El representante por el Partido Liberal, Alejandro Chacón, goza de gran influencia en el Congreso. Hasta ahora el legislativo no aprueba la mayoría de proyectos anticorrupción. FOTO COLPRENSA
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De nuevo el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, es protagonista por dilatar o hacerle cambios de último momento a uno de los proyectos anticorrupción.

En esta ocasión, se trata de una iniciativa para regular el registro de intereses de los congresistas, y de sumar las actividades económicas de sus cónyuges y familiares.

Según Chacón, no es necesario ampliarlo a los parientes porque en la Ley Quinta del Congreso ya existe dicha obligación. Voces contrarias a él, aseguran que si se cumple el deseo del representante liberal, los congresistas podrían no declararse impedidos para votar propuestas en las que se puedan beneficiar personas cercanas a ellos, algo que atenta contra la decisión de combatir la corrupción.

¿Qué dice el artículo 2?

Para añadirle al artículo 287 de la Ley Quinta, la cual hace que los congresistas informen sus intereses privados, los proponentes buscan que se registren también las actividades económicas de los cónyuges y familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad si tienen participación en cualquier sociedad nacional o extranjera; vinculación con cargos o empleos, privados o públicos, del año inmediatamente anterior a la elección del congresista; afiliación remunerada a cargos directivos y participación en juntas o consejos directivos.

Críticas contra Chacón

La idea del expresidente de la Cámara de Representantes de eliminar el artículo 2 del proyecto anticorrupción no cayó bien en un sector de la plenaria, quienes han sido abanderados de la lucha contra la corrupción y ven que Chacón, con su influencia en el recinto, puede lograr que se suprima este apartado.

Monumentos de la corrupción

“Es fundamental que este registro se haga, porque es la capacidad que va a tener la ciudadanía y los medios de comunicación de verificar si un congresista efectivamente se está declarando impedido en los proyectos en los cuales un familiar o cónyuge podría verse beneficiado. Depende que ese registro exista previamente y sea público para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano”, indicó la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus.

La congresista agregó que el artículo 2 le suma transparencia a la política, permite que no se beneficie a personas cercanas y la trazabilidad del proceso para entender, por ejemplo, por qué un congresista se declara impedido en cierto momento.

Alejandro Chacón, quien introdujo el “mico” o proposición para suprimir el artículo, dijo en entrevista con La W Radio que “eso ya existe en la Ley Quinta, somos los únicos funcionarios públicos que tenemos que hacerlo. Es fuero interno de las personas”.

Mientras el proyecto vuelve a su último debate en la Cámara el próximo martes, el lobby a favor o en contra será clave para que al fin un proyecto anticorrupción se apruebe en totalidad o por el contrario, reciba el golpe letal nuevamente, a manos del Congreso.

El representante a la Cámara, Alejandro Chacón, ya ha tenido acciones polémicas contra varias iniciativas en su carrera política. En 2018 se enfrentó con la ministra de Justicia, en ese entonces, Gloria María Borrero, a quién calificó con “ineptitud y falta de conocimiento”. Chacón era el presidente de la Cámara y dicho roce en diciembre de ese año, fue clave para el hundimiento de la reforma a la Justicia, propuesta esencial de la ministra. Este año, el 19 de junio, el congresista levantó una sesión cuando aún podía rescatarse la iniciativa que buscaba eliminar la casa por cárcel para los corruptos.

TOMADO DE EL COLOMBIANO

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