La Procuraduría General de la Nación inhabilitado por 14 años para ostentar cargos públicos a Rodolfo Hernández, quien fuera rival de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales.
Al ex alcalde de Bucaramanga la Procuraduría lo halló responsable de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos cuando ejercía como mandatario de la capital del departamento de Santander.
El caso se remonta al 2016, y se relaciona con un contrato que adjudicó Hernández al consorcio Vitalogic con el objeto de realizar el manejo y disposición de residuos sólidos de la ciudad.
El organismo determinó que el excandidato a la Presidencia llevó a cabo varias acciones con la finalidad de favorecer la adjudicación del contrato a la mencionada unión temporal. Y se comprobó que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar.
Durante estos encuentros, proporcionó información privilegiada sobre los requisitos que debían cumplir para asegurar la adjudicación del contrato, lo que les otorgaba una ventaja injusta sobre los demás competidores en el proceso de selección.
La investigación refleja que Hernández intentó persuadir al gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga –de la que formaba parte de la junta directiva– para que otorgara un trabajo de consultoría valorado en 344 millones de pesos al ingeniero químico Jorge Alarcón.
El caso inicia en el 2016 cuando se firmó un contrato entre dos importantes sujetos de la capital del Santander; por un lado, Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista y por el otro, el gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias.
La razón de la firma del contrato tenía directa relación con la crisis sanitaria que tendría Bucaramanga, por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. La problemática no surgió directamente en la administración de Hernández, pues era una situación que vivía la ciudad desde años atrás y fue una de las propuestas de mejora que prometió el candidato presidencial.
Hernández quería poner a Bucaramanga en lo más alto de la incursión tecnológica, pues pretendía seguir un modelo internacional en donde la basura y demás residuos se convirtieran en energía, aunque parecía fácil, Rodolfo Hernández tuvo que recurrir a la búsqueda total de una empresa que pudiera suministras las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo.
Según el comunicado de la Procuraduría el exmandatario sostuvo una reunión en la capital del país con representantes de la compañía, pero no para escuchar sus propuestas, sino para conocer la estructura del proyecto que previamente había solicitado. Durante el encuentro acordaron designar a la persona encargada de elaborar los términos que asegurarían la selección de la mencionada empresa contratista. El Ministerio encontró pruebas de que el exalcalde llevó a cabo acciones para coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Lo exhortó a omitir las reglas de contratación y el manual existente con el fin de formalizar el negocio de manejo de basuras.
Adicional a ello meses después apareció el hijo del candidato, Luis Carlos Hernández, quien trabajaba con Vitalogic y se presentó para un concurso de licitación en torno a este tema.
Por lo que la Procuraduría General en el momento dijo: “se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”.
Adicional a esto la entidad mencionó tener pruebas como; conversaciones de WhatsApp de las personas relacionadas al contrato, e información sobre las reuniones del entonces alcalde con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero entre el 22 de abril y 24 de julio de 2016.
Aunque este contrato no se alcanzó a firmar, se convirtió en un gran problema para Hernández, algunas versiones apuntan a que el santandereano buscaba instar a que se beneficiara a Vitalogic con la adjudicación del contrato, además, que el hijo de este, presuntamente estaría cobrando una comisión en caso de que la compañía saliera ganadora en el concurso con la ciudad.
Dado que Hernández también fue denunciado por varios sindicatos por romper el derecho a la huelga de los trabajadores cuando era alcalde de Bucaramanga, si confirma el Consejo de Estado esta sanción supondría su definitiva muerte política, pues acumularía su tercera sanción, lo que conlleva, según la normativa, la inhabilitación permanente.
Hernández, quien se autoproclamó candidato anticorrupción a pesar de estar investigado por presuntas irregularidades, logró llegar de manera inesperada a la segunda vuelta de aquella cita electoral, en la que logró que más de 10,6 millones de personas apostaran por un discurso populista y antipolítica.
