Un total de $36.365 millones de pesos están “embolatados” en Sucre, por presunta corrupción en la ejecución de contratos con recursos de regalías que se destinaron a distintas obras de infraestructura en ese departamento.
Así mismo en el marco de una Actuación especial de fiscalización realizado por la Contraloría General de la República a proyectos y contratos financiados con recursos de Regalías, ejecutados por la Gobernación y las alcaldías de Buenavista, Corozal, Coveñas, Los Palmitos, San Benita Abad, Sincelejo, Tolú y Toluviejo, se auditaron 16 proyectos por un valor de $258.892 millones de pesos, de los cuales $230.401 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Estos proyectos pertenecen a los sectores de salud y protección social, transporte, vivienda, ciudad y territorio, deporte y recreación, educación, ciencia, tecnología e innovación, y agricultura y desarrollo rural.
Como resultado del proceso auditor, el equipo auditor configuró en total 15 hallazgos administrativos de los cuales 15 presentan incidencia disciplinaria, 14 incidencia fiscal y 1 incidencia penal, por valor total de $36.365 millones, por deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías.
Uno de los proyectos evaluados fue el denominado “Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Tablitas – San Marcos, municipios de El Roble, Caimito y San Marcos, Departamento de Sucre”.
Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Sucre firmó para la vigencia 2017, un contrato de obra pública con el Consorcio Megavías 018 por valor de $149.855 millones de pesos, en el cual la Contraloría detectó, entre otras cosas, irregularidades en el manejo del anticipo pagado, que correspondía al 15% del valor total del contrato.
A la fecha, no se avaló por la interventoría el uso del 81,88% del anticipo entregado, causando un detrimento al patrimonio por un dinero no ejecutado de manera eficiente, lo que se traduce en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $18.407 millones de pesos.
Adicional a esto, y a pesar de haber aceptado todas las condiciones contractuales en la etapa precontractual, el contratista no presentó a tiempo los permisos ambientales.
Y de los 14 tomos de los estudios y diseños solamente presentaron 2 para realizar la reprogramación y ejecución normal de la obra pública, habiendo incumplido varias veces los requerimientos de la interventoría. A la fecha, y después de un año, siguen faltando 2 de esos tomos. Según la Contraloría, en la ejecución contractual, se evidencia una falta notable de capacidad para desarrollar el contrato en condiciones normales.
A esto se suma que en la Tesorería del Departamento de Sucre se encontró un embargo vigente contra la firma KHB Ingeniería S.A.S., que participa en el consorcio Megavías 018, por un valor de $360 millones de pesos.
Los retrasos injustificados, así como la evidente incapacidad técnica, operativa y financiera evidenciada en los hitos del contrato de obra, ponen en altísimo riesgo los recursos públicos aún por ejecutar en este proyecto, ya que a la fecha se tiene un avance físico por debajo del 7% después de un año de ejecución contractual y un avance financiero cercano al 20%.
A la fecha, el contrato permanece suspendido y a pesar de que en el país y en el departamento ya se han abierto las actividades relacionadas con las obras civiles con el protocolo de bioseguridad, aún el departamento no lo ha hecho con este proyecto de importancia departamental, que tiene como objetivo beneficiar a más de 81 mil habitantes.
Sobrecostos en adquisición de equipos de cómputo y software
En otro frente, con el fin de beneficiar a 24.500 personas de los 26 municipios del departamento de Sucre, la Gobernación de Sucre fue designada como ejecutora del proyecto con vigencia inicial de 2017, “Fortalecimiento de capacidades en CTel en niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educativos a través del Programa Ondas en el Departamento de Sucre”, el cual fue financiado con recurso del Sistema General de Regalías, por valor total de $11.741 millones de pesos.
El proyecto consistía en la compra de equipos de cómputo, software y servidores. Sin embargo, dentro del proceso de control fiscal, el organism fiscalizador encontró sobrecostos en la adquisición de 1.000 computadores y 160 servidores, por $1.287.505 millones de pesos, lo que se traduce en un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por el mismo valor.
Esta cifra resulta de la diferencia entre el valor neto cancelado al contratista Unión Temporal Ondas Sucre 2018 y el valor cotizado de los elementos suministrados en ese tiempo. Esto significa que hubo fallas en la etapa de planeación y omisiones en la realización de los estudios de mercado y documentos previos, los cuales son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.
Roban recursos que iban a beneficiar a 700 campesinos
La Alcaldía del municipio Los Palmitos fue designada como ejecutora del proyecto “Implementación de 700 hectáreas de ñame espino tipo exportación municipio de Los Palmitos, San Pedro, Sampués, Sincé, y Ovejas de Sucre”, y para su ejecución, firmó un contrato de interés público en 2015 con el Consorcio Agrícola de Sucre, por $8.252,7 millones de pesos, suma aprobada por el OCAD Región Caribe con recursos del Sistema General de Regalías.
Este proyecto tenía como objetivo principal “recuperar la capacidad productiva de los pequeños productores rurales, incentivando la siembra de ñame espino tipo exportación”, y prometía beneficiar a 700 campesinos de la región, pero debido a una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, inoportuna y que raya en lo corrupta, por parte de la entidad territorial, este objetivo no se cumplió.
Luego de estudiar el caso, la Contraloría General pudo constatar que durante la ejecución del proyecto se presentó una violación al cumplimiento del contrato de interés público, debido a la omisión y falta de planeación frente a distintas variables, en especial, las ambientales y climáticas, ya que estas incidían directamente en la siembra y producción del ñame espino tipo exportación. No se encontróì un estudio serio y completo acerca de la ubicación del objeto contractual del proyecto, y tras una reunión con los beneficiarios del mismo se verificó que no fue posible la producción de ñame como estaba previsto, debido a que el verano secoì la semilla e impidióì su producción, razón por la cual no tuvieron la posibilidad de recibir ninguna utilidad social, que es en última la finalidad del contrato de interés público para la comunidad beneficiaria. Como consecuencia del incumplimiento la Contraloría determinó que se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $8.252.730.515 pesos, es decir, el valor total del proyecto.
Proyecto de fomento de vida saludable que no se ejecutó
La Alcaldía de Coveñas fue designada como ejecutora del proyecto “Prevención y promoción para el fomento de estilos de vida saludable, en el municipio de Coveñas”, el cual tenía como objetivo el fortalecimiento de hábitos de vida saludable de 13.600 habitantes del municipio, mitigando así las problemáticas de salud que para el año 2015, afrontaba el territorio.
Para esto firmó un contrato con la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO y otro de interventoría con la Fundación para la Administración y el Desarrollo de las Entidades Públicas – FUNADEP-, por $3.102.208.200 pesos, de recursos de Regalías.
Sin embargo, lo que constató el organismo fiscalizador es que el proyecto no se ejecutó.
Esto por cuanto no hubo un estudio minucioso en el que se contemplaran distintas variables del mercado para determinar los costos unitarios, el valor de la mano de obra, el material publicitario, determinación de los profesionales que se requerían, salarios, tiempos, actividades a realizar, desplazamientos, costos logísticos, costos de escenarios, vehículos para desplazamientos del personal y otros insumos.
De acuerdo a lo evaluado, no se encontraron estudios previos al contrato, ni en el proyecto, ni en los soportes de la ejecución del contratista. Tampoco se halló relación en los informes de supervisión entregados. Así mismo se determinó que el contratista (la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO) no estaba inscrita en la plataforma de registro de prestadores de servicios del Ministerio de Salud y Protección social, condición que le impedía prestar servicios de salud de promoción y prevención, finalidad que debía cumplir el proyecto. “Todo esto da muestra de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, ya que no da cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, por lo que se configura una violación al cumplimiento de los contratos de interés público y de interventoría, dando lugar a un hallazgo con incidencia administrativa, fiscal y disciplinaria por valor de $3.102.208.200 pesos”, advierte la Contraloría.
Hallazgos en proyectos Covid
Por otro lado, dentro del proceso auditor de control fiscal a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías para atender la emergencia Covid-19, la Contraloría auditó un monto total de $505.169.750 pesos, donde se configuraron 3 hallazgos fiscales por valor de $61.675.200 pesos.
Tales hallazgos corresponden a proyectos de los municipios de San Benito Abad y San Juan de Betulia, que dentro de su proceso de ejecución faltaron al principio de economía de sus contratos, e incurrieron en sobrecostos al adquirir elementos de bioseguridad.
