A todos los senadores de la República, incluyendo representantes, les cabe la excelsa pregunta del Nazareno: “el que esté libre de pecado (corrupción), que tire la primera piedra”. De alguna manera, en mayor o menor grado, son generadores de corrupción, son el primer anillo del Mal.
Por eso, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, fue encarcelado por orden de la Corte Suprema de Justicia, por estar involucrado en una trama de corrupción de alto nivel para apoderarse de los dineros públicos, que de paso involucra a otros 6 congresistas.
El alto tribunal descubrió que se trata de un ‘modus operandi’ asociado al excongresista Mario Castaño, quien falleció en noviembre pasado en la cárcel, cuando purgaba una pena por corrupción.
El vacío que dejó el exsenador fallecido en su entramado de corrupción fue aprovechado por un grupo de senadores, quienes habrían seguido el modelo de Mario Castaño en la contratación estatal involucrando a funcionarios públicos y particulares en presuntas irregularidades por más de $70.000 millones de pesos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, una vez recopiló las pruebas necesarias, libró medida de aseguramiento en cárcel contra el senador Ciro Ramírez, este 14 de diciembre, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
Su captura y envío a prisión es por un caso que abrió la Corte a mediados de este año, y que tiene que ver con las presuntas irregularidades registradas en 2021 en un contrato interadministrativo celebrado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío.
Según ese desprende del expediente del caso armado por las autoridades el propósito de los congresistas asociados a la red de corrupción a la que estaría vinculado Ramírez sería, según la Fiscalía, aumentar el caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con dineros para la implementación de la paz.
Por su parte, los contratistas involucrados buscaban aumentar sus riquezas, y los funcionarios, querían conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’.
Todo esto se reveló en las audiencias reservadas contra Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Ciro Ramírez, y el contratista Anderson González.
Desde que usted entró a este artículo los corruptos se han robado esto de nuestro dinero público:
Ellos dos fueron procesados por la Fiscalía por presuntas irregularidades por más de $70.000 millones de pesos, y si bien el fuero de los congresistas implica que su investigación esté en la Corte Suprema, en el caso de la Fiscalía se empezaron a revelar detalles sobre la presunta implicación de Ramírez en los hechos.
«Katherine Rivera se torna en la funcionaria pública que junto al senador Ciro Ramírez ha realizado acciones indebidas desde 2021, por lo que nada impide que lo continúe haciendo durante lo que resta del periodo del congresista», dijo el ente acusador en la audiencia de Rivera.
Precisamente, en la investigación por este caso han salido a relucir los nombres de Ciro Ramírez, el fallecido exsenador Mario Castaño, y los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García.
La investigación de la Fiscalía señala que cada senador mencionado tendría un grupo de operaciones para obtener beneficios ilícitos, y que funcionarios y contratistas concertaron un grupo criminal que funcionó desde 2021 y se extendió hasta 2023 para «direccionar contratación pública para dar beneficios a senadores y un candidato a la Cámara».
En cuanto al caso por el cual fue capturado Ciro Ramírez, el ente investigador documentó los contratos 501 de 2021 y 670 de 2021, suscritos entre el Departamento de Prosperidad Social y Proyecta Quindío, en los que se buscó “direccionar” proyectos de obras para los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
La visita a la cárcel
En el marco de la investigación por las irregularidades en la contratación pública la Fiscalía alertó sobre una supuesta visita irregular del senador Ramírez a la cárcel La Picota, de Bogotá.
El fiscal que lleva el caso contra Rivera, funcionaria de su UTL, señaló que la visita fue irregular porque el senador “no se registró como visitante de Pablo César, sino como abogado que ingresa a la dirección de la cárcel”.
Pablo César Herrera Correa, a quien Ciro Ramírez visitó en 2022, es el exdirector de Proyecta Quindío y estaba preso por el mismo caso de corrupción por el que ahora el congresista es investigado y fue capturado.
Pedro Nel Escorcia Castillo, defensor del congresista, sobre este hecho reconoció la entrada a la cárcel pero dijo que se trató de una visita humanitaria.
Herrera Correa, según comentó Escorcia, estaba atravesando una difícil situación en el penal y uno de sus abogados contactó a Ciro Ramírez para que en su calidad de congresista lo apoyara. El abogado del congresista sostuvo que Ramírez entró a la cárcel en calidad de senador y no de abogado y con permiso de la dirección del Inpec, y dijo que esa no era la primera vez que Ramírez hacía ese tipo de visitas humanitarias.
En todo caso, en la Corte Suprema seguirá avanzando el proceso contra Ramírez, y las autoridades judiciales tienen en sus manos determinar si al expediente deben ser vinculados formalmente otros congresistas.
