El laberinto de cemento que devora $102.205 millones mientras los estudiantes esquivan huecos
Mientras miles de estudiantes arriesgan su vida diariamente navegando entre huecos, tierra y máquinas abandonadas en lo que debería ser la Gran Vía de Barranquilla, una comisión de la Contraloría General de la República llegó desde Bogotá para desentrañar lo que muchos ya sabíamos: que detrás de este proyecto se esconde uno de los esquemas de corrupción más refinados del Caribe colombiano.
La pregunta no es si hubo irregularidades en los $102.205 millones destinados a esta obra. La pregunta es cuántos funcionarios se van a hacer los desentendidos cuando la evidencia los señale directamente.
El Mecanismo Invisible: Cuando las familias se reparten el botín
La metodología es tan vieja como efectiva: crear un entramado de empresas aparentemente independientes, todas controladas por el mismo núcleo familiar, y luego repartirse los contratos como si fuera una reunión navideña. El Consorcio Vial Barranquilla, ganador del jugoso contrato de la Fase I por $62.402.366.820, es el ejemplo perfecto de cómo funciona esta maquinaria.
¿La casualidad del siglo? Tanto Equipos, Construcciones y Obras SAS (48% del consorcio) como Constructora Global Ingeniería SAS (47%) pertenecen exactamente a los mismos dueños: la familia Vaquero-Medina. Porque claro, cuando tienes que repartir $62.402 millones, ¿para qué molestarse en buscar competencia real?
Vaquero Correal Moisés, Vaquero Medina Claudia Lucía, Vaquero Medina Hugo Andrés, Gloria de Jesús Medina de Vaquero, Juan Rodrigo Franco Vaquero y Nicolás Franco Vaquero se aseguraron de controlar el 95% del consorcio. La empresa restante, Gravas y Concretos SA, apenas alcanza un simbólico 5%. Una fachada tan transparente que insulta la inteligencia de cualquier veedor con dos dedos de frente.
Los Números que Gritan Corrupción
Las obras del Tramo I debieron culminar el 31 de diciembre de 2023. Hoy, con más del 20% de los ítems sin entregar, los responsables probablemente estén contando los intereses que generan los dineros públicos en sus cuentas privadas. Pero el Tramo II es donde la burla alcanza niveles épicos: falta más del 50% de las obras que debieron estar listas el 31 de diciembre de 2024. Esto será tema de la segunda parte de este tema.
¿Y los $35.622.403.822 destinados a la «adquisición predial»? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Un misterioso funcionario de la gobernación se encargó de comprar predios durante 2022 y 2023. Las preguntas que la Contraloría debería hacerse son demoledoras:
- ¿Quién auditó estas compras millonarias?
- ¿A quiénes exactamente les compraron esos terrenos?
- ¿Qué impuestos se pagaron por estas transacciones?
- ¿Casualidad que algunos de esos predios pertenecieran a familiares o testaferros de los mismos contratistas?
El silencio cómplice del sistema
Mientras la Contraloría Departamental del Atlántico se hace la ciega, sorda y muda frente a las denuncias públicas, la Contraloría General tuvo que mandar una comisión desde Bogotá para hacer el trabajo que los funcionarios locales se negaron a realizar. ¿Coincidencia? En el mundo de la corrupción estructural, las coincidencias no existen.
El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien conoce perfectamente cada detalle de este entramado, mantiene un silencio que grita complicidad. Porque cuando tienes el poder de parar un saqueo y decides no hacerlo, te conviertes en cómplice del mismo.
Los verdaderos damnificados: una comunidad secuestrada
Mientras los Vaquero-Medina cuentan sus ganancias, más de cinco centros comerciales, miles de estudiantes de las universidades del Norte y del Atlántico, y los habitantes de La Playa, Villa Campestres I y II, sufren diariamente las consecuencias de esta estafa institucionalizada.
Los comerciantes reportan pérdidas enormes. Los estudiantes arriesgan su integridad física todos los días. Las familias ven cómo sus barrios se convierten en zonas de guerra por culpa de unas obras que jamás avanzan al ritmo prometido.
Pero claro, ¿qué importa el sufrimiento ciudadano cuando hay millones por repartir entre familiares?
La radiografía del sistema corrupto
Este caso no es una anomalía; es la norma. El esquema revela cómo opera la corrupción estructural en Colombia: se diseña un proyecto con recursos billonarios, se fragmenta entre empresas familiares que simulan competencia, se aseguran los contratos a través de licitaciones amañadas, se ejecutan las obras con la menor inversión posible, se maximizan las ganancias privadas y se abandona a las comunidades a su suerte.
La connivencia entre la gobernación del Atlántico, los contratistas y las entidades de control departamental no es casualidad. Es el resultado de décadas perfeccionando un sistema donde la impunidad se disfraza de legalidad.
El Costo Real de la inacción
Cada día que pasa sin que este caso sea investigado a fondo, cada silencio cómplice, cada evasiva institucional, le cuesta a la comunidad barranquillera no solo los millones robados, sino la oportunidad perdida de tener la infraestructura que merecen.
Los $102.205 millones del convenio con Invías no eran solo números en un presupuesto; eran la esperanza de miles de familias de tener vías dignas, seguras y funcionales. Esos recursos, desviados hacia cuentas privadas, representan hospitales no construidos, escuelas no mejoradas, programas sociales no implementados.
Invías se comprometió a girar los recurso en las siguientes vigencias fiscales:
| VIGENCIA FISCAL | MONTO | DISPONIBILIDAD DEL PAC |
|---|---|---|
| 2022 | $900.000.000 | 2022 |
| 2023 | $9.530.000.000 | 2023 |
| 2024 | $19.630.000.000 | 2024 |
| 2025 | $20.220.000.000 | 2025 |
| 2026 | $20.820.000.000 | 2026 |
| 2027 | $31.105.000.000 | 2027 |
La gobernación del Atlántico se encargó de seleccionar el contratista de la obra del primer tramo o Fase I del Proyecto que iría desde la vía Circunvalar hasta la Universidad del Norte.
La Pregunta Incómoda
¿Realmente creemos que un consorcio donde el 95% pertenece a la misma familia ganó por «méritos técnicos» una licitación de $62.402 millones? ¿O seguiremos fingiendo que en Colombia los contratos públicos se adjudican por competencia transparente?
La comisión de la Contraloría General tiene en sus manos no solo la oportunidad de hacer justicia en este caso específico, sino de enviar un mensaje claro: la época de la impunidad dorada está llegando a su fin.
Pero eso solo será posible si los ciudadanos decidimos dejar de ser espectadores pasivos de nuestro propio saqueo y comenzamos a exigir las cuentas que por décadas nos han negado. Porque una sociedad que tolera la corrupción, inevitablemente termina siendo gobernada por corruptos.
La Gran Vía de Barranquilla no es solo un proyecto vial incompleto. Es el espejo perfecto de un país que sigue eligiendo entre el robo elegante y la gestión honesta, y que sistemáticamente premia al primero mientras castiga al segundo.
Esta investigación continuará desarrollándose conforme la Contraloría General avance en su trabajo. Ahora viene la Fase II, donde el saqueo se profundizó. Una cosa es segura: los responsables de este saqueo millonario ya no podrán esconderse detrás de tecnicismos legales o silencios institucionales. La verdad, como siempre, encontrará su camino.
