La cosa comenzó en vivo y en directo con la aparatosa salida del gerente Juan Manuel Buelvas, acusado, desde diversos flancos, por sus actuaciones nada decorosas al frente del canal; aunque él, en su megalomanía, se haya creído el cuento de ganador con su gestión de Indias Catalinas a través de las producciones del canal –manejadas por su grupo de amigos– como prueba de la grandeza histórica de su paso.
Quedó un gerente encargado, Hernando de la Espriella que muy pronto se le abrió el apetito por constituirse en propiedad y como tal, se presentó en la lista de aspirante a la gerencia en el abierto concurso público de méritos. Después se retiraría, de la gerencia interina y la postulación, sin ofrecer mayores explicaciones al respecto. En ese interregno de interinidad, el canal convocó a los realizadores de la región Caribe para que presentaran propuestas en varios segmentos precisos de producción (documentales, series, miniseries, programas de concurso), en vez de esperar la llegada del nuevo gerente en propiedad para que liderara el concurso. Tenían evidente prisa por despacharse.
Pues no. Se fueron con todo a montar una convocatoria con resultados amañados –según denunciantes– que quedaron en amigos y conocidos del ex gerente Buelvas, nada raro ni extraño, si nos atenemos que su staff continuaba incólume al interior del canal con su jefe de programación Miguel Lozano, viejo compañero suyo en las lides de la organización del festival de cine de Cartagena –¿ahora se explican las nominaciones y premios Indias Catalina?– y Katherine Escorcia, jefe de producción.
El concurso cerraba el 7 de julio y cuando todos ya habían hecho sus propuestas, presentado proyectos, fue pospuesto misteriosamente, quebrantando las normas mínimas de convocatorias públicas en tal sentido, aduciendo un “apagón” puntual en Valledupar que había impedido que los proponentes de esa ciudad acudieran con sus propuestas. Ni que las hubieran tratado de enviar todos el mismo día y a la misma hora del corte de energía. También hubieran podido excusar el aplazamiento con la posible llegada de tormentas tropicales, de la cercanía de la tierra de un cometa o un brote intempestivo de la epidemia en las instalaciones del canal.
Después, seleccionaron una serie de proyectos sin presentarle a los proponentes el acta de juzgamiento tal es usual y legal con los puntajes respectivos de cada uno de ellos en los pliegos de convocatorias públicas para efectos del ejercicio del derecho al debido proceso y evitar amangualamientos, fallos caprichosos y objeto de toda clase suspicacias, como al final sucedió.
Una irregularidad imperdonable esa de esconder actas de juzgamiento con su carácter público convertida en sistemática en las decisiones de los actos administrativos de ese canal de televisión regional.
Un concurso de gerente viciado
Llega a la gerencia interina del canal Diana Acosta, conocida por sus incursiones políticas de manos del “charismo” en cultura y comunicaciones, con su carga a cuestas, su palmarés de irregularidades en contratos tal y como los presentó, uno por uno, en su momento Corrupción al Día. Era para aterrarse con el desenlace en la escogencia del concurso de gerente pues las garantías, en manos de esta funcionaria, se encontraban en serio peligro tal como efectivamente sucedió, aunque la responsabilidad mayor del desaguisado reposa sobre los hombros no tan augustos de la Junta Directiva del Canal.
Lo presentido sucedió. Los puntajes en las evaluaciones muestran los siguientes resultados entre los aspirantes siendo el más alto con 290 Harold Salazar, seguido por Mabel Moscote con 270, Geovanny Otalora con 270, Silvana Arbeláez con 270, Luis Martin Castro con 240 y Omar Segura con 240. Al final, se escoge la terna con los siguientes porcentajes de cada aspirante: Harold Salazar con 96%, Geovanny Rene Otalora con 90% y Mabel Moscote con 88%, con la probabilidad más baja. Lo curioso es que esta última fue la escogida y Salazar, que estuvo de primero entre los preseleccionados y la terna, fue descartado.
Pero antes de la escogencia; en la preselección, habían ocurrido diversas irregularidades e ilegalidades. La Junta Administradora del Canal nombró una Comisión Accidental conformada por el Ministerio de Informaciones y Tecnologías, gobernación –no gobernador, ojo– del Magdalena, Atlántico, Sucre, Universidad del Magdalena –que también había preseleccionado los aspirantes a la convocatoria de realizadores– y la Universidad de Cartagena. Es importante que no nombró al gobernador o su representante, al rector o su representante, sino al ente jurídico, el cual, en los aspectos formales, ha debido acreditar su representante con la firma y sello del respectivo funcionario cabeza institucional. Ese hecho, importante, también fue obviado. Por lo menos eso dice uno de los preseleccionados. John Ludwing Medina en su escrito argumental de acción de tutela.
Aquí vienen los hechos sospechosos. Entre el 3 y el 4 de junio de 2020, se reunió la Comisión Accidental para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de los aspirantes a gerente. Sin embargo, no aparece acta de tal reunión con los resultados de sus pesquisas y la correspondiente evaluación. Ha debido dejarlo en un escrito con sus respectivas firmas.
El 5 de junio apareció publicada en la web de TeleCaribe los aspirantes aptos y luego, tras varios pasos procedimentales, nuevamente el 26 de junio. Así fueron descartando y apareciendo “fallas” de cumplimiento de los aspirantes que, por supuesto, movieron a suspicacias a los eliminados, que seguros del cumplimiento de los requisitos aportados, no se explicaban su súbita salida de la competencia.
Allí fue cuando uno de ellos, el mencionado ingeniero John Medina le pide a los miembros de la Comisión Accidental, mediante derecho constitucional de petición, que le entreguen las actas en donde se presentan los ajustes, evaluaciones, recomendaciones sobre cada uno de los aspirantes a la gerencia y la sustentación para considerarlo descartable o elegible con sus puntajes respectivos.
El derecho de petición fue respondido el 13 de julio por el presidente de la Comisión Accidental Nemesio Roys con esta rotunda negación: “ Para responder estas dos preguntas, en primer lugar la comisión Accidental le aclara que no existe copia del acta de evaluación…, pero lo invitamos a visitar el enlace correspondiente a la Convocatoria 003 del 2020 en la página web del Canal; por otro lado, la determinación de no cumple por la Comisión Accidental determinó que el acumulado de meses relacionados como experiencia profesional relacionada con el cargo a proveer es de 58,8 meses y por lo tanto no cumple con el requisito mínimo exigido de los 68 meses de experiencia”…
Medina, nuevamente les inquirió, pues estaba en capacidad de demostrar que tenía más del tiempo requerido como requisito, tal como lo demostró en el contenido de la tutela, por lo que alega que la decisión de la Comisión Accidental fue caprichosa y sin fundamento. Al reclamarles por las condiciones y marcos desarrollados en su evaluación que deberían –deber ser- estar consignados en un acta, nuevamente le reiteraron que el acta no existía, de lo que se desprende que no hay hecho jurídico administrativo que fundamente la argumentación de la Comisión, considerando el postulante Medina que le violaron su derecho al debido proceso impetrando una acción de tutela que cayó en el juzgado cuarto penal del Circuito el 27 de julio de 2020.
La tutela, valga señalar, tiene las condiciones para ser fallada a favor del demandante Medina al no poder acreditar la Comisión Accidental de TeleCaribe para escogencia del gerente, de actas en donde se encuentren consignadas sus decisiones con la firma y nombre de todos los participantes, hecho gravísimo pues se trata de un acto administrativo de carácter particular que debe notificarse y sustentarse a las partes involucradas.
Una gerente con una hoja de vida no muy audiovisual
Al final eligieron a la candidata de la terna con el puntaje más bajo, a Mabel Moscote, ante la sorpresa de los que seguían este proceso de escogencia del gerente, pues la elegida por la Junta Administradora del canal Telecaribe es una ignara en comunicaciones y procesos audiovisuales que esgrimía, en su hoja de vida, un paso de 5 años por la secretaría del canal, posición administrativa sin mayor carga conceptual cultural, ideológica o filosófica.
También acredita su paso laboral por una empresa que instala eventos con pantallas gigantes (Interfilms) hecho no soportado en forma debida. Como tampoco; y es una ilegalidad, no aparece en la Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) a pesar de su paso por TeleCaribe, gerente de la Administración Postal Nacional y el Instituto de Transito del Atlántico, desde el 2012 “hasta la fecha” como señala en su hoja de vida. ¿Tres cargos públicos y no se encuentra en el SIGEP? He aquí una bandera roja que indica corrupción.
A propósito del tránsito, la Procuraduría General de la Nación le elevó pliego de cargos a una exdirectora y otra funcionaria, el 31 de mayo de 2016 por “presuntamente omitir la exigencia de la presentación del documento que acredita la inscripción o registro de un ingeniero industrial en el registro profesional. Se trata de Mónica Rosales Mendoza, directora durante la vigencia 2013 – 2015 y Mabel Moscote Moscote profesional especializada, del Instituto de Tránsito del Atlántico, quienes omitieron la exigencia de la exhibición del documento que acredite la inscripción en el Registro Profesional de Ingenieros de un ingeniero industrial contratado para “la señalización de algunas vías y municipios del departamento del Atlántico”, mediante la licitación pública 01-2014, violando el deber contenido en el artículo 11 de la Ley 842 de 2003.
Asimismo, habrían violado la Ley 1150 de 2007, la cual advierte que se debe realizar procesos licitatorios con observancia de los principios de la contratación estatal, y la Ley 80 de 1993 que señala en sus artículos 24 y 26 que se debe actuar con transparencia y responsabilidad, respectivamente.
La Procuraduría General de la Nación calificó las faltas como gravísimas cometidas con dolo. Pero allí no paran las sorpresas en la vida de la nueva gerente de TeleCaribe. En su entorno familiar Mabel Moscote es la esposa de José Gordillo, Director de la Cárcel Distrital de El Bosque quién presentó “renuncia irrevocable” el 1 de agosto de 2019 –un eufemismo para pedirle que saliera elegantemente de su condición administrativa– tras varios escándalos en el centro carcelario con tomas de los reclusos, riñas, heridos (más de 25), fiestas en su interior y pérdida total del director sobre el control del centro reclusorio, lo que motivó la incursión del ESMAD al interior de la cárcel de El Bosque. Gordillo, con 11 años en el cargo, tenía varias denuncias en su contra por malos manejos y negligencia.
Gordillo aparece ahora como propietario de la empresa de transportes Alemar (http://transalemar.com.co/) –contratista de alquiler de vehículos a entidades públicas y privadas con una gama de vehículos de diversa gama –algunos de elevados precios- y que, oh coincidencia, pertenece al sector de transportes en dónde tiene competencia institucional para diversos asuntos el transito del Atlántico en donde estuvo “casualmente” trabajando su esposa Mabel Moscote hasta su reciente llegada triunfal a TeleCaribe.
TeleCaribe, otro comando político
Bajo este cúmulo de antecedentes, parece que la decisión de la Junta Administradora del Canal obedeció, tal como ha acontecido con otras instituciones culturales tomadas por ineptos o personajes cuestionados, al objetivo de convertirla en un comando político para disputarse a dentelladas sus presupuestos y desde allí ejercer una labor de control de una televisora regional que se sumaría a emisoras, noticieros, periódicos y medios digitales con el objeto de crear matrices de opinión de acorde a los requerimientos de los publicistas y comunicadores de los políticos involucrados y sus jefes.
La mala noticia para ellos es que Telecaribe ha perdido audiencia notable y su modelo televisivo de arriendo comercial es perfectamente obsoleto y totalmente alejado de sus fines institucionales tal es la difusión de la cultura del Caribe colombiano en sus diversas etapas históricas –incluso las terribles inequidades y desigualdades socio económicas de la región- alejándonos de las visiones estereotípicas que ha promovido este canal en tal sentido desde sus inicios fundacionales.
La gerente Mabel Moscote presentó un posible itinerario u hoja de ruta a la Junta Directiva. Dice así: “Las energías y trabajo estarán enfocados en volver a Telecaribe un activo común que fomente, lo que somos como seres Caribe, que desde la Guajira hasta Córdoba, exista una sola voz que articule esa forma de ver la vida y nos muestre al mundo y a nosotros mismos lo que somos como ser Caribe, esa idiosincrasia de la que hablaba García Márquez, Fals Borda y Gossaín”.
Pongamos polo a tierra a esta parrafada que obviamente no fue idea de la gerente. Ni más faltaba tanta elucubración en una burócrata de carrera. Vamos por partes, negando enfáticamente que el “caribe sea una sola voz”. Son múltiples y complejas voces. Campesinos sin tierra, desplazados, desposeídos, trabajadores rebuscones, magnates con yates y aviones, pobrecía en cinturones de miseria urbanos, indígenas, afros, mulatos, inmigrantes de diversos países, culturas contrapuestas, economías precarias y una larga y prolija lista que no viene al caso. En suma: no hay una sola voz.
Por esa misma circunstancia que no existe una sola voz, menos puede funcionar el concepto de “idiosincrasia” única, hegemónica, casi un concepto de nación cultural –nación en el sentido que indicaba el ideólogo francés Emmanuel-Joseph Sieyès en 1790- y tal concepto jamás fue planteado por Gabriel Garcia Marquez y mucho menos por el sociólogo Orlando Fals Borda en sus análisis, ensayos, libros y escritos sobre investigación y acción participativa y hombre sentipensante. Pero vamos al terreno práctico sobre tal aseveración de idiosincrasia única del Caribe colombiano: en nada se parece un guajiro a un ribereño plateño del Magdalena, un cartagenero a un samario o barranquillero, un monteriano a un valduparense y un nativo de Aguachica, Cesar con un habitante de Mahates.
Otro notable error que indica a las claras que Mabel Moscote no sabe lo que está hablando y repite en calidad de espejo o eco parlante lo que mal observa es su pretensión de “Convertir a Telecaribe en una empresa comercial y financieramente sostenible con la consecución de alianzas estratégicas y recursos propios distintos a los que por ley tiene derecho”.
En realidad la sobrevivencia de este canal se debe a los recursos que le giran diversas instituciones tales como gobernaciones, alcaldías, universidades, Comisión Nacional de Televisión y Ministerio de la Información y Tecnologías. Su modelo de arrendamiento comercial, en donde se disuelven, se esfuman sus potencialidades culturales y de integración, no ha resultado. Sus finanzas dependen no de las actividades comerciales sino de los recursos dispuestos para su sostenimiento.
En tales circunstancias, y de prosperar la gerencia de Mabel Moscote, se habrá retrocedido años luz en este medio de comunicación regional regresando a etapas anteriores donde la politiquería arrasadora regional lo puso al borde de su disolución. La estupidez y falta de visión de la Junta Administradora del canal Telecaribe es inconmensurable. Levantamos una mega bandera roja de corrupción
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