Las quejas sobre el programa de alimentación escolar (PAE), sustentadas en denuncias, productos de baja calidad o vencidos y sobrecostos es parte de una gran arista, una compleja infraestructura de proveeduría de alimentos al gobierno colombiano y sus diversas instituciones.

Allí se encuentran, entre otras, las fuerzas armadas, empresas del estado y en el caso que nos ocupa, la nutrición de los confinados en los diversos penales del país que, aunque algunos crean que carecen de derechos alimentarios, si los tienen en todos los sentidos. Así que estos “jueces” nutricionistas podrían proponer una premisa: el hecho penal de una condena, de su probable –pero mentirosa “resocialización”– los hace merecedores de degustar porquerías y potajes que ni siquiera son aptos para animales. No existiría la más leve responsabilidad del estado en proveer de una alimentación digna a los confinados.

Es hecho conocido que algunos presos, obviamente de los estratos altos, tienen sus propios cocineros y gozan de otros privilegios “aceitados” y “cocinados” por la entrega de dineros a los encargados del reclusorio y otros; prevenidos –algunos casos son ampliamente publicitados- cocinan por su cuenta para evitar posibles envenenamientos. En general la comida que consumen los reclusos no se encuentra balanceada por nutricionistas, se entrega frío lo caliente y viceversa, se rompe la cadena de frío y en consecuencia produce contaminaciones masivas incluso con muertos.

En realidad se trata de crear la ilusión que se entrega una alimentación producidas en condiciones de higiene deplorables –con insectos y roedores de permanentes inquilinos– en neveras cuya capacidad de enfriamiento es casi nula –algunas de estas cárceles usan las neveras dispensadoras entregadas en comodato por las empresas de jugos y gaseosas con frío mínimo–, instalaciones desvencijadas y sucias, con malos olores en sus áreas de cocinas (si las hay, pues algunas son producidas fuera del penal) en donde comer en sillas y mesas en estado precario, con una comida peor, es una obligación para no perecer de inanición.

No hay centro de detención carcelaria que se salve de estos designios: estaciones de policía, URI y por supuesto las cárceles pues ninguna de ellas pasa una prueba de control al respecto.

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La entidad que se encarga de estos suministros alimenticios se llama Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), dirigida en la actualidad por Andrés Díaz y es apetecida, por la burocracia política Inpec y del Ministerio de Justicia, por las altas sumas de contratación de que dispone.  En el caso de la comida carcelaria, más de $500.000 millones de pesos anuales. Una cantidad por la que cualquiera haría menjurjes e ilusiones comestibles.

Poco importa la violación sistemática a preceptos legales y a normas internacionales sobre las condiciones de los alimentos que se deben entregar a las personas privadas de la libertad y las características ambientales de su ingesta. No. Eso es lo de menos. Lo que importa es el monto del contrato y a quien se le otorga. La salud de los confinados es susceptible, dentro de esta perspectiva, a que paguen su condena comiendo basuras –mierda incluso- como una penitencia cruel de su destino. Es trato inhumano, degradante, cruel que atenta contra la dignidad y que lejos de producir procesos de resocialización, logra exactamente el efecto contrario: unas ganas tenaces de vengarse de estas afrentas carcelarias cuando se recupere la ansiada libertad.

La investigadora Angélica María Pardo López del Centro de Investigaciones en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, en su artículo “La corrupción en el servicio de suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad”, incluido en el tomo II de la colección “La Corrupción en Colombia”, publicada por la editorial del Externado, presenta detallados análisis sobre estos procesos desarrollados por un equipo interdisciplinario.

Pues bien, lo interesante y que sienta una perspectiva muy bien enfocada es que en el estudio no se quedan en el análisis evaluativo –que es la salida fácil, por sus condiciones de evidencia fáctica- relacionadas con el servicio de alimentación sino que plantea que esa es la parte visible de un problema más complejo, manifestaciones palpables de la corrupción en sus diversas variables, entre ellas el incumplimiento de los contratos con el USPEC de los contratistas de alimentación, advirtiendo que nadie ejerce control y vigilancia sobre las condiciones pactadas en tales contratos.

En otras palabras, el contratista se despacha en sus asuntos sin ningún problema y solo debe presentar unas cantidades de ingreso de alimentos a los centros de reclusión sin que nadie –eso lo dice la investigación- se encargue de verificar que obedezca a productos en buen estado y en equilibrio nutricional.

Todos estos contratos el USPEC los ha adjudicado, en gran parte, de forma irregular a personas y entidades sin experiencia en el procesamiento de alimentación en grandes escalas con plantas especializadas de producción. Son contratos directos a contratistas amigos o que otorgan beneficios en los porcentajes de lo acordado a sus seleccionadores.

Video de un plato de comida con carne podrida.

De todo pasa alrededor de estos proveedores de alimentación a las cárceles. Por ejemplo, según la investigadora de la Universidad Externado, la Superintendencia de Industria y Comercio tienen plenamente identificados a contratistas que “eliminan la competencia entre posibles prestadores del servicio, al ponerse de acuerdo entre sí, sobre precios y condiciones, con el fin de repartirse ilegalmente la ‘tajada’, lo que en términos jurídicos se denomina “colusión”. Con todas estas evidencia administrativas y legales, pese a ellas, la USPEC en un acto de lealtad sospechoso de corrupción, los sigue contratando para que presten sus servicios.

Allí se violan disposiciones, leyes, reglamentos, todo por sacar la respectiva comisión del contrato produciendo comidas de baja calidad que han producido más de una revuelta de protestas al interior de las cárceles. Así de grave es la cosa. Con heridos y muertos.

Controles hay, pero de mentiras. Artificios retóricos para hacer creer que se cumplen los parámetros internacionales sobre alimentación. Para ello hay un manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los procesos de preparación y tratamiento de la alimentación. Otro manual indica la ruta o procedimientos en caso de una intoxicación masiva por alimentos en mal estado. Letra muerta pues no se cumplen. El 8 de abril de 2017 hubo intoxicación masiva de internas en la cárcel de San Diego en Cartagena, el 10 de abril de 2019 los internos de tres patios de la cárcel de Tuluá fueron llevados de emergencia por el almuerzo, el 2 de septiembre de 2018 hubo intoxicación masiva por alimentación de toda la cárcel de El Pedregal de Medellín y el 5 de junio de 2020 sucedió igual hecho en la cárcel de Chaparral, Tolima.

 En 2019 se planteó un llamado para que se realizara una auditoría exhaustiva a los contratos de alimentación de los prisioneros en las cárceles del país. Lo hizo desde Valledupar el sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, denunciando que lo que se le está suministrando a los internos son productos de mala calidad. Es decir, los guardianes de los penales solidarizándose con los reclusos por la mala alimentación.

El informe lo hizo el dragoneante Fredy Forero, presidente del sindicato del Inpec en Valledupar, apostado en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la capital del Cesar, conocida como La Tramacúa, precisando que a pesar que ya se han hecho varias denuncias ante los organismos competentes, no se registran resultados.

La verdadera solución es una auditoría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios que es la que se encarga de realizar los contratos de alimentación de los internos a nivel nacional”, precisó Forero. Obviamente sus acusaciones fueron desoídas y tildado de entorpecedor de la buena marcha de estos “centros de rehabilitación”, como los llaman con cierta pompa socializante.

En julio de ese año los internos de La Tramacúa, hastiados de las mismas denuncias reiteradas, de que sus protestas fueran ignoradas, protagonizaron una huelga de hambre para rechazar las condiciones en que se encontraban.  Uno de las peticiones era precisamente con la alimentación. Exigían “el aumento del gramaje en los alimentos y mejoría en la calidad de los mismos, teniendo en cuenta los ostensibles retrocesos que sobre la materia se vienen denunciando desde hace más de un año por los reclusos”. Eso dijeron en un comunicado de la época.

Alteraciones normales, dirían sociólogos conductistas, de una población reclusa con estigmas y estereotipos al que se le negocia con argucias, por parte de las autoridades competentes, mientras pasa el vendaval de protestas con el consecuente eco mediático y luego de transcurrido el escándalo, retornar a la normalización de las anomalías gústeles o no; pues esas opiniones son de mínima importancia en el engranaje administrativo penitenciario. Los contratistas se guardan las espaldas, hacen acuerdos internos con las autoridades del penal y todo continua igual o peor que antes mientras la población carcelaria crece y desborda el sistema obligando al estado colombiano a un plan de emergencia de construcción de centros de reclusión y cárceles en donde, como una espiral sin fin, se seguirá reproduciendo en todos sus detalles el problema. Nada raro entonces que en varias legislaturas se haya hundido con pena las reformas a la justicia.

Hay un procesamiento de información al respecto de la alimentación carcelaria basada en cifras que no corresponden objetivamente a la realidad las cuales son difundidas por el USPEC. Todo se reduce a la “captura” de contratos para exprimir de la mejor forma estos presupuestos de alimentación en una cadena de corrupción que defrauda los recursos públicos, altera las condiciones de vida de los confinados –con las correspondientes consecuencias a su salud- y que es en su fondo básico, una grave violación a derechos y garantías constitucionales.

Alimentación en cárceles y Procuraduría, informe del 2020

Para la Uspec, que es la entidad encargada de estos contratos de alimentación, ya se estaban confeccionando los “nuevos” contratos. Probablemente con los mismos contratistas, inventando otros nombres o en uniones temporales que despistan sobre la trayectoria de eficiencia del proponente.  Sin embargo, en pleno proceso en 2020 –durante la procuraduría de Fernando Carrillo, de la presente de Margarita Cabello no esperen nada al igual que su irregular gestión en el Ministerio de Justicia- ya tenían cinco casos de alimentación en investigación.

Una estufa improvisada para mejorar la comida

En noviembre 9 de 2020, un juzgado laboral de Bogotá en sentencia de tutela ordenó arrestar por 5 días al director del Inpec y al director encargado de Uspec ante la denuncia de un interno sobre la mala calidad de los alimentos. También cobijó la medida al contratista de los alimentos. El falló fue revocado en segunda instancia, pero allí quedaron escritas importantes testimonios del accionante de la tutela: “frutas en pésimas condiciones para el consumo humano, al igual que alimentos que se entregan con fechas vencidas o con la fecha de vencimiento poco o nada visible”. También le sustraían alimentos para el refrigerio diurno y las bebidas de desayuno.  

Según estadísticas de la Procuraduría, entre 2017 y 2020 se han recibido 26 denuncias por el mal estado de los alimentos en las cárceles. Con diferentes motivos. Unos por el mal estado de los alimentos, el horario no sistemático de entrega –peligroso para la salud- comida en estado de descomposición o contaminada por diversos agentes. En fin, nada que valga la pena comer y si se hace, es con evidente repugnancia. Las quejas provienen nada menos que desde 16 diferentes centros a nivel nacional. Irregularidades al respecto de todos los estilos: déficit presupuestal en los procesos de suministro de alimentos, alimentos que no corresponden en sus características y estado a lo pactado, mal estado en su preparación, malas materias primas y sobre todo los costos que no corresponden exactamente a lo pactado y entregado. Sobre costos que además llevan el componente de materias primas de baja calidad y una preparación deficiente. En otras palabras, es un gana gana sin pierde ni control, auditoria o supervisión.

El director de la Uspec, posesionado en 2020, Andrés Ernesto Díaz Hernández confesó impúdicamente que no hay sistemas de interventoría externa sobre las raciones alimentarias que se entregan en los centros carcelarios que corresponden exactamente a 100.000. En ese momento, anunciaba que abriría las multimillonarias licitaciones de proveeduría de alimentos que se firmaran y ejecutaran durante el presente año 2021 y que desde ya provocó la primera oleada de suspicacias.

Lo primero que dijo Diaz es lo que ya habían dicho el Sindicato del Inpec y las investigaciones sobre el tema. Que en la actualidad no hay una interventoría externa integral sobre el proceso en el que, dijo, se entregan más de 100.000 raciones diarias de alimentos, pero que ya están trabajando tanto en esa interventoría como en la estructuración de los nuevos contratos.

Los correctivos propuestos los indica Díaz: “Estamos revisando alternativas rápidas para tener un equipo de supervisión más en el contrato de alimentos, al que le quedan unos meses. En las revisiones hemos encontrado aspectos negativos y positivos. Estamos trabajando para que en un futuro el proceso tenga, de manera paralela al momento de adjudicación, lo correspondiente a la interventoría en el caso de alimentación y salud”.

Por supuesto, para darle los visos de legalidad y transparencia a sus declaraciones conformó con la ahora cuestionada Defensoría del Pueblo, una revisión de las quejas en tal sentido para elaborar un cuadro de diagnósticos. En igual proceso anda la Procuraduría.

En realidad estos contratos están confeccionados de forma deshilachada en lo que solo interesan el objeto del servicio –no de los parámetros de su calidad debidamente certificada- y el costo del servicio. En Bogotá ocurrió un caso que explica lo anterior. Tras un cambio de contratista de alimentación, este decidió llevar como aparataje personal, los diversos elementos constitutivos de la cocina, generando un grave problema en la preparación y entrega de las raciones a los presos en los reclusorios penales, de los detenidos en las URIs y en las estaciones de policía.

Los contratistas que se alimentan de estos negocios

En marzo 28 de 2021 un informe interno del Inpec destapó la “olla podrida” de la alimentación en las cárceles del país. El periodista Nicolás Sánchez en el portal Pacifista hizo eco con un informe de estas irregularidades. El documento sobre el problema estaba firmado por la Subdirectora de Atención en Salud de esa entidad y presenta, de una forma dramática, todos los componentes del problema: Falta de higiene, porciones de comida menores a las estipuladas y empresas señaladas de incumplir sus obligaciones, pero que siguen siendo contratadas.

El informe no fue una gratuita consideración del sindicato del Inpec, una especie de “mea culpa” sobre las condiciones de la alimentación. Nada de eso. El generador fue que el 23 de marzo de 2021, cinco días antes de estos “descubrimientos”, los internos del Patio 4 de la cárcel La Picota de Bogotá devolvieron a la guardia una caneca con alimentos en evidente mal estado. Eso fue a las cinco de la tarde. Al día siguiente, 24 de marzo, el desayuno fue un huevo cocinado, un pan y siete onzas de café sin azúcar. En enero de 2021, un revelador informe realizado por Martha Isabel Gómez, Subdirectora de Atención en Salud del Inpec, basado en actas de los internos, reportes de diversas entidades de salubridad pública indicaban que “el 80% de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima usada para la preparación de los alimentos”. Como si fuera poco la entidad catalogo a 21 de estos establecimientos carcelarios de alto riesgo por los reiterados incumplimientos de los contratistas.  Además dio una lista de los contratistas que suministran mala alimentación:

Unión Temporal Eficiente (Cúcuta, Norte de Santander)

Unión Temporal Alimentos Saludables (Florencia, Caquetá

La Picota, Bogotá; La Mesa, Cundinamarca)

Unión Temporal Duflo Uspec 2020 (Puerto Triunfo, Antioquia)

Jhon Jairo García (Itsmina, Chocó)

Servicios y Suministros CJVN SAS (San Andrés; Santa Marta, Magdalena)

DNP Servicios SAS (Valledupar, Cesar; Tierralta, Córdoba)

Unión Temporal Green Food (Popayán, Cauca)

Proalimentos Liber (Tunja, Cómbita y Sogamoso, Boyacá; Buga, Valle del Cauca, y Manizales, Caldas)

Organización Nueva Aurora (Andes, La Ceja, Yarumal y Pedregal, en Antioquia).

Peor aún, de acuerdo a los registros en los archivos del Inpec, las empresas Proalimentos Liber y Organización Nueva Aurora tienen tasas altas de incumplimiento. Con esta última hay un 90 % de incumplimiento.

El portal Pacifista denunció que los representantes legales de esta última empresa son Luz Stella Chaverra Bedoya y John Jairo García Pinzón. Los dos tienen una denuncia que data del 2018 por la intoxicación de 1.423 personas en la cárcel Pedregal de Medellín bajo una denuncia del entonces concejal de Medellín del Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Liber S.A.S es señalada por el Inpec del incumplimiento del 60% de los contratos. En 2019, el juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales sentenció sobre la empresa que estaba entregando “alimentos en deplorables condiciones sanitarias”. Ellos suministran alimentos a las reclusas de la cárcel del Buen Pastor, tanto a las madres como los menores que se encuentran conviviendo con ellas.

Según el diario El Tiempo, Liber S.A.S intentó meter, a través de sus empleados, a la cárcel de alta seguridad de Combita, Boyacá, un matute de 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables USB y 5 baterías. Estos accesorios, dentro del penal, aumentan sustancialmente su valor hasta en un 1000%.

Regresemos a los problemas de alimentación y como el Inpec ha estado detectando, eso dicen, mala calidad en los alimentos. 41 en total que significa unos recursos desviados de sus objetivos por la corrupción de contratistas con la connivencia de los contratantes. Dice el documento que “No se cumple con las características organolépticas de los alimentos suministrados”. En otras palabras, comérsela es un verdadero asco. Más adelante señalan el mismo informe que los operadores no garantizan la limpieza de los utensilios, no tiene en su planta un chef, nutricionistas, las personas que trabajan en las cocinas tiene jornadas extenuantes y largas, los alimentos no tienen las temperaturas de cocción, tampoco –ya los habíamos señalado- de refrigeración produciendo descomposición y en consecuencia con graves problemas a la salud.

La Secretaria de Salud de Bogotá, en agosto de 2020, hizo un análisis desfavorable sobre las condiciones de alimentación de la cárcel La Picota, una empresa proveedora denominada Unión Temporal Alimentos Saludables, conformada por la empresa Jesmar Hurtado y Compañía S. en C. (con registro en Caquetá) y por la Fundación Ecológica y Social La Esperanza con registro en Huila).

Lo que encuentra Andrés Díaz, nuevo director del Unspec

Lo primero que dice a los medios de comunicación –guerra avisada no mata soldado- es que el servicio de alimentación en las cárceles “no es perfecto” y que su interés es buscar la solución con alternativas para mejorar el servicio que estaba contratatdo con la Bolsa Mercantil Colombiana que basaba su selección –miren la irresponsabilidad- en el que ofreciera, no el mejor servicio, sino el menor precio. Darle una apariencia de alimentación a los reclusos como parte de su “condena”, retrocediendo en materia de derecho penal más de un siglo. Las obligaciones de los contratistas eran atender 4 comidas ((desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno) con una minuta de 9.200 pesos en promedio. Según las declaraciones de Andrés Díaz “Eso probablemente evidencia unas dificultades en cuanto a calidad, porque atender cuatro comidas con esa calidad no es muy aconsejable. Lo que definimos es que el mecanismo de selección no debe ser solo el precio”.

Parece que estuviera inventando estos procedimientos. Y que el Inpec y el Unspec fuesen entidades irresponsables que no conocieran la dinámica del costo de producción de alimentos para la población carcelaria. Hay de todo tipo de porquerías en el ponqué encontrado: carne cartilaginosa en Bolívar o papas con gusanos en Valledupar.

La solución fue subir el costo de ración de $9.200 pesos a $11.400 pesos que tampoco representa sustancialmente mejoras. Recordemos que hay que repartir, porcentualmente, estos $11.400 en coimas, ganancias y así el verdadero costo de la ración se reduce. Consecuencia: se buscan productos con calidades precarias o en singular estado de descomposición para nivelar las cargas.

Dice Díaz, director del Unspec que se cambiaran las fiambreras, silletería y mesas. Es nuevo y tiene que barrer bien. Para ello contrató una interventoría especial para el control de 115.000 raciones en 452 reclusorios en todo el país lo que parece tarea para una empresa con una infraestructura gigantesca.  El 12 de abril firmó un contrato para vincular a 50 profesionales y a 77 personas acompañando todos los procesos técnicos y administrativos.

Todo bien, pero enfatiza que los recursos no los adecuados lo cual nos devuelve al exacto cuello de botella que se ha venido exponiendo. Que en última instancia las consecuencias de estas carencias se reflejan en la alimentación de los reclusos.

La parte importante del cuento es tras los correspondientes informes negativos, algunos de los operadores contratistas salen –si no usan artimañas y lobbys para seguir- de los contratos de alimentación. Todos estos contratos tienen término de vencimiento para el próximo 30 de junio en donde deben estar conformados los nuevos contratistas que se disputaran este cuantioso presupuesto de alimentación en las cárceles por más de $500.000 millones de pesos.

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