Hasta la década de los 90 del siglo XX la benemérita Universidad de Cartagena parecía estar en aparente estabilidad con respecto a otras instituciones de educación superior pública de la región y el país. Sin embargo, en diciembre de 1995 afloró una “crisis” económica que venía siendo maquillada pero que se convirtió en insostenible.
Varios factores confluyeron en esta situación entre ellas la apertura en ese tiempo de la nueva sede de Zaragocilla en donde funcionaría el área de salud construyéndose el Hospital Universitario para posteriormente agregarse las facultades de Medicina, Odontología y Enfermería, el Hospital San Pablo –dedicado a la neumología, atención de pacientes psiquiátrico y rehabilitación de drogadictos- edificaciones que se agregaron a la tradicional sede ubicada en el Centro, en el claustro de San Agustín.
En esa época, producto de la crisis, uno de los proyectos banderas tal como era la construcción de la Ciudadela Universitaria en el cercano municipio de Turbaco se archivó precisamente por falta de recursos. El lote en donde se emprendería el proyecto fue después vendido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un poco más de $600 millones de pesos.
En ese momento se habló en toda Cartagena del probable cierre de la universidad, a lo que el entonces rector Manuel Sierra Navarro y el gobernador de Bolívar Miguel Navas Meisel desmintieron, pero sin ocultar la gravedad de los sucesos. El departamento de Bolívar le adeudaba a la universidad $6000 millones de pesos y para el presupuesto del año 1996 solo se presupuestaron $1000 millones con un importante faltante de $5000 millones.
Peor aún, de la promesa hecha ese año de los $1000 millones solo llegaron a girarle realmente $50 millones con el argumento del gobernador Navas de que las “arcas del departamento estaban exiguas, en crisis y no hay manera de enviarle más recursos a la universidad”. Grave la cosa: crisis en las finanzas departamentales y universitarias.
Pero esa evidente realidad de la época no daba para tanto ya que la nación es la que realmente sostiene la universidad con un 78%, el departamento de Bolívar con un 12% –que en la práctica no llegaba al 4%– y la propia institución que debía financiarse con un 10%.
Los rectores “nombrados”
En la rectoría de la Universidad de Cartagena se nombraban ilustres caballeros pertenecientes al notablato histórico de esa ciudad, tal como sucedió, entre otros, con Jaime Trucco Lemaitre, rector en 1991 y que ha sido designado tres veces en Consejo Superior por parte de los exrectores. Se trae a colación pues en la actualidad cumple su tercer periodo en estas funciones.
El 30 de noviembre de 1991 el diario El Tiempo le dedica una semblanza a su labor como presidente del Club Cartagena por la conmemoración del centenario de su fundación: “Pero Jaime Trucco Lemaitre lo asume con gusto y tradición. Sus bisabuelos, Ernesto Lemaitre, Antonio Torres Hoyos y Tomás Wuatts fueron socios fundadores. Luego, sus dos abuelos y su padre presidieron el lugar. Y ahora el turno es para él. A pesar de sus limitaciones de tiempo, le roba un día de sol a la vida para escaparse en su yate de paseo con su esposa y sus cuatro hijos para instalarse en su casa de veraneo en las Islas del Rosario. Aunque también disfruta bastante en El Balcón, su finca en la que tiene cría de gallos finos y perros miniatura pinscher”. En fin, el vivo retrato de un buen burgués cartagenero.
Un rector nombrado a dedazo con el que se iniciaron los procesos de corrupción fue Sergio Hernández Gamarra en su período de 2002 a 5 de junio de 2006. Además, con hechos debidamente comprobados y juzgados. En abril de 2011 al resolver un recurso de apelación interpuesto por un fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública, el Tribunal Superior de Yopal (Casanare) condenó al ex rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra a 15 años, un mes y 15 días de prisión, revocando la absolución proferida por un juzgado de la capital de Casanare.
Los hechos sucedidos en 2002 se relacionan con la firma de un convenio interadministrativo entre la Universidad de Cartagena y el entonces gobernador de Casanare William Pérez Espinel en el sentido u objeto que la institución de educación superior en donde Hernández Gamarra fungía de rector administraría los recursos de 52 proyectos de ese departamento tales como contratar a los ejecutores de proyectos para construir hospitales, estadios, tendidos de redes eléctrica, vías y demás.
Un verdadero y soñado caramelo en materia de contratación y disposición de recursos públicos sin atender los lineamientos legales dispuestos en la constitución y leyes respectivas revelando las pesquisas investigativas que hubo atrasos en la entrega de obras y sobrecostos por el orden de los $834 millones 666 mil 042 pesos. Por esto la Fiscalía le probó a Hernández Gamarra su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
El último rector nombrado a dedo fue Manuel Sierra en un periodo que se venció en 1997 cuando ocurre la primera elección de esa dignidad académica y donde ocurre un hecho decisivo, una inflexión si se quiere, entre grupos de poder al interior de la universidad entre el rector Sierra –convertido en candidato– y el historiador y diplomático Alfonso Munera Cavadia.
Sierra se declaró profundamente emocionado con el resultado que lo avalaba como ganador de las primeras elecciones democráticas para rector de la Universidad de Cartagena diciendo que “recibo los resultados en forma serena y tranquila, porque yo tengo el convencimiento de haber realizado una labor positiva que los estamentos universitarios han sabido valorar”.
Lo anterior viene a colofón pues los candidatos en disputa de la rectoría lo habían denunciado por malos manejos en su gestión, a lo cual Sierra dijo lo siguiente para los medios de comunicación: “No guardo ningún resentimiento por algunas tergiversaciones maliciosas sobre mi gestión que las entiendo como manifestaciones desesperadas de la frustración”.
Fue en esa temporada cuando la crisis política de la Alcaldía de Cartagena empezó a aflorar con la salida de alcaldes por la puerta trasera. Nicolás Curí Vergara, dos de sus secretarios de despacho y dos de los últimos ex alcaldes, Guillermo Paniza y Gabriel García Romero fueron también cobijados con medida de aseguramiento. En el caso de Curí se vinculó con la adjudicación del contrato de concesión para el alumbrado público de la Heroica y sus corregimientos.
Por ello el 20 de octubre de 1999, el Ministro del Interior Guillermo Fernández de Soto le solicito al partido Liberal la integración de una terna que le fue enviada el 27 de octubre. La conformaba el rector en ejercicio de la universidad de Cartagena Manuel Sierra, el ex rector de la misma universidad Carlos Villalba Bustillo –que fue elegido pero no aceptó– y Héctor Blanco. Puede apreciarse el peso político de la rectoría de la universidad de Cartagena en la toma de estas decisiones.
Como hecho curioso el entonces rector y aspirante Manuel Sierra se suicidó el 17 de abril de 2009 en su apartamento del barrio Crespo al parecer producto de una fuerte depresión que lo aquejaba.
Es hecho público la corrupción interna en la universidad
En diversos sectores políticos y académicos empezaron a presentarse denuncias sobre manejos irregulares en la Universidad de Cartagena. El 14 de julio de 2015 la Procuraduría General de la Nación –Región Bolívar– formuló pliego de cargos contra el rector (2011) y jefa de cartera de la institución, Germán Sierra Anaya y Katherine Porto Martínez, por el cobro de recursos originados en una obligación no expresa ni exigible denominada “Universidad de Cartagena a la altura de los tiempos”, supuestamente adeudada por la empresa Ecopetrol.
En abril de 2017 el representante a la Cámara por el departamento de Bolívar William García señaló que existían perdidas de $15.000 millones de pesos en esa institución. Se hizo un debate en plenaria al que estaba convocado el rector Germán Sierra Anaya, el entonces gobernador Juan Carlos Gossaín y la Viceministra de Educación –cartagenera- Patricia Martínez. Estos dos últimos asistieron mientras el rector hizo caso omiso de la citación. Se trataba de responder un extenso cuestionario sobre la gestión, manejo de contrataciones y otros aspectos al interior de la Universidad de Cartagena.
Sierra se abstuvo de concurrir, argumentado la Autonomía Universitaria y que la declinación de la invitación se da porque no es necesario que la Universidad asista a la sesión ya que la información pedida se había suministrado a la Cámara. Acusó además al representante a la Cámara García de moverse en su contra inspirado en un “desencanto personal”. Igualmente, el rector Sierra declinó una citación en el mismo sentido en la Asamblea de Bolívar.
Cuando estos procesos de corrupción empiezan a develarse en universidades todo el resto de la estructura, el andamiaje, se afecta. Es así como el 18 de agosto de 2015 el juzgado segundo laboral del Circuito de Cartagena ordenó al Ministerio de Educación Nacional investigar a la Universidad de Cartagena. El caso es que aspirantes a docentes de planta –posiciones que usualmente son negociadas entre grupos de poder al interior de estas instituciones- de Administración de Empresas y Negocios Internacionales presentaron acción de tutela en contra de la Universidad de Cartagena por presunta violación al derecho al trabajo.
Una de las aspirantes tutelantes, Paola Mouthón Ramos, sostuvo públicamente y con documentos que tuvo el mejor puntaje en las pruebas de evaluación y con ello el correspondiente derecho a su nombramiento, pero fue descartada de plano sin ninguna explicación.
El juez de la tutela ordenó al Comité de Concurso de Méritos de Docentes de Planta a entregar al delegado investigador del Ministerio los documentos que mediaron en el proceso de selección, con el fin de garantizar los derechos presuntamente violados de los concursantes.
El claustro enclaustrado
Sale de la rectoría German Sierra y tras elección, llega su pupilo Edgar Parra Chacón. Se le colocan reparos por su edad –más de 65 años– lo cual para algunos sería un impedimento jurídico. Sierra produce entonces un alegato descartando de plano esta interpretación jurídica avalada, según dice, en sus conocimientos del ramo. En síntesis, indica a los Consejeros Superiores, actuando de abogado de oficio del nuevo rector que la edad de retiro forzoso no aplica para esa posición.
Nuevamente enmarcó esta apreciación en la denominada autonomía universitaria diciendo, lamentando, que “no hay motivo para que a un docente universitario como al doctor Edgar Parra Chacón, que ha dedicado más de 30 años de su vida a esta gloriosa institución, se le desconozcan sus derechos como docente universitario”. La carta estaba fechada el 4 de junio de 2014.
El 13 de abril de 2016 el columnista Joaquín Robles Zabala denuncia en la revista Semana una serie de hechos al interior de la Universidad de Cartagena señalando que la autonomía universitaria “no significa violentar los estatutos que la rigen y acomodarlos para el beneficio de unos pocos. No significa poner a funcionar la célebre puerta giratoria donde el mismo grupo de funcionarios cambia de cargos para así permitir que la estructura corrupta y criminal que sostiene los desfalcos continúe”.
A continuación, desenrolla lo planteado. Dice que “Germán Sierra Anaya –ex rector– sea hoy un hombre rico, como mucho de sus colaboradores, después de haber estado en la rectoría de esa institución durante 8 años y no tenga una investigación abierta formalmente en la Procuraduría Nacional, ni en la Controlaría de Colombia, ni mucho menos en la Fiscalía, deja claro que los entes de control de la ciudad, el departamento y la nación no controlan nada”.
Señala que la entonces ministra Gina Parody reconoció públicamente que la Universidad de Cartagena tiene problemas profundos de corrupción y que la calidad académica ha decaído en los últimos años, pero no ha hecho nada por evitar el desangre que puede llevarla a la quiebra. Sigue Robles Zabala indicando que la gran mayoría de los miembros del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena son hombres con mucho dinero pues compran automóviles costosísimos, apartamentos en sectores donde el metro cuadrado no baja de los 20 millones de pesos que no se consigue con un salario de 7 millones mensuales.
Dice: “El nómbrame que yo te nombro, como lo han denunciado ya algunos docentes, preocupados por la situación, ha permitido que la universidad haya alcanzado desde el segundo semestre de 2015 una deuda que supera los 15 mil millones de pesos, como ya lo expuse en una columna anterior. El problema se agudiza en todos los frentes de la universidad: en el académico, en la Caja de Previsión –donde el único medicamento que se prescribe es acetaminofén–, en el estado financiero y en la proyección de los programas a distancia, donde las irregularidades, como lo han denunciado ya varios docentes, son mayores que en la de los programas presenciales”.
Después que denuncia la validez de las elecciones de rector de ese año da nombres propios en el uso de la llamada puerta giratoria: “Fernando Manzur Jattin, un médico que ha desempeñado las funciones de representante de los profesores ante el Consejo Superior, labor en la que se mantuvo durante 8 años. Hoy cumple la función ante el mismo Consejo, como representante de los egresados, donde pronto cumplirá un tiempo similar al anterior.”
En suma, una bien aceitada tropilla de asalto que capturó las instituciones universitarias y políticas de la ciudad como pudo apreciarse cuando el alcalde de Cartagena Manolo Duque nombra de Secretario de Educación Distrital a Germán Sierra Anaya, ex rector de la Universidad de Cartagena quien había renunciado, al parecer, por una discrepancia con el alcalde el 8 de mayo de 2017, aunque los hechos posteriores mostrarían otras facetas de la dimisión.
El 13 de abril de 2018, Reinaldo Tovar, veedor de Transparencia Caribe aseguró en la emisora bogotana La W que en la Universidad de Cartagena se vienen presentando hechos de corrupción en diversos niveles. El 17 de abril la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) solicitó en varios medios de comunicación que las llamadas “ías” investiguen en el nido de corrupción en que se ha convertido la Universidad de Cartagena desde el año 2015.
El oficio enviado al Procurador Fernando Carrillo Flórez, la procuradora regional de Bolívar Margarita de la Hoz, el presidente de ASPU, William Pérez Cantillo solicitó abrir investigación por presuntas «irregularidades y omisiones en el giro de porcentajes de los recursos para la seguridad social de los empleados» del alma máter, «afiliados a la Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena», así como en la elección y posesión del gerente de esta última entidad.
En esta última, la Caja de Previsión, acusa al rector Edgar Parra Chácon y al exrector Germán Sierra Anaya, en su condición de representante de los exrectores, haber emprendido «una campaña para que los afiliados (…) se desafilien de ella y acabar con esta, para robarse los dineros que no le giraron (…)». Por todo lo anterior ASPU pidió a la Procuraduría suspender al rector Édgar Parra y al exrector Germán Sierra “ya que ellos (…) manipulan y entorpecen la investigación».
En la carta del directivo Pérez Cantillo indica otra serie de irregularidades en la misma Caja de Previsión en las cuales habrían participado el mismo rector, el gerente de la entidad, Ismael Quintero Martínez, y otros funcionarios y servidores públicos, a quienes acusa de los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, posesión sin el lleno de los requisitos, detrimento patrimonial y fraude a resolución judicial a ente público. Según Pérez, el Ministerio Público ha debido investigar al «Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, abrogándose funciones que no le competen (…) aprobó pensiones por invalidez, bonificaciones o incrementos salariales, primas extralegales a docentes, no docentes, funcionarios públicos y trabajadores oficiales».
La denuncia pica y se extiende pues según el directivo de ASPU, de estos son corresponsables varios congresistas bolivarenses con amigos «en los entes de control», y es «vox populi que tenían familiares o ellos mismos que eran nombrado docentes en la Universidad a cambio de favores y de manejo de poder en estos órganos de control». Esto es lo que casualmente, dos años después, denuncia el actual alcalde de Cartagena William Dau respecto a su labor en torno al Consejo Superior de la Universidad de Cartagena.
El 5 de diciembre de 2018 fue capturado por el CTI de la Fiscalía German Sierra Anaya, ex rector y ex consejero de la Universidad de Cartagena por un hecho sucedido tras su paso por la Secretaría de Educación Distrital en el 2015 relacionado con la contratación del Plan de Alimentación Escolar PAE de Cartagena. Por ese mismo hecho también fue capturada junto con Sierra, Maryiris Gómez, trabajadora de planta de la secretaría y coordinadora del PAE. El ilícito, según informaciones, se dio cuando se colocaron pechugas de pollo cada una por el precio de $40.000 pesos.
No fue el único problema jurídico de Sierra Anaya en su calidad de Secretario de Educación Distrital. Allí firmó 3 convenios interadministrativos en la modalidad “yo con yo” que sumaron en ese momento $1.082 millones de pesos entre la Universidad de Cartagena y la Alcaldía. Sierra era Secretario de la cartera de educación y al mismo tiempo miembro del Consejo Superior de la Universidad en representación de los ex rectores tras la llegada de su pupilo Edgar Parra Chacón a esa posición en 2014 y su reelección como rector en el 2018.
Ni los estudiantes se salvan de escándalos de corrupción. El 31 de julio de 2019 aparece un aparente robo de $80 millones de pesos despilfarrados en 2 años por parte de 4 estudiantes en representación de un organismo universitario inexistente supuestamente en calidad de viáticos. Las informaciones partieron de un derecho de petición incoados por otros estudiantes solicitando información sobre recursos específicos de destinación de la universidad.
Allí aparecía un rubro, durante varios años, de 42 millones de pesos anuales para el funcionamiento del Consejo Superior Estudiantil un organismo que dejó de existir hace más de 18 años. Los estudiantes, intrigados por el consumo de recursos de este organismo fantasmal, pidieron ampliación documental con los destinos apareciendo que se iba en viáticos de 4 estudiantes: Javier Ojeda, Juan Camilo Constain, Sergio Quintero, representantes estudiantiles de Consejo Superior y Consejo Académico.
Por supuesto que este descubrimiento generó indignación pues mientras el salón del Consejo Estudiantil de la sede San Agustín donde debería funcionar este organismo se está cayendo en un impecable deterioro, mientras a un estudiante se le entrega un promedio de $150 mil pesos en viáticos para rutas académicas; a estos afortunados cuatro estudiantes la Universidad les ha asignado viáticos hasta por 5 millones de pesos llegando el despilfarro hasta el punto de promover fiestas de integración para darle la bienvenida a los estudiantes de primer semestre.
Los actuales Consejeros Superiores de la Universidad de Cartagena
Vicente Blel Scaff gobernador de Bolívar; representante de la Ministra de educación Maximiliano Gómez Torres; representante del Presidente de la república Manuel Raad Berrio; Rector Edgar Parra Chacón; representante de las directivas académicas: Edna Gómez Bustamante; representante de los ex rectores Jaime Trucco Lemaitre; representante del sector productivo Rodolfo Gedeón Ghisays; representante de los docentes Argemiro Menco; representante de los estudiantes Laura Ibáñez; representante de los egresados Germán Cardona Quintero y Secretaria general Yanina Arrieta.
Veamos algunas particularidades de los consejeros. Sobre todo, las más curiosas, iniciando con el gobernador Blel, hijo de un político a quién se le acusa de estar tras varias secretarías y contratos en todo el departamento de Bolívar. Fue condenado por parapolítica. El rector Parra Chacón se monta bajo la mampara protectora de su mentor Germán Sierra Anaya, ex rector y ex consejero superior. Jaime Trucco Lemaitre fue rector de 1990 a 1994 y ha ostentado en tres ocasiones la membresía por los rectores en el consejo superior (de 2011 a 2013, de 2009 a 2011 y 2014 a 2020). Ya mencionamos su peso en las altas esferas sociales de Cartagena y sus imbricaciones en diversos organismos. Por ejemplo, en la Fundación Mamonal su hija Claudia Trucco, a nombre de la empresa Surtigas, comparte asiento en el consejo directivo con Rodolfo Gedeón Ghisays, otro miembro del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena quien actúa a nombre de Sacsa, la sociedad aeroportuaria que conjuntamente con Aena, de España, operan el aeropuerto internacional Rafael Núñez.
Gedeón también tiene otras empresas tales como Glormed Colombia e Inversiones Geco y presidente y director entre el año 2006 y 2009 de unas empresas en Panamá. Miguel Raad Berrío, un consejero que funge como representante del presidente de la república es abogado de la Universidad del Norte con una tesis de nombre abstracto y curioso: “El monopolio judicial en Colombia: Reflexiones sobre el estado de derecho”. En su hoja de vida señala que pasó por la Universidad Metropolitana de Barranquilla –sí, la misma de los problemas conocidos a nivel nacional por su control– de septiembre de 2014 a julio de 2016 y fue miembro suplente de su Consejo Directivo.
Igualmente estuvo vinculado a la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla –con todos los problemas también ultra conocidos a nivel nacional– de agosto 2013 a julio 2016 y fue Secretario General de esa misma institución de agosto de 2013 a septiembre de 2014 cuando era rector el tristemente célebre por su pésima gestión administrativa Ramsés Vargas.
El representante de la Ministra de Educación es Maximiliano Torres con una hoja de vida paseada por diversas posiciones de esa dependencia estatal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un especialista en gestión de procesos educativos ante el Ministerio y en esa calidad llegó a la Universidad Autónoma del Caribe como contratista de servicios entre el 9,6 del 2015 al 8, 2 de 2016. En ese momento el rector era Ramsés Vargas.
Argemiro Menco, consejero por los profesores es poeta. Germán Cardona por los egresados, es matemático, la estudiante Ibáñez y la secretaria general, la abogada Yanina Arrieta.
El Alcalde de Cartagena William Dau califica a los consejeros superiores de la universidad de Cartagena de “nido de ratas”
Miren lo que dijo el Alcalde de Cartagena William Dau promoviendo una polémica, que, tal como se ha mostrado, data desde finales del siglo XX y lo que va del XXI. Basta releer la profética columna de Joaquín Robles Zabala en el 2016 para percatarse que tras cuatro años el panorama sigue exactamente igual o peor.
Total, las airadas declaraciones del Alcalde produjeron una conmoción en la ciudad y por supuesto dentro de la universidad. Denuncias ante la Procuraduría General de la Nación que presta, rápida, en celeridad total, el 10 de noviembre de 2020 lo citó a juicio disciplinario por presunta infracción al deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos. El reproche al funcionario fue por referirse en términos desobligantes e irrespetuosos a los directivos de la Universidad de Cartagena en declaraciones a los medios de comunicación el 31 de julio de 2020.
Las expresiones puntuales del Alcalde Dau para referirse al Consejo Superior fue “nido de ratas”, “malandrines” y “corruptos” por lo que según la Procuraduría se habría afectado la dignidad y moralidad de los funcionarios referidos vulnerando el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, “(…) tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio”. La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo y Dau dijo en sus descargos que “Todos sabemos quiénes son los corruptos menos ellos”.
Según el Alcalde Dau la Procuraduría actúa así pues varios funcionarios y sus familiares se encuentran en contratos con la universidad, corroborando lo dicho en su columna en revista Semana por Robles Zabala y ASPU años atrás: que las famosas “ías” (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) estaban cooptadas y por ello no actuaban en torno a estos procesos de corrupción galopantes y visibles al interior de la Universidad de Cartagena.
El Alcalde Dau pasa al ataque y luego de conocer el 11 de noviembre de 2020 la citación de la Procuraduría los calificó de ‘alcahuetas’. En el mes de octubre un juez ordenó al funcionario retractarse de sus declaraciones por lo que este, una semana después, se disculpó. Pero tras conocer la decisión de la Procuraduría dijo entonces: “Estas son actuaciones de los malandrines y de quienes encubren a los malandrines. Todos saben que la Procuraduría es posiblemente el mayor aliado de la corrupción en Colombia, todos los colombianos sabemos quiénes son los corruptos menos ellos, vienen a abrirme a mí un disciplinario por haber dicho que las directivas de la Universidad de Cartagena son un nido de ratas pero no hacen nada, nunca han tomado acciones por las investigaciones que se han abierto en la Universidad de Cartagena, no han tomado acción con los peajes que nos están cobrando, con los exalcaldes y con los concejales que han robado a Cartagena pero sí a mí porque digo que la Universidad es un nido de ratas”.
Para el alcalde, todo ese cúmulo de ataques en su contra se deben a que es el primer alcalde honesto que ha tenido Cartagena. Dijo lo siguiente:
El 30 de noviembre Dau asistió al juicio disciplinario citado por la Procuraduría y allí dijo que “Demostraremos la corrupción dentro de la Universidad de Cartagena y más adelante haremos una presentación demostrando, no solo la corrupción en el interior de la Universidad de Cartagena sino la connivencia entre este ente y la Procuraduría de Cartagena, vamos a sacar a lucir todas las pruebas y la mermelada que daban para que nunca fueran sancionados”.
Todo parece indicar que Dau solo ha mostrado una pequeña parte del iceberg de corrupción al interior de esta importante universidad y que además, tal como se expone a lo largo de este reportaje, no ha sido el primero –ni probablemente sea el último- en señalar que fue tomada por un grupo de personajes que se rotan posiciones y prebendas en uso de un singular control desde hace más de tres décadas.
