falta disciplinaria grave por acción tardía o ineficiente en la gestión de los recursos públicos.
Cierre: el reto de la segunda mitad del mandato
San Alberto merece más que una gestión regular. Merece que sus regalías se conviertan en aulas terminadas, no en contratos sin pago. Que sus comunidades rurales tengan agua potable en sus grifos, no solo en los documentos de planeación. Que sus jóvenes encuentren oportunidades de empleo digno más allá de las plantaciones de palma. Que su Plan de Desarrollo sea una hoja de ruta viva, no un documento de archivo.
El alcalde Edgar Ricardo Díaz tiene dos años más para demostrar que «Oportunidad para Todos» no fue solo un eslogan electoral. Los indicadores de hoy dicen que va en el camino, pero a paso demasiado lento para las urgencias de sus coterráneos.
La segunda mitad del mandato empieza hoy. Y los samalbertinos —esos que siguen esperando el agua limpia, la vía pavimentada y el hospital bien dotado— están contando cada día.
«La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir permitiendo la mediocridad.»
Corrupcionaldia.com seguirá vigilando. Seguirá publicando. Y seguirá cuestionando, porque la verdad no solo se lee: se siente.
FUENTES Y VERIFICACIÓN
1. CUIPO-FUT Municipio San Alberto — Ejecución de Ingresos y Gastos 2024 (Envío N.° 4571749, 20-mar-2025)
2. CUIPO-FUT Municipio San Alberto — Ejecución de Ingresos y Gastos 2025 (Envío N.° 4669565, 20-mar-2026)
3. CUIPO-FUT Regalías Ingresos y Gastos 2024–2025 — Municipio 211020710
4. FUT Deuda Pública Créditos 2024 (Envío 4552558) y 2025 (Envío 4643199)
5. FUT Vigencias Futuras 2024 (Envío 4552551) y 2025 (Envío 4642674)
6. Wikipedia: San Alberto (Cesar) — Datos generales del municipio
7. Gobernación del Cesar — Boletines de prensa 2024–2025 (cesar.gov.co)
8. SIGEP2 — Hoja de Vida Edgar Ricardo Díaz, Alcalde de San Alberto
9. El Pilón — «San Alberto, el municipio con menos pobreza en el Cesar»
10. Código Penal Colombiano — Art. 414: Prevaricato por omisión. Código 80 — Decreto 1068 de 2015.
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