Germán Córdoba quien oficiaba como vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura para el momento en que se adelantaron las contrataciones del proyecto Ruta del Sol III, actual director del partido Cambio Radical, acaba de ser imputado por la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en la contratación del segundo ‘puente Plato’ en el mencionado proyecto. 

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La Fiscalía arranca el 2023 poniendo nuevamente en la mira el caso de Odebrecht que le costó miles de millones de pesos a la nación por hechos relacionados con corrupción.

Así, junto a Córdoba vinculó a las investigaciones a ocho personas más, por las presuntas irregularidades que se registraron en el otrosí No. 5 que tenía como objetivo la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.  

En los últimos años, la lupa estuvo sobre Luis Fernando Andrade, también exdirector de la ANI, quien actualmente enfrenta un juicio por irregularidades en el proyecto Ruta del Sol II, el cual era ejecutado por CSS Constructores, Episol y, justamente, Odebrecht. 

Ahora, la decisión de la Fiscalía involucra a los entonces miembros del comité asesor de asuntos contractuales de la ANI: Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual y Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico. 

Margarita Montilla Herrera, Gerente de asesoría legal de contratación

Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, Vicepresidente de estructuración

Poldy Paola Osorio Álvarez, Vicepresidente de planeación

Andrés Figueredo Serpa, Vicepresidente de gestión contractual

Del mismo modo a Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol, empresa que para la época ejercía la interventoría el Contrato de Concesión No. 007 del 2010.

Además, el expresidente Luis Fernando Andrade, sobre quien pesa un juicio por situaciones similares, ahora recibirá una nueva imputación por estos hechos. 

En el documento, la Fiscalía recordó que Leonardo Castro y Francesco Stopponi, entonces representantes de Yuma Concesionaria, también habrían subcontratado los estudios y diseños en la fase III con la empresa Consultores Unidos.  

Los delitos que le serán imputados son enriquecimiento ilícito de particulares y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. 

De igual manera, dieron a conocer que, con estas imputaciones, se cierra “el capítulo de las judicializaciones en el caso de la Ruta del Sol III. Lo anterior, teniendo en cuenta que ya se han adelantado investigaciones contundentes por esos mismos hechos y han comparecido ante la justicia empresarios que prestaron sus compañías como vehículos financieros para cometer ilícitos”. 

Cabe recordar que, en octubre de 2021, la Fiscalía acusó a dos empresarios por supuesto lavado de activos porque, al parecer, escondieron el dinero ilícito proveniente del negocio que buscaba hacer el puente entre Plato y Zambrano (Magdalena).

Aunque lo pronosticado para esta época era que ambos municipios estuvieran conectados a través de ese corredor vial, lo que trascendió es que Gilberto Saldarriaga y Gilberto Ramírez, representantes de Megaland y Buisiness M&E, habrían aprovechado su posición de poder en las organizaciones para esconder el dinero. 

Los empresarios, en este caso, estuvieron ante los estrados porque los dineros con los que se pretendían construir la ruta y el puente fueron desviados. De acuerdo con la Fiscalía, en Bogotá y Medellín, entre el 18 de mayo y el 24 de noviembre de 2016, el empresario Gilberto Saldarriaga «custodió, transformó y legalizó bienes (representados en dinero) cuyo origen inmediato provenía de actividades ilícitas de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares». 

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