Mientras ciudadanos esperan oportunidades, una red subterránea devuelve propiedades incautadas a sus dueños originales
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tenía una misión cristalina: convertir los bienes de la mafia en oportunidades para las comunidades. Pero como tantas instituciones en este país, terminó siendo exactamente lo contrario: una máquina perfectamente diseñada para que los mismos criminales recuperaran lo que el Estado les había quitado. Solo que ahora con intermediarios políticos cobrando comisión.
El operativo en Medellín que sorprendió al abogado Enrique León Machado con casi mil folios de documentos reservados de la SAE no es una casualidad. Es la radiografía de un sistema que funciona como relojería suiza, donde cada engranaje tiene su lugar: políticos conservadores, abogados de confianza, testaferros del Clan del Golfo y funcionarios que miran para otro lado mientras se consume el más descarado saqueo institucional.
El Mecanismo Invisible de la Devolución
Machado no es un abogado cualquiera merodeando por propiedades ajenas. Es el «abogado de confianza» del exsenador Juan Diego Gómez, figura del Partido Conservador que ya había aparecido en videos comprometedores relacionados con redes de contrabando en Barranquilla. Que casualidad que el mismo personaje vuelva a emerger cuando se trata de recuperar bienes para la mafia.
Los documentos encontrados revelan el funcionamiento de lo que el presidente Petro denominó acertadamente una «SAE alterna»: listados de asignación de bienes, matrices inmobiliarias y registros con nombres, cargos y roles de funcionarios. Un manual completo para saber exactamente qué propiedades están disponibles, quién las maneja y cómo acceder a ellas. Como si fuera un catálogo de Amazon, pero para criminales nostálgicos de sus antiguos inmuebles.
Este no es un caso aislado de corrupción administrativa. Es la evidencia de un sistema diseñado específicamente para burlar el propósito original de la SAE. Mientras las comunidades esperan que esos bienes se conviertan en escuelas, hospitales o centros comunitarios, una red subterránea se encarga de devolverlos discretamente a sus dueños originales, previo pago de las comisiones correspondientes.
| Los 1.000 bienes incautados por la SAE que habrían sido entregados a narcos y políticos durante el gobierno Duque |
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 El viernes pasado, el presidente, a través de su cuenta de X, denunció la captura de Enrique León Machado, abogado del expresidente del Senado y exsenador Juan Diego Gómez. Lo que contó el presidente es que la detención se dio en un apartamento que había sido decomisado por la SAE. Ahí no paró el escándalo ya que la policía habría encontrado en ese inmueble 1.000 escrituras de bienes que habrían sido entregados durante el gobierno Duque a políticos y narcos. Esta información está por confirmarse. Amelia Pérez, directora de la SAE, rechazó este hecho y ordenó una investigación inmediata. El presidente afirmó que esto evidenciaría una SAE paralela, comparó este caso con el del hacker Carlos Escobar y señaló que estas redes actuaban como testaferros de políticos con cuotas de bienes de la SAE. Según Petro, estos bienes eran entregados al abogado del expresidente del Senado durante el gobierno Duque. A este “paquete de bienes” se le conocía, según él, como “cupos de devolución de bienes a narcos y políticos”. El presidente señaló: “Duque entregó la SAE y se estableció allí, ya no los cupos de contratación con parlamentarios, sino los cupos de devolución de bienes a la mafia”. Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado, pero Juan Diego Gómez sí, y afirmó que la acusación del presidente tiene que ver por el color de su partido y por ser un antipetrista en el senado. Por ahora, la Fiscalía se encargará de una investigación exprés, sobre los documentos incautados, para establecer qué funcionarios, abogados y sectores políticos habrían participado en esta supuesta red paralela. De confirmarse la existencia de la “SAE paralela”, el caso podría derivar en un megaproceso judicial, con repercusiones directas sobre la transparencia institucional y sobre figuras políticas vinculadas a gobiernos anteriores. De confirmarse, sería uno de los escándalos más sonados del presidente Iván Duque, quien, en los últimos días, se le ha visto en Israel apoyando al primer ministro de ese país Benjamin Netanyahu, a pesar de haber sido declarado criminal de guerra por la Corte Penal Internacional y porque, esa misma semana, Israel había ordenado bombardear un hospital al sur de Gaza en donde murieron veinte personas, entre los que se cuentan cinco periodistas. Mientras tanto, la directora de la SAE afirmó que existe una red de corrupción y que son miles los bienes embolatados: “Es un caso tan escandaloso como el que ocurrió con el parqueadero Padilla”. |
Los Actores del Sistema Silencioso
La red funciona con una lógica empresarial envidiable. En la cima están los políticos conservadores como Gómez, que proporcionan el blindaje político necesario. En el medio, abogados como Machado, que conocen los procedimientos legales y tienen acceso a información privilegiada. En la base, los testaferros que formalmente aparecen como beneficiarios legítimos de las propiedades.
El esquema es tan sofisticado que hasta cuenta con su propia inteligencia institucional. Los documentos incautados incluían información detallada sobre funcionarios de la SAE: quiénes son, qué roles cumplen, cuáles son sus responsabilidades. Como si fuera un organigrama corporativo diseñado para identificar exactamente a quién corromper en cada nivel de la cadena de decisión.
La administración de Duque no solo permitió que esto ocurriera; lo profundizó sistemáticamente. Como señaló Petro, se pasó de los tradicionales «cupos de contratación con parlamentarios» a algo mucho más perverso: «cupos de devolución de bienes a la mafia«. Una evolución natural del clientelismo colombiano que encontró en la SAE su máxima expresión.
El Impacto Oculto en las Comunidades
Mientras esta maquinaria funciona con precisión quirúrgica, las comunidades que deberían beneficiarse de estos bienes quedan condenadas al eterno limbo de las promesas incumplidas. Cada inmueble devuelto ilegalmente es una escuela que no se construye, un centro de salud que no se equipa, una oportunidad de desarrollo que se evapora.
El Clan del Golfo no solo recupera sus propiedades; las recupera mejoradas por el Estado. Durante el tiempo que estuvieron bajo administración oficial, muchas de estas propiedades fueron mantenidas, reparadas y valorizadas con recursos públicos. Los criminales reciben entonces un activo en mejores condiciones de las que tenían cuando se lo incautaron. Es como si el Estado fuera un servicio gratuito de administración de propiedades para narcotraficantes.
La perversión del sistema alcanza niveles kafkianos cuando consideramos que las mismas comunidades afectadas por el narcotráfico terminan financiando, a través de sus impuestos, el mantenimiento de las propiedades que luego son devueltas a quienes las devastaron. Un círculo vicioso donde las víctimas subsidian a sus victimarios.
La Conexión Perdida con la Justicia
El caso revive un patrón que se repite obsesivamente en la política colombiana: la impunidad sistemática disfrazada de legalidad. Gómez niega cualquier vínculo con estos hechos alegando «persecución política«, la misma defensa que utilizó cuando apareció en videos relacionados con redes de corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera.
La respuesta es predecible porque el sistema está diseñado para garantizarla. Los mismos mecanismos legales que deberían proteger a la ciudadanía terminan siendo utilizados para blindar a los corruptos. El aforamiento, la lentitud procesal, la complicidad judicial: todo confluye para que quienes saquean el Estado nunca enfrenten consecuencias reales.
Mientras tanto, la SAE dirigida por Amelia Pérez promete investigaciones «ágiles« para esclarecer quién filtró los documentos. Como si el problema fuera la filtración y no la existencia misma de una red criminal operando desde el corazón de la institución. Como si se pudiera combatir la corrupción persiguiendo a quienes la revelan en lugar de castigar a quienes la cometen.
El Sistema que lo Permite
Esta no es una falla del sistema; es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La SAE se convirtió en lo que los criminales necesitaban que fuera: un mecanismo de lavado institucional que les permite recuperar sus bienes con la bendición del Estado y la intermediación de respetables figuras políticas.
El esquema prospera porque cuenta con todos los elementos necesarios: políticos que proporcionan cobertura, funcionarios que facilitan los trámites, abogados que conocen los procedimientos y medios de comunicación que tratan estos casos como «escándalos» aislados en lugar de lo que realmente son: la evidencia de un sistema corrupto funcionando con normalidad.
La verdadera tragedia no es que exista corrupción en la SAE. La tragedia es que una sociedad que se dice indignada por la corrupción siga eligiendo a los mismos actores políticos que la perpetúan, siga tolerando las mismas excusas que la justifican y siga esperando que instituciones capturadas por criminales mágicamente se transformen en instrumentos de justicia.
La Pregunta Incómoda
¿Cuántos casos más como el de Machado operan en silencio mientras leemos estas líneas? ¿Cuántas propiedades más están siendo discretamente devueltas a la mafia mientras las comunidades esperan oportunidades que nunca llegan? ¿Cuántos políticos más tienen abogados de «confianza» especializados en recuperar bienes para criminales?
La respuesta está en los archivos de la SAE, en los computadores de abogados como Machado, en los registros de llamadas de políticos como Gómez. Pero también está en nuestra capacidad de dejar de normalizar lo anormal, de exigir que las instituciones sirvan al pueblo y no a quienes lo explotan.
Porque al final, una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas. Y nosotros llevamos demasiado tiempo aplaudiendo.
