Edgardo Fierro Flores, alias Don Antonio, ex paramilitar, juzgado por el exterminio de militantes de izquierda en el departamento del Atlántico, pero que ahora goza de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia (Ver fallo de la Corte Suprema), es una de las piezas claves del escándalo internacional de compra de armas que involucra a la ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.
En abril de 2022 publicamos una detallada investigación sobre una venta de armamento sofisticado de empresas italianas al gobierno colombiano, que nuestros lectores pueden consultar aquí:
El ex primer ministro italiano Massimo D’Alema está siendo investigado por la Fiscalía de Nápoles por su intento de mediar en la venta de varias naves y aviones de guerra de dos empresas italianas al Gobierno colombiano, una operación por la que esperaban repartirse $80 millones de euros con otros participantes en la mediación.
Específicamente, D’Alema junto a otros importantes nombres trataron de vender al gobierno colombiano material bélico de Leonardo y Fincantieri, dos compañías italianas que cuentan con participación pública.
Los exfuncionarios italianos Massimo D’Alema y Alessandro Profumo están siendo investigados, junto con Giuseppe Giordo, ex gerente general de Fincantieri y algunos mediadores de la operación comercial.
Según la acusación, «los investigados han trabajado en diversas oportunidades como promotores de la iniciativa económica comercial para vender al gobierno de Colombia productos de empresas italianas con participación pública».
En el caso de la compañía Leonardo, pretendían negociar aviones M 346, y Fincantieri, corbetas y pequeños submarinos, así como la construcción de astilleros, con el fin de obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos formales y definitivos relativos a los suministros descritos y cuyo valor económico total ascendió a más de $4 mil millones de euros.
Según las leyes italianas, los suscritos, infringieron «el artículo 322 bis del Código Penal, que castiga la malversación de fondos, el soborno, la incitación indebida a conceder o prometer beneficios, la corrupción y la incitación a la corrupción, el abuso de poder de los miembros de tribunales u órganos internacionales de las Comunidades Europeas o de las asambleas parlamentarias internacionales o de las organizaciones internacionales y funcionarios de las Comunidades Europeas y de Estados extranjeros».
En la orden de captura que hoy se expidió, de acuerdo a como lo informaron medios de comunicación italianos, se especifica que Francesco Amato y Emanuele Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta y lograron tener contactos con Massimo D’Alema quien, dado su currículum a nivel internacional, actuó como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de las empresas italianas, a saber, Alessandro Profumo como CEO de Leonardo y Giuseppe Giordo como Gerente General de la división de buques militares de Fincantieri.
Esta operación tenía como objetivo facilitar y obtener de las autoridades colombianas la conclusión de acuerdos por un valor total de más de $4 mil millones de euros. Para lograrlo, ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de $40 millones de euros, correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros.
También fueron vinculados a la investigación Edgardo Fierro Flores, el reconocido ex paramilitar alias Don Antonio, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, la vicepresidenta y canciller del Gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto delegados de la comisión del Senado colombiano.
«La suma total de 80 millones de euros debía dividirse entre ‘la parte colombiana’ y la ‘parte italiana’ mediante el uso del bufete de abogados estadounidense Robert Allen Law, con sede en Miami (reportado e introducido por D’Alema como agente e intermediario comercial formal en Fincantieri y Leonardo), representado en Italia y para la negociación específica por Umberto Bonavita y Gherardo Gardo. – para la preparación y firma del simulador y la justificación formal de los contratos de transición financiera y de los vehículos bancarios y financieros corporativos realmente preparados para el tránsito, distribución y distribución final de la suma antes mencionada.
Y aunque la negociación finalmente no se cristalizó por la no formalización de los contratos y a la falta de acuerdo sobre la distribución de la suma mencionada entre ambas partes, la justicia italiana ha calificado de grave la sola intención del hecho corrupto.
Tras estas acusaciones la ex vicepresidenta colombiana salió en su defensa alegando que «nunca estuvo relacionada o vinculada con la compra de las aeronaves y manifestó que lo que se está intentando generar es una cortina de humo, esto por el caso del exembajador Armando Benedetti y la exjefe de Gabinete Laura Sarabia».
