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Inhabilidad de 13 años a exdirectora administrativa del Sena 

Por adjudicar de manera irregular un contrato por más de 500 mil millones de pesos, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años a la exdirectora administrativa y financiera del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Piedad Jiménez Montoya.

Según la Procuraduría Jiménez llevó el proceso de manera amañada al aceptar la recomendación de adjudicar el contrato para la prestación, integración e interoperatividad de servicios de servicios de tecnología en la entidad, sin tomar en consideración que en la fórmula establecida para la evaluación económica se incluyeron ofertas de proponentes rechazados.

“La decisión fue oscura y afectó sustancialmente el principio de transparencia puesto que si bien las reglas eran claras y concretas en cuanto a los requisitos habilitantes, causales de rechazo y factores de ponderación, las razones que sustentaron la decisión final, inclusión de las ofertas económicas de los proponentes rechazados para operar una fórmula aritmética o estadística, no se ajustaron a la normatividad expresamente establecida en el pliego de condiciones”, dice el organismo de control y vigilancia. 

El Ministerio Público cuestionó a Jiménez Montoya por adjudicar la licitación pública (DG 011 de 2014) a la Unión Temporal SENA Digital, con fundamento en factores diferentes a los expresa y exclusivamente incluidos en el pliego de condiciones y Adenda No. 3, motivando su decisión, al parecer, en criterios subjetivos por fuera de las reglas del proceso de selección.

Para el órgano de control, la exdirectora vulneró el principio o deber de selección objetiva al adjudicar el contrato, al aceptar las recomendaciones del comité evaluador, que, al parecer, equivocadamente incluyó en la evaluación económica ofertas de los proponentes no habilitados, hecho que con base en el material probatorio acopiado cambió el orden de elegibilidad.

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Según el numeral cinco del (Artículo 26 de la Ley 80 de 1993), Jiménez Montoya no podía trasladar la responsabilidad en los comités evaluadores.

La emisora W Radio conoció la denuncia que en su momento puso uno de los participantes en esta millonaria licitación que es una reconocida compañía de comunicaciones. Dentro de las quejas esta empresa envió una fotografía al palacio de Nariño que fue recibida por María Lorena Gutierrez. Esta foto según la denuncia sería de diciembre de 2014, fecha en la que se adjudicó el contrato.

En la imagen aparece el señor Alfonso Prada con el presidente de Telefónica Colombia en el Club el Nogal, y recordó que fue telefónica Colombia la que se quedó con esta licitación de medio billón de pesos que hoy es fuertemente cuestionada por la Procuraduría.

La denuncia cita : “como si no fuera suficiente lo anterior, llama la atención que  la entidad no haya respondido la carta dirigida por la Secretaría de transparencia de la Presidencia de la República al doctor Alfonso Prada, director general del SENA, en la que se le cuestiona si tuvo en cuenta para la evaluación de la propuesta económica del proceso en referencia las propuestas de los proponentes no habilitados”.

“Por lealtad procesal debo mencionar que existen 2 cartas dirigidas a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, mediante las cuales se anexa foto del Director del Sena Alfonso Prada con el Presidente de una de las empresas del grupo ganador en el bar de un conocido club de Bogotá.

De acuerdo con lo antes referenciado, la violación y no aplicación de estos principios conlleva a que se transgreda de la misma forma los principios de igualdad e imparcialidad de la función administrativa, pues de acuerdo al artículo 209 de la Constitución Política, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)” .

Otro proceso

Ya con anterioridad, en enero de 2019 la Procuraduría había suspendido a Jiménez Montoya al encontrarse irregularidades en la contracción de obra la obra N° 1076 de 2015, con inversión de más de 19 mil millones de pesos.

La Procuraduría encontró varios errores en el contrato de la obra, asegurando que Montoya vulneró los principios de planeación y responsabilidad de la contratación estatal, suscribiendo estudios y diseños incompletos. “Los estudios que sustentaron la licitación pública no estaban completos y no eran suficientes para ejecutar el proyecto de construcción, no solo porque el componente eléctrico no fue entregado por el consultor y aprobado por la interventoría del contrato 853 de 2013, sino, porque como se evidenció, los productos entregados por la interventoría tuvieron que ser modificados de manera sustancial por el constructor con la aprobación de la interventoría Universidad Distrital y el SENA”.

El contrato de obra tenía por objeto: “la construcción de la sede de servicios complementarios de formación para el trabajo de la Dirección General del SENA”.

Para el ente de control la funcionaria habría vulnerado los principios de la función administrativa, de moralidad pública, transparencia, celeridad, economía, eficacia y eficiencia, por lo cual calificó provisionalmente la falta a título de culpa gravísima.

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