El hijo de la senadora que odia los subsidios resultó ser su más aventajado alumno: aprendió a pedirlos mientras papá vigilaba la caja

El pequeño productor con finca familiar y papá en la junta directiva

Hay dos tipos de subsidios en Colombia: los malos, que reciben los pobres según la candidata a la presidencia del CD María Fernanda Cabal; y los buenos, que recibe su hijo Juan José Lafaurie Cabal. La diferencia es simple: cuando un estudiante de bajos recursos obtiene una beca, es un «acto revolucionario» que «le quita la oportunidad a quien sí lo necesita«. Pero cuando el heredero de una familia de terratenientes del Cesar obtiene 95 millones de pesos en subsidios directos del Estado, eso sí es legítimo, porque «la norma lo permite«.

La revelación del periodista Daniel Coronell en su columna «Agro Ingreso Cabal» publicada en la revista Cambio no es solo un caso más de hipocresía política. Es la radiografía perfecta de cómo funciona el sistema corrupto en Colombia: los mismos que predican contra la «dependencia del Estado» son los que más eficientemente succionan los recursos públicos. Los mismos que critican los subsidios para campesinos son los que se presentan como «pequeños productores» para acceder a tasas preferenciales y dinero regalado.

El 22 de abril de 2024, Juan José Lafaurie Cabal —abogado penalista, hijo de la senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal, y del presidente de Fedegán José Félix Lafaurie— acudió a una oficina de Serfinanza en el Cesar. Allí, en tierras donde su familia paterna ha sido propietaria de grandes extensiones como las haciendas Montecarmelo, El Porvenir y Guadalajara, se presentó con documentación que certificaba activos por $129.139.311 pesos e ingresos anuales de $95.996.800 pesos. Cifras calculadas milimétricamente para quedar justo por debajo del tope que permite clasificar como «pequeño productor«.

Porque claro, cuando tienes acceso a buenos contadores y conoces perfectamente cómo funciona el sistema —especialmente cuando tu padre ha sido miembro de la junta directiva de Finagro desde 2007—, sabes exactamente cuánto debes declarar para acceder a los beneficios destinados a quienes realmente luchan por sobrevivir en el campo colombiano.

El manual del perfecto pequeño productor millonario

La operación fue quirúrgica. Serfinanza, el banco vinculado a la familia Char, le desembolsó $400 millones de pesos, pero con recursos públicos de Finagro, el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario. No contento con eso, Lafaurie Cabal logró que el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) avalara el 80% de su deuda. Es decir, el Estado colombiano —ese mismo Estado del que su madre reniega constantemente— se convirtió en el fiador de su inversión. Si algo saliera mal, serían los contribuyentes quienes pagarían los platos rotos.

Pero aquí viene lo verdaderamente revelador: además del crédito preferencial y la garantía estatal, el «pequeño productor» Juan José Lafaurie Cabal solicitó un Incentivo de Capitalización Rural (ICR). En cristiano: un subsidio directo, plata regalada del Estado. El 27 de noviembre de 2024, Finagro le abonó al crédito la suma de $95.273.700 pesos, el tope máximo posible para un beneficiario. Esto significa que de los $400 millones que recibió, solo tendrá que devolver poco más de $304 millones. Los $95 millones restantes los pagarán —¿adivinen quién?— los contribuyentes colombianos.

El dinero, según documentos oficiales, está destinado a la siembra de palma de aceite en el lote 3 de la Hacienda Guadalajara. ¿El pequeño detalle? Este predio pertenece a Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., sociedad cuyos accionistas son la senadora María Fernanda Cabal Molina y sus hijos Denisse, Luisa Fernanda, Santiago y, por supuesto, Juan José. Es decir, la tierra que se beneficia con dinero público pertenece a toda la familia, incluida la candidata presidencial que hace campaña contra el «asistencialismo del Estado«.

Papá en la junta: «No hay conflicto de interés«

Aquí es donde la historia pasa de la hipocresía al territorio del conflicto de interés institucionalizado. José Félix Lafaurie, padre del beneficiario y esposo de la senadora Cabal, fue miembro de la junta directiva de Finagro desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 17 de junio de 2024. Sí, leyeron bien: estuvo en el máximo órgano rector de la entidad durante todo el período en que su hijo tramitó y recibió estos beneficios.

Cuando Coronell le preguntó si había informado a la junta sobre los trámites de su hijo, Lafaurie respondió con una lógica que haría sonrojar a cualquier funcionario con un mínimo sentido ético: dijo que no tenía por qué hacerlo, porque a su juicio no había conflicto de interés. Ninguno. Cero. Su hijo podía recibir millones en subsidios de la misma entidad cuya junta él presidía, y todo estaba perfectamente normal.

«Él tiene el derecho como cualquier otro ciudadano colombiano si la norma le permite a él tener un Incentivo a la Capitalización Rural. El gobierno vive tratando de hacerlo con las mujeres, con los negros, con los indígenas, con los jóvenes«, declaró Lafaurie padre en defensa de su hijo. La comparación es reveladora: equipara a su hijo —heredero de una familia de terratenientes, educado en los mejores colegios, con acceso a las mejores oportunidades— con poblaciones históricamente discriminadas y vulnerables que necesitan políticas de acción afirmativa. La falta de vergüenza es monumental.

El hijo machito que no da la cara

Juan José Lafaurie Cabal, tan beligerante en redes sociales donde se dedica a criticar a quienes reciben ayudas del Estado, se volvió tímido cuando le tocó explicar sus propias acciones. Cuando Coronell intentó contactarlo, primero dijo que estaba en vuelo y que podrían hablar después. Luego, simplemente se negó: «No, yo prefiero mantenerme al margen de la política«.

Qué conveniente. Mantenerse al margen de la política mientras recibes subsidios políticos, mientras tu madre hace campaña presidencial, mientras tu padre dirige el gremio ganadero más poderoso del país. El periodista insistió que no era un tema político sino de responder por un crédito y un subsidio recibido. La respuesta fue digna de un verdadero valiente: «Es que yo no le doy entrevistas a nadie ¿sabes? Bendición«.

Pero en Twitter, ahí sí es un león. Criticando a Margarita Rosa de Francisco por presuntamente solicitar subsidios educativos, escribió: «se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. En resumen: le quitó la oportunidad a un joven de escasos recursos«. La ironía es tan pesada que podría hundir un barco. Mientras señalaba con el dedo a otros, él estaba recibiendo el máximo subsidio posible destinado a pequeños productores, quitándole literalmente la oportunidad a un campesino que sí lo necesitaba.

El sistema que premia a los conectados

Este caso no es una anomalía. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado: para beneficiar a quienes tienen las conexiones, el conocimiento y el poder para manipularlo. Mientras miles de pequeños productores reales —esos que no tienen fincas familiares ni padres en juntas directivas— luchan por acceder a créditos básicos y se ahogan en trámites burocráticos, los hijos de la élite política se presentan con documentación perfectamente preparada para calificar como «pequeños productores» y acceder a los máximos beneficios posibles.

La familia Lafaurie-Cabal personifica la más profunda contradicción del discurso político colombiano: predican el liberalismo económico y la «meritocracia» mientras se benefician sistemáticamente del Estado. Critican los subsidios para los pobres mientras reciben subsidios para los ricos. Hablan de independencia y autosuficiencia mientras el Estado garantiza sus deudas y les regala millones.

Y lo más grave: todo es «legal«. El sistema está diseñado para que familias como estas puedan hacer exactamente esto sin violar ninguna ley. Los topes están lo suficientemente altos para que alguien con activos de más de $129 millones aún califique como «pequeño productor«. Las reglas de conflicto de interés son lo suficientemente laxas para que un padre en la junta directiva no tenga que informar cuando su hijo recibe beneficios. Todo está perfectamente aceitado para que la élite se sirva del Estado mientras predica contra él.

Los interrogantes que dejó Lafaurie padre

Pero incluso dentro de esta legalidad cínica, hay preguntas que no pueden ignorarse. Coronell las planteó y siguen sin respuesta:

Primero, estamos hablando de un crédito que debe pagarse en 36 meses, pero según el propio José Félix Lafaurie, los cultivos de palma son improductivos los primeros cuatro años. ¿Entonces cómo exactamente planea su hijo pagar este préstamo? ¿O la idea siempre fue que el Estado terminara asumiendo las pérdidas?

Segundo, para solicitar el crédito dijeron que era para un predio del hijo, pero el padre admitió que se trata de un terreno que «aún está en comodato«. ¿Le mintieron al Estado sobre la titularidad del predio? ¿Es esto lo que José Félix Lafaurie considera que no representa ningún conflicto de interés?

Tercero, y quizás lo más revelador: ¿por qué desde Finagro llamaron «asustados» al señor Lafaurie para advertirle sobre la investigación periodística? Si todo está normal y es legal, ¿por qué el pánico? ¿Por qué funcionarios de una entidad pública sienten la necesidad de alertar a un beneficiario sobre una investigación periodística legítima?

Cuarto, la Contraloría también llamó a Lafaurie (no a su hijo, el supuesto beneficiario) para notificarle sobre una visita a la finca. Y él mandó a un amigo a recibirla. Nuevamente, el papá respondiendo por el hijo. ¿Será porque el verdadero beneficiario de este crédito siempre fue el padre, no el hijo?

Agro Ingreso Cabal: la secuela que nadie pidió

El título que Coronell eligió para su columna —»Agro Ingreso Cabal«— no es casual. Es una referencia directa a Agro Ingreso Seguro, aquel programa del gobierno Uribe que supuestamente iba a ayudar a pequeños productores pero terminó beneficiando a grandes terratenientes y empresarios con conexiones políticas. Familias adineradas recibieron millones mientras campesinos reales quedaron excluidos.

Esa práctica, lejos de ser erradicada, se institucionalizó. Se volvió la norma, no la excepción. Y aquí está la gran paradoja: todo esto ocurrió durante el gobierno de Gustavo Petro, a quien la familia Lafaurie-Cabal critica como «comunista» y «destructor de la economía". Pero fue durante este gobierno «comunista» que el hijo de la senadora recibió subsidios máximos de Finagro.

¿Cómo es posible? Porque el sistema corrupto trasciende gobiernos. No importa quién esté en el poder: las estructuras están diseñadas para que ciertas familias siempre ganen. José Félix Lafaurie fue parte de la junta directiva de Finagro durante 17 años, atravesando gobiernos de todos los colores políticos. Las conexiones, las redes de poder, los conocimientos sobre cómo funcionar el sistema: eso no cambia con las elecciones.

La responsabilidad del gobierno Petro

Pero seamos claros: que el sistema sea estructuralmente corrupto no exime de responsabilidad al gobierno actual. ¿Por qué Finagro aprobó este subsidio máximo para alguien que claramente no califica como «pequeño productor» bajo ningún criterio razonable? ¿Dónde estaban los controles? ¿Por qué funcionarios de la entidad se sintieron obligados a llamar al beneficiario para advertirle sobre una investigación periodística?

El gobierno de Petro llegó al poder prometiendo combatir la corrupción y defender los intereses de los más vulnerables. Pero aquí tenemos un caso donde el sistema que supuestamente iba a reformar siguió funcionando exactamente igual, beneficiando a los mismos de siempre. Mientras miles de campesinos reales no pueden acceder a créditos básicos, el hijo de una senadora millonaria recibe el subsidio máximo posible.

La ministra de Agricultura, la directiva de Finagro, la Contraloría: todas las instituciones que debían ejercer control permitieron que esto sucediera. Ya sea por incompetencia, por complicidad o simplemente porque el sistema está diseñado para que esto sea «legal«, el resultado es el mismo: el dinero público terminó en manos de quien menos lo necesitaba.

El mensaje que envía este caso

Este escándalo envía un mensaje devastador a los colombianos: la hipocresía es el verdadero lenguaje del poder. Puedes pasar años criticando a quienes reciben ayudas del Estado, construir una carrera política atacando el «asistencialismo«, presentarte como abanderado del mérito y la autosuficiencia, y al mismo tiempo beneficiarte sistemáticamente del Estado que dices despreciar.

Y lo más grave: puedes hacerlo sin consecuencias. Juan José Lafaurie Cabal seguirá en X criticando a quienes reciben subsidios. María Fernanda Cabal seguirá su campaña presidencial denunciando la «dependencia del Estado«. José Félix Lafaurie seguirá dirigiendo Fedegán y presentándose como voz moral del campo colombiano. Ninguno enfrentará sanciones reales porque, técnicamente, no violaron ninguna ley.

Esa es la verdadera corrupción: no la que rompe las leyes, sino la que las utiliza. No la que se esconde, sino la que opera a plena luz del día amparada en la legalidad. No la que se avergüenza, sino la que se defiende con cinismo diciendo «él tiene el derecho como cualquier otro ciudadano".

Las preguntas que Colombia debe hacerse

Este caso nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre el tipo de país que somos. ¿Cuándo vamos a reformar un sistema que permite que alguien con más de $129 millones en activos califique como «pequeño productor«? ¿Cuándo vamos a exigir que los funcionarios públicos se inhabiliten cuando sus familiares directos solicitan beneficios de las entidades que dirigen?

¿Cuándo vamos a dejar de permitir que quienes construyen carreras políticas atacando los subsidios para pobres sean los mismos que se benefician de subsidios para ricos? ¿Cuándo vamos a castigar no solo la corrupción ilegal, sino también la corrupción legal?

Pero la pregunta más importante es esta: ¿cuánto más vamos a tolerar como sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el discurso político sea una cosa y la práctica real sea completamente opuesta? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que familias como los Lafaurie-Cabal se beneficien del Estado mientras predican contra él?

El círculo vicioso de la impunidad

Como señala el análisis del libro «El desgobierno de lo público» de Alejandro Nieto, el problema no son casos aislados sino una corrupción estructural integrada en el funcionamiento del Estado. La impunidad no es la excepción, es la norma. Los mecanismos de fiscalización no son ineficaces por accidente: están diseñados para serlo.

Este caso de «Agro Ingreso Cabal» es un ejemplo perfecto de lo que Nieto describe: un Estado secuestrado por una clase política que no busca el bien común sino su propio beneficio. Un aparato administrativo que en lugar de cumplir su función de servicio público se convierte en un obstáculo para la justicia y la equidad.

Y mientras tanto, la sociedad colombiana muestra esa «preocupante pasividad ante los abusos del poder» que caracteriza a nuestro país. La indignación será efímera, limitada a comentarios en redes sociales y algunas columnas de opinión. La acción política real, la exigencia de responsabilidades concretas: eso seguirá siendo inexistente.

Conclusión: subsidios buenos y subsidios malos

Al final, María Fernanda Cabal tenía razón en algo: hay subsidios buenos y subsidios malos. Los malos son los que reciben estudiantes pobres, campesinos sin tierra, madres cabeza de familia. Esos son los que «generan dependencia» y «perpetúan la pobreza«.

Los buenos son los que recibe su familia: $95 millones de pesos regalados del Estado, $400 millones en créditos preferenciales, garantías estatales al 80%, todo mientras papá vigila la entidad que los otorga. Esos subsidios sí están bien, porque «la norma lo permite«.

La pregunta es si los colombianos vamos a seguir aceptando esta hipocresía monumental. O si finalmente vamos a exigir un sistema donde los recursos públicos destinados a pequeños productores lleguen realmente a pequeños productores, no a los hijos de senadores millonarias que se disfrazan de campesinos con documentación perfectamente preparada.

Porque si no lo hacemos, si seguimos permitiendo que esto sea «normal» y «legal», entonces merecemos exactamente el país que tenemos: uno donde los que predican contra el Estado son los que más se benefician de él. Uno donde la palabra «pequeño productor» es solo un disfraz que los poderosos se ponen cuando les conviene para acceder a recursos que nunca debieron ser suyos.

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