En el Juzgado Primero de Pequeñas Causas de Barranquilla, los expedientes no solo se acumulaban: se perdían, se manipulaban y, sobre todo, se usaban para enriquecer a una red de funcionarios y abogados. Según la Fiscalía, entre 2016 y 2022, el juez Rafael Eduardo Castillo González y su secretario Dair Enrique Cuadro Crespo, junto a los abogados Breiner Leonardo Gómez Cuadro y Leonardo Rafael Fuentes González, y el particular Domingo Alberto Altamar Calle, desvalijaron más de 2.000 millones de pesos mediante títulos judiciales fraudulentos.
Lo más escalofriante no es solo el monto robado, sino el método: usaron procesos judiciales abandonados o inactivos para autorizar pagos a familiares, allegados y cómplices. Mientras, miles de memoriales y expedientes se apilaban en un cuarto, olvidados, sin que nadie respondiera por ellos. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un juzgado se convierta en la fachada de un negocio criminal?
El Mecanismo Expuesto
El esquema era simple, pero letal. El juez Castillo González autorizaba pagos de títulos judiciales sin que existiera una sentencia válida o una solicitud legítima. Su secretario, Cuadro Crespo, facilitaba el acceso a los expedientes, y los abogados Gómez Cuadro y Fuentes González actuaban como intermediarios, presentando solicitudes falsas y gestionando los cobros. Entre los beneficiarios directos, según las investigaciones, estaba Altamar Calle, un particular sin vínculo alguno con los casos.
Lo más revelador es que las huellas digitales dejadas en la documentación demostraron la manipulación. Pero no fue hasta que la jueza Marcia Viviana Bermúdez, sucesora de Castillo, encontró 18.000 correos pendientes y 6.000 memoriales físicos abandonados, que el fraude comenzó a desentrañarse. ¿Cuántos casos más quedaron enterrados bajo la indiferencia institucional?
Los Actores y Sus Roles
- Rafael Eduardo Castillo González: El juez que, en lugar de impartir justicia, firmaba cheques. Su despacho no solo era lento; era un centro de operaciones para el desvío de fondos.
- Dair Enrique Cuadro Crespo: El secretario que abría las puertas de los expedientes a los cómplices, incluso a sus propios familiares.
- Breiner Leonardo Gómez Cuadro y Leonardo Rafael Fuentes González: Los abogados que presentaban solicitudes falsas y cobraban por títulos que nunca debieron existir.
- Domingo Alberto Altamar Calle: El particular que recibía pagos sin justificación legal, demostrando que el negocio no tenía límites.
Pregunta clave: ¿Cómo es posible que, en un sistema supuestamente vigilado, seis personas pudieran operar durante años sin que nadie los detuviera?
El Impacto Real
El daño no es solo económico. Cada peso robado era un recurso que dejó de llegar a escuelas, hospitales o programas sociales. Mientras, los ciudadanos de Barranquilla veían cómo su confianza en la justicia se desvanecía. 18.000 correos sin responder, 6.000 memoriales abandonados, 70 vigilancias administrativas ignoradas: estos números no son estadísticas, son pruebas de un sistema que falló a su gente.
Y el colmo: cuando la jueza Bermúdez intentó hacer un inventario, el expediente de un proceso ejecutivo de 2018 había desaparecido, presuntamente robado. ¿Cuántas víctimas quedaron sin justicia por culpa de esta red?
El Sistema que lo Permite
Este caso no es un hecho aislado. Es el resultado de un sistema judicial con grietas profundas:
- Falta de controles internos: ¿Dónde estaban los organismos de vigilancia?
- Impunidad estructural: La lentitud de los procesos y la complicidad de algunos sectores judiciales permiten que casos como este prosperen.
- Cultura de la indiferencia: Si un juzgado puede convertirse en un negocio, ¿qué impide que otros lo imiten?
Como señala el análisis de Alejandro Nieto en El desgobierno de lo público, la corrupción no es un virus externo: es el sistema operando como fue diseñado. Y en Barranquilla, ese sistema tuvo nombre y apellido.
¿Qué sigue?
La captura de Castillo, Cuadro y sus cómplices es un primer paso, pero la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos «juzgados negocio» siguen operando en Colombia? La justicia no se repara solo con detenciones; se repara cuando los ciudadanos exigen que casos como este no se repitan. Porque si algo nos enseña este escándalo, es que la corrupción no es un acto individual: es un entramado que solo se detiene con transparencia, vigilancia y, sobre todo, con una ciudadanía que no se resigna.
¿Estás listo para ser parte del cambio? Infórmate, denuncia y exige. La justicia no es un privilegio; es un derecho.
