Señalábamos que el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), antes Sindicato Antioqueño tiene tres frentes de operaciones: Grupo Argos en construcción e infraestructura, alimenticio con Nutresa y financiero con Sura-Bancolombia. Cada uno de estos sectores tiene a su vez un conglomerado de empresas que se triangulan en acciones entre sí.

Por ejemplo, en el caso de Nutresa, sector alimentación, analicemos las líneas de negocios de este conglomerado. En galletas tiene en Colombia a Noel y Molinos Santa Marta. En Costa Rica a Pozuelos y en USA a AbiMar Foods Inc. En el sector cárnico a Zenú, Alimentos Cárnicos y Setas Colombianas en Colombia.

En Panamá a Alimentos Cárnicos y Ernesto Berard y en Venezuela Industrias Alimenticias Hermo. En Barranquilla compró Frigoríficos Continental con sus productos Cunit, mucho más baratos que los de otras empresas, solo para sacarla finalmente de la competencia. El 30 de agosto de 2019 Alimentos Cárnicos decidió cerrar de forma definitiva la planta en Barranquilla trasladando operaciones a otras ciudades. En otras palabras, la compró para sacarla del mercado.

Sigamos con los métodos del GEA en su área de Nutresa. Tienen a la Fábrica Nacional de Chocolates en Colombia, Perú y Costa Rica. En café son propietarios de Colcafé, Tropical Coffee, Industria Aliadas y en Malasia, Dan Kaffe. Tienen un conglomerado que produce jugos, sopas, snacks, te, postres, aceites llamado Tresmontes Lucchetti con presencia en Chile y México. En alimentos al consumidor Hamburguesas El Corral en Colombia; en República Dominicana Helados Bon y en Costa Rica Helados Pop. En helados son los controladores totales de Meals de Colombia y Cream Helado y en Pastas tienen a Doria y Comarrico.

Casi nada como se ve. Pero aquí viene la parte importante y son sus inversiones accionarias. Tiene en Sura 61.021.436 acciones y en Argos 79.804.628 acciones. La Junta Directiva devela la triangulación de directivos y accionistas pues en ella se encuentran Jorge Mario Velásquez presidente del grupo Argos, Juana Francisca Llanos presidenta del grupo Sura, Gonzalo Pérez presidente del grupo de inversiones Suramericana S.A. y Ricardo Jaramillo Mejía, Vicepresidente de desarrollo y finanzas corporativas de grupo de inversiones Suramericana. Allí también se encuentra en calidad de “independiente” el barranquillero ex presidente de Promigas Antonio Celia Martínez-Aparicio que aparece en esta junta gracias a los auspicios de su amigo David Bojanini, pasado presidente del grupo Sura.

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De izquierda a derecha: María Clara Aristizábal, gerente del negocio de Desarrollo Urbano e Inmobiliario; Ricardo Sierra, presidente de Celsia; Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos; Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, y Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Argos y sus negocios de contratista y latifundista en Barranquilla

En el reportaje anterior se había expuesto como Argos había sido sancionada administrativamente con confirmación del Consejo de Estado por la cartelización del cemento Portland 1, acompañada en tal objetivo con las compañías Cemex y Holcim en las primera y segunda década de los años 2000 con multas a las empresas y algunos de sus directivos.

Otro segmento poco conocido de las inversiones de Argos en la compra y explotación de latifundios. En Barranquilla cerraron la emblemática planta de Cementos del Caribe fundada en 1947 quedando con las extensiones de tierra de mayor valorización urbana al norte de ciudad. En contravía con parte del articulado de la Ley 9 de 1989 (Reforma Urbana) y con aspectos cuestionables tales como el canje con el Alcalde de Barranquilla Alejandro Char de su impuesto predial por la construcción de una vía al interior de sus predios (la carrera 65) que obviamente es una operación redonda pues invierte el pago del impuesto en una obra de infraestructura que valoriza sus predios a precios elevadísimos.

El juego sucio en tal sentido con Barranquilla siempre ha sido constante en este conglomerado sustrayéndole recursos de sus impuestos, hecho iniciado con la destinación del llamado impuesto a la gasolina en una concesión a 20 años, implementada en el 2000, para efectos de mantenimiento de la llamada Malla Vial de Barranquilla. Los socios del entramado vial fueron Agrecón, de cementos Argos y el empresario Julio Gerlein con su firma Valorcon.

El problema se inicia cuando diversos sectores de la ciudad empiezan a criticar cómo se desarrolla e implementa el impuesto por la escasa cantidad de obras de la malla vial, obligando a la empresa Agrecón y Cementos del Caribe –todavía gozaba de plena existencia- a echar reversa ante el evidente incumplimiento de los términos del contrato. Los antioqueños “denunciaron” –por la presión anotada- que estaban cobrando de más en ese contrato compartido así que un acto de contrición quisieron devolver el dinero sustraído a la ciudad y es allí donde Gerlein entra en franca oposición señalando que los costos y pagos son normales y los acordados. Valorcon, la empresa de Gerlein tenía el 49% de la unión temporal en ese negocio a 20 años con un valor cercano a los $220.000 millones de pesos. Agrecon, del GEA, TENÍA 20% y los otros dos socios Mapeco: de Castro y Tchesassi e Inversiones Betta de Sergio Torres el 31% restante.

El desmonte de Cementos del Caribe dejó un pequeño puerto sobre el río Magdalena y parte de sus instalaciones fueron adecuadas sin mayor rigor ambiental ni técnico para la exportación de carbón trayéndolo desde las vetas en el Cesar a través de diversos medios. Allí, en ese puerto de Cementos del Caribe y parte de sus instalaciones, hicieron una gran zona de acopio para el embarque produciendo graves problemas de contaminación ambiental en la Vía 40 y sectores residenciales colindantes por el impacto de las brisas sobre el polvillo del carbón. Los lobbystas de Argos en la ciudad –con evidente poder mediático y político- estuvieron impulsando que les cedieran parte del trazado de la Vía 40, para efectos de ampliar los muelles, desviándola por detrás de las instalaciones de cementos del Caribe, iniciativa que por fortuna; hasta ahora, no pudo concretarse.

Argos el gran latifundista de los Montes de María

Una de las zonas geográficas, culturales y naturales más azotadas por la violencia durante los últimos 30 años fue la de los Montes de María, un enclave de varias poblaciones entre las que se cuenta El Carmen de Bolívar –el puesto oficial de registrador de instrumentos públicos allí es peleado y de evidente peligro-, San Jacinto, Ovejas y otras poblaciones en donde las matanzas, el despojo territorial y la migración  forzada de campesinos constituyó una constante en torno a la disputa de esta rica zona de alto potencial agrícola por su privilegiado piso térmico con alturas de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar permitiendo todo tipo de desarrollos agroindustriales.

Montes de María, Bolívar.

El 17 de octubre de 2016 se profirió una sentencia contra Argos por el Tribunal Superior de Cúcuta. Se trata de compras de terrenos en los Montes de María y en uno de sus apartes dice: “Se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado y violencia generalizada que por más de 20 años se vivió en el municipio de Carmen de Bolívar. Circunstancia que ha de presumirse era conocida por Cementos Argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas con su objeto social”.

Era un imposible absoluto desconocer que en esa zona agrícola sus habitantes fueron despojados, con violencia, masacres y amenazas, a abandonar o mal vender sus tierras en un cambio de propietarios absolutamente ilegal, tal como lo demuestran los diversos procesos al respecto en la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno colombiano. La prensa nacional e internacional mostraron ampliamente estos dramáticos procesos de despojo así que tras un aparente regreso a la normalidad, ninguno de los nuevos propietarios podía asumir compra a terceros de “buena fe”.

En un reportaje publicado en la revista Periferia por Juan David Guerra, indica que la sentencia del Tribunal de Cúcuta fue seguida por otra similar del Tribunal Superior de Cartagena cuando en un proceso se hizo el estudio de tradición en la compra de un inmueble en el Carmen de Bolívar. Allí se indica que varias empresas y personas se apropiaron de tierras, entre ellas Fiduciaria Fiducor y Paula Moreno Ángel, comprando predios a los campesinos aprovechando su situación de desplazados y que el grupo Argos siguió el mismo camino. Dice una parte de la sentencia que “Cementos Argos despliega la misma actuación en claro desconocimiento del principio de solidaridad con la población desplazada y la normatividad vigente en materia de protección de dicho grupo poblacional”.

Esta conciencia de la violencia que Guerra señala en su artículo, este obvio conocimiento del trastorno de tenencia y propiedad de minifundios y latifundios no desvirtúa la excusa planteada por cementos Argos de “buena fe exenta de culpa”, pues dentro de las pesquisas de las investigaciones logró comprobarse que el grupo Argos utilizó variadas técnicas jurídicas torticeras para obtener la propiedad de los predios. Dice la sentencia que: “Se observa descuido, incuria e infracción de normas legales en el actuar de dicha sociedad”.

El modus operandi de Argos permitió que saliera a flote la verdadera estrategia jurídica diseñada para la compra y acumulación de tierras constituyendo latifundios. Consistió en encargar y utilizar empresas y personas paras las compras iniciales que tras consolidadas, eran “vendidas” a Argos que las adquiría de buena fe. O para tener certeza histórica, según lo planteado en las respectivas sentencias, realizaba las operaciones con absoluta mala fe en su voluntad jurídica.

Según Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, autora de un prolijo informe al respecto “Para la acumulación de tierras en Montes de María, Argos creó diferentes figuras jurídicas, dándole apariencia de legalidad en las negociaciones. Hubo unos compradores iniciales que ellos llaman terceros, que fueron los que fomentaron el interés de las personas de vender, ellos compraban la tierra, luego se las compraba Tekia o se las compraba Alianza Fiduciaria, o Fiducor y luego pasaban a manos de Argos”.

Nada de buena fe del grupo Argos y de los involucrados, doce personas, condenadas en igual número de sentencias. El cuento que no sabían qué había pasado allí, como ingenuamente trataron de hacerle creer a la justicia, no cuajó pues los descalificaron al no poder demostrar con pruebas que al realizar la inversión de compra del bien inmueble raíz realizaron, como corresponde a una empresa de sus dimensiones y prestigio, una investigación a fondo, un análisis de cuales habían sido los verdaderos propietarios, de las condiciones sociales y económicas, del estado absoluto de beligerancia contra los campesinos que vendían sus tierras, si se trataba de nuevos “propietarios”, si sobre los predios habían ocurrido sucesos de violencia, si los títulos eran legales y lo peor: si de verdad los que vendían tenían tradición histórica y jurídica sobre títulos, tenencia y posesión. Es decir, si le estaban comprando a los verdaderos dueños.

La situación con el grupo Argos no para allí con esas dos sentencias en contra. En el 2016 el periodista Juan Diego Restrepo los acusa del intento de cambio de regulación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, modificando el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011, que expresa lo siguiente:

ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno”. Argos, habría acudido a la figura de un abogado ciudadano, Maximiliano Londoño Arango, del bufete Londoño & Arango Asociados que alegó la inconstitucionalidad de ese artículo por ser contrario, según su tesis, al debido proceso.

Argos se encuentra en la mitad del problema pues según la revista Semana (25, 2, 2016) “resulta que este grupo empresarial fue involucrado en un proceso de reclamación de tierras en la región de los Montes de María por un grupo de personas que sostiene ante la justicia que vendieron sus predios bajo la presión de la confrontación armada entre paramilitares, guerrilleros y Estado. Las tierras, 2,300 hectáreas en total, están en manos de Argos a través de su filial Tekia, anteriormente conocida como Reforestadora del Caribe. Las dos demandas colectivas, que agrupan a 22 familias, fueron presentadas en agosto de 2014 ante jueces especializados de tierras en Sincelejo por la Unidad de Restitución de Tierras. En su escrito, sustentó que, en efecto, los reclamantes abandonaron sus fincas bajo la presión de la guerra entre grupos armados ilegales, circunstancia que habría beneficiado al Grupo Argos a través de su filial. Adicional a ello, esta entidad estatal aseguró que se configura un caso de despojo por cuanto se cumplen dos condiciones consagradas en la Ley 1448: de un lado, la concentración de la tierra en una sola empresa; y de otro, porque cambió la vocación de la tierra”.

Como nace Odinsa, un megacontratista de infraestructura y como Argos se convierte en socio

Colombia es uno de los países con mayor atraso en infraestructura en América latina. A comienzos de la década de los noventa no existían –salvo en las áreas urbanas- dobles calzadas, puentes peatonales, distribuidores de transito ni existía un esquema de concesiones que permitiera al sector privado incursionar en estos segmentos de negocios. En 1992, durante la pandemia neo liberal de adelgazar el estado por parte del gobierno de Cesar Gaviria, se presentó la primera generación de concesiones para motivar a constructoras e inversionistas en la construcción y manejo de diversas vías.

Así surge ODINSA, creada por un grupo de 40 constructores y firmas de ingeniería con la intención de competir, de tú a tú, con gigantes de la construcción de infraestructura a nivel nacional e internacional, quienes acicateados por las aperturas de Gaviria se querían meter con todo en diversos proyectos. ODINSA es un acrónimo de Organización de Ingeniería Internacional que arranca, entre 1994 y 1998 con sus primeros contratos, entre ellos la concesión Santa Marta-Paraguachón, las autopistas de los Llanos, las autopistas del Café y Hatovial.

 De allí pasaron a un portafolio en República Dominicana ganando el proyecto férreo de Fenoco. Participa en la segunda fase de Transmilenio, compra un porcentaje de la Sociedad Portuaria de Santa Marta con planes de inversión en el sector energético. Llegaba con todos los hierros esta empresa pues estuvo, junto a Opain -el concesionario de operaciones del aeropuerto- en la ampliación de El Dorado de Bogotá y en el de Tocumen, de Ciudad de Panamá.

Allí es donde empiezan las intenciones de compra total de Odinsa, por parte del grupo Argos, cuando ya era un importante accionario. A su vez, termina también comprando Opain, la empresa concesionaria del aeropuerto. Una faena, como dicen los taurófilos, en que salieron con rabo y oreja.

Odinsa: dueña de aeropuertos, puertos, concesiones y autopistas (III)

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