Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el 2014, se tomó la decisión de acabar con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que se había convertido en un nido de corrupción, que incluso generó la judicialización de varios de sus funcionarios y políticos. 

Su eliminación dio paso a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con la que se pretendía enderezar el torcido en que se había convertido su antecesora. Sin embargo desde hace ya algún tiempo, estaba claro que tal entidad había tomado el mismo rumbo de la DNE, es decir, la corrupción, y así lo advirtió el presidente Gustavo Petro desde su posesión. 

Petro ratificó su denuncia el pasado 13 de octubre, en una rueda de prensa acompañado del fiscal general Francisco Barbosa y el recién nombrado presidente de la SAE, Daniel Rojas.  

Los miles de millones de pesos que –dijo el Presidente– andan perdidos en el inventario de la SAE, lo motivaron a pedir a la Fiscalía buscar a los responsables y poner al servicio de la sociedad los bienes incautados a la mafia. 

Esto dijo Petro al señalar que la suma de los bienes de los que no se tiene registro supera los dos billones de pesos. 

La orden de Petro al presidente de la SAE fue la de determinar cuáles son, en dónde están y quién tiene «la totalidad de los bienes extinguidos o en extinción de dominio a criminales». 

Luego, apenas este fin de semana, cuando hacía entrega a 50 familias campesinas, de una finca ubicada cerca en Montería, que consta de 540 hectáreas y que había sido incautada al ex jefe de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, el presidente lo volvió a ratificar. 

Y afirmó que: «aquí venimos a plantear un pacto y a través de lo que ha pasado en los entretelones de la entrega de esta hacienda, podemos ver lo que está pasando con todos los bienes incautados al narcotráfico».  

Aseguró que en la SAE, que administra bienes en proceso de extinción de dominio o sobre los que se haya decretado extinción de dominio, ha habido corrupción, pues al hacer trazabilidad a las transacciones financieras en especial de esta hacienda y, según dijo, lograron determinar que las ventas y compras del ganado han sido las mismas a las que se hacían antes de que el Estado tuviera el control del inmueble. 

«¿Por qué sigue siendo en manos del Estado esta hacienda un círculo y un nodo de la circulación del capital untado por la cocaína? ¿es un caso aislado, o así ha sido con todo?» señaló el presidente Petro. 

Además, el mandatario agregó «¿El estado ha administrado la buena circulación del dinero del narcotráfico? ¿Es un narcoestado? ¿Qué hicieron con esta hacienda? que nos expliquen los funcionarios de la SAE, por qué esta hacienda sigue siendo un motor de la economía narcotraficante en Córdoba». 

Por esto, aseguró que si se comprueba que hay funcionarios del Estado que han permitido esto deben salir inmediatamente, pues los bienes y la tierra deben ser para garantizar la reparación de las víctimas asegurando que el Estado se puso del lado de los victimarios. 

Refiriéndose a otras instituciones del Estado, también aseguró que hubo funcionarios que para restituir las tierras despojadas a las víctimas primero revisaban si en esas zonas no había proyectos mineros, pues, según Petro, si había títulos mineros la tierra no era restituida.

Señaló, además que, los jueces tienen en su despacho casos que equivalen a 5.700.000 hectáreas sobre los cuales no se ha fallado o tomado decisión alguna: «El narco hizo la masacre y el estado remató», fueron las palabras del presidente

La carta de Mancuso 

Las denuncias que ha hecho el mandatario, incluso motivaron que el mismo el exparamilitar Salvatore Mancuso, desde su lugar de reclusión en Atlanta (Estados Unidos), le enviara una carta diciendo que estaba listo para trabajar por la ‘Paz total’. 

Pero lo más grave, es que termina dándole la razón a Petro en el sentido de que los bienes incautados a narcotraficantes vinculados con las AUC, no terminaron en manos de las víctimas que supuestamente debían ser reparadas. 

Este hecho demuestra que el Estado no fue competente a la hora de recibir y entregar las tierras y otros bienes y activos que estuvieron en manos de las Autodefensas. Todo indica, a la luz de lo que se va revelando por los medios de comunicación, que gran parte de lo que se entregó terminó en manos de terceros de manera fraudulenta o en su defecto en el abandono. Tuvimos, paradójicamente, que recurrir ante los Magistrados de control de garantías de Justicia y Paz y a la Corte Suprema de Justicia, para obligar al gobierno de Uribe, y en aquella época, a la Agencia Presidencial para la Acción Social, a que recibieran las tierras y bienes”, señala Mancuso.

Y agrega que fueron los primeros en denunciar el abandono de tierras y de proyectos productivos, el robo y saqueos de los bienes entregados en pleno rendimiento y que terminaron convertidos en un “descarado detrimento patrimonial”.  

Según Mancuso, la reforma agraria que lidera su gobierno debería empezar por Córdoba, no solo por ser una de las regiones más azotadas por la violencia, sino porque allí “siguen muchos temas inconclusos que son el resultado directo de varios factores que quedaron pendientes o fueron incumplidos en nuestra negociación y posteriores a la desmovilización“. 

Dr. Petro, no solo está pendiente la reforma agraria y la reparación de las víctimas, también está pendiente desmontar los nuevos órdenes sociales que creamos los actores del conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores, así como los factores de persistencia que perpetúan las violencias –tareas absolutamente urgentes-, además de ello como primer paso y hecho político que selle nuestro acuerdo de voluntades compartidas, está pendiente finalizar el proceso de reincorporación y reintegración de quienes nos desmovilizamos como resultado de la negociación de Ralito“, señala el exjefe paramilitar.

Y finaliza la misiva diciendo: “Cuente conmigo, y estoy convencido que con los ex comandantes de las AUC, para ayudarle a la titánica tarea de construir la paz total". 

¿Dónde están los bienes? 

Volviendo a la SAE, días antes, su presidente Rojas Medellín, había advertido, en entrevista con la revista Semana, que estaba muy preocupado, no solo por el inventario de bienes que, según el funcionario, estaba relacionado en unas tabla de Excel, sino por cómo son administrados. 

«El inventario de activos de la SAE no es coherente con lo que materialmente tiene la entidad. No tenemos a ciencia cierta una cifra exacta de los bienes muebles e inmuebles que administramos y los sistema de información de las diferentes entidades comprometidas en esa misión son incompatibles», dijo Rojas. Al parecer, según el funcionario, más de 5.000 de esos bienes solo aparecen en el papel o en tablas de Excel y les falta la matrícula o el registro catastral. 

Lo que va de la DNE a la SAE 

Tales denuncias no obstante, no son nuevas, empezando porque hay una inconsistencia entre los inventarios que manejan la SAE, la Fiscalía General y la Rama Judicial. 

La SAE tiene el programa Sigma; la Fiscalía, el Sagitario; y la rama judicial, el Sierju. Si bien no son compatibles entre sí, también tienen diferentes formas de reunir estos bienes y activos en poder del Estado. 

En la época de la DNE, la relación de bienes se trabajaba en una base de datos denominada Faro. Sin embargo, todas las cifras de administradores, secuestres y datos financieros de cada activo se hacían a través de otros sistemas, lo que hacía muy compleja la operación. 

Antes de que se ordenara la liquidación de la DNE, frente a las numerosas denuncias de corrupción e ineficiencia, se hizo una migración de las bases de datos a una nueva plataforma que se llamó Matrix. 

En esa migración de información, según varios exempleados de la DNE y la SAE, cerca de 2.000 bienes se perdieron de la base de datos. Una parte importante fue por inconsistencias jurídicas y otros, por errores del sistema, lo que hizo que no quedaran listados, que quedaran sin secuestre o administrador. En otras palabras, sus dueños originales, poseedores o antiguos administradores asignados por la DNE los están usufructuando, sin que el Estado tenga ningún control sobe ellos. 

Y cabe la pregunta entonces: ¿Fueron tales errores, involuntarios o fraguados por terceros interesados? 

Esta, precisamente, es una de las denuncias que pondrá en evidencia una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) y en la que se revelará que la entrega de bienes que se hizo entre las entidades fue documental, mas no física, lo que le dificultó a la SAE la plena identificación de todos los activos. Incluso hoy, hay un grupo de bienes sin determinar. 

Según ese informe de la CGR, más de 16.200 bienes inmuebles no reportan estado físico y más de 25.000 carecen de avalúo comercial, lo que hace complejo su control y administración con el objetivo de hacerlos productivos y rentables, evitar su deterioro y así contribuir con los programas sociales del Gobierno. 

En la actual plataforma Sigma figuran en la actualidad 29.424 activos, de los cuales 4.731 ya han sido extinguidos en su propiedad a favor del Estado.  

El senador Gustavo Bolívar, afirmó recientemente que la nueva administración de la SAE encontró 400 actas de hallazgos, que no es otra cosa que relacionar en las bases de datos los predios, sociedades o activos que han sido ubicados por funcionarios de la entidad, pero que no están en Sigma. 

Lo cierto es que desde donde se le mire, las inconsistencias entre Fiscalía, SAE y Rama Judicial -que además no son de ahora-, por cualquieras que sean las razones, han permitido de una u otra manera la corrupción con estos bienes expropiados, y donde han resultado salpicados funcionarios públicos. 

Los “beneficiarios del desorden y la corrupción 

En cuanto a quienes se han beneficiado de este aparentemente “involuntario desorden” o “errores”, hay de todo tipo de cuestionados. 

El caso reciente y que ejemplariza el grado de corrupción que se ha manejado los últimos tiempos al interior de la entidad, es el del general retirado de la Policía, Rodolfo Palomino, quien resultó siendo arrendatario de un predio rural que le había sido incautado al narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias  “Pedro Orejas”.  

Según reveló ayer el portal La Nueva Prensa, la adjudicación de la hacienda La Granada, de 44 hectáreas, ubicada en el municipio de Simijaca (Cundinamarca), fue hecha de manera inconsulta por Leidy Constanza Cifuentes, ex vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles de la SAE. Esto ocurrió diez días después de haber asumido Gustavo Petro la Presidencia de la República. 

El pago mensual por la hacienda entregada a PAAR Consulting Group SAS, empresa familiar de Palomino, es de $8.070.00 pesos durante cuatro años, lo que expertos consideran leonino, pues el valor real es de 60 millones, a razón un millón y medio por hectárea, en una de las zonas más fértiles de Colombia. 

Y agrega la información del portal que un abogado familiarizado con el tema les aseguró que “Es una práctica muy común que los narcotraficantes pongan testaferros de toda su confianza para que administren los bienes que les incauta la SAE, entidad que los entrega a particulares para su administración, casi siempre mediante maniobras corruptas”. 

Palomino no podía recibir esa hacienda de parte de la SAE debido a que, entre otras cosas,  sobre él pesa una sanción disciplinaria de la Procuraduría que lo inhabilita para contratar con el estado colombiano durante 13 años. También, figura en un expediente penal sobre compras corruptas de camionetas blindadas para la Policía Nacional. 

En su defensa, esta misma semana Palomino ha dicho que no sabía que la hacienda hacía parte de los bienes incautados a Pedro Orejas y que desconocía si hubo o no tráfico de influencias, pues solo hubo un contrato de arrendamiento con el Estado colombiano. 

Previamente había asegurado que desde 2016 se dedicó a la ganadería y la producción de leche de vaca en una finca en el municipio de Tenjo. “Cumpliendo el tiempo de arriendo —de 5 años— busqué en la página de la Sociedad de Activos Especiales algunos terrenos en Cundinamarca y Boyacá que se acomodaran a las necesidades comerciales del emprendimiento”, aclaró en un documento. 

A comienzos de 2022 conoció cerca de 200 documentos de predios rurales de la SAE. En abril visitó las fincas de El Recodo, La Estepa, El Fical y Granada determinando que “cualquiera de ellas podía resultar útil para el referido emprendimiento”. El 23 de mayo presentó su solicitud formal para el arrendamiento del predio que lo envolvió en el escándalo de corrupción. 

Después de realizar el correspondiente pago, “el 11 de agosto fui informado por funcionarios de la SAE, pertenecientes a la Gerencia regional Centro Oriente, que el contrato de arrendamiento se encontraba listo, firmado y autenticado”, puntualizó Palomino.

Asimismo, se quejó porque no le informaronsobre la historia y la trazabilidad de la propiedad del inmueble y destacó que nunca ha efectuado algún negocio con personas “comprometidas en algún acto ilícito”. 

Pero, otra cosa dijo de inmediato el vicepresidente jurídico de la SAE, Sebastían Caballero, quien recalcó que, “Todos los predios que tienen procedencia de medidas cautelares por extensión de dominio, se le aclara a quienes están interesados en adquirir el bien, ya sea en enajenación temprana o en destinación definitiva o quienes van a aspirar a hacer depositarios, el origen del predio”. 

Por lo pronto ya la SAE inició el proceso para cancelar el contrato de arriendo con Palomino. 

Otro salpicado con esto de los bienes incautados a la mafia es el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez

En junio pasado, Noticias Uno informó de una supuesta reunión entre el Gómez; su hermano, vicepresidente de Central de Inversiones S.A. (CISA), David Orlando Gómez; y el entonces presidente de la SAE, Andrés Ávila, en el restaurante Tauro Steak House, del norte de Bogotá.

En esta reunión, los asistentes habrían hablado de la posibilidad de hacer negocios con los bienes incautados, fijando precios convenientes para los interesados, con los que, al parecer, existía un acuerdo previo. Hoy, los señalados niegan tal conversación, dicen que el encuentro fue fortuito y que no existe ningún acuerdo previo. 

En efecto desde abril de este año, la Corte Suprema de Justicia le mantiene abiero un prceso a Gómez Jiménez, quien buscará la gobernación de Antioquia en 2023, tras vincularlo con irregularidades para quedarse con propiedades que están bajo custodia de la SAE. 

La denuncia contra el ex presidente del Senado, también involucra a David Orlando Gómez Jiménez, hermano del congresista, y al expresidente de la SAE Andrés Ávila. 

Según reveló en junio pasado Noticias UNO, el senador Gómez, su hermano y el presidente de la SAE se reunieron el 17 de marzo de 2022 para concretar negocios con bienes en extinción de dominio, razón por la cual la Corte Suprema investiga al senador Gómez por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.  

David Orlando Gómez Jiménez, hermano del ex presidente del Senado, es el vicepresidente de la Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad que administra las propiedades del Estado, configurándose así un claro conflicto de intereses pues la familia Gómez Jiménez se dedica a los negocios inmobiliarios y el hermano del Senador cuenta con información privilegiada de ese sector de la economía.

Antes de ser el vicepresidente de Soluciones para el Estado de CISA, David Orlando era el gerente de esa entidad en Antioquia, administraba las propiedades del Estado en el departamento donde su familia ha tenido sus negocios inmobiliarios. 

Pero además, la familia de Gómez ha estado envuelta años anteriores en escándalos de corrupción. Su padre, Orlando de Jesús Gómez, alias «la Ballena» fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, delitos en los que incurrió para adueñarse de un predio en Bello.  

Y cuando Juan Diego Gómez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como «Los Bulldozer», por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios. 

En resumen la Corte Suprema indaga si particulares se estuvieran beneficiando de la venta masiva de los bienes a disposición de CISA, la encargada de comercializar los bienes de la SAE. 

Finalmente está el caso de la mamá del expresidente Iván Duque, Juliana Máquez, quien aparebtemente habría usado sus influencias como madre del entonces presidente de Colombia para hacerse a algunos inmuebles bajo el amparo de la SAE. 

En manos de la Fiscalía reposan dos audios de llamadas en las que la madre de Iván Duque  habla con Nova Lorena Cañón, quien está implicada en la red de corrupción del senador Mario Castaño. 

En las conversaciones las mujeres se refieren a la asignación de bienes incautados, donde la madre del presidente Duque, Juliana Márquez, dice que hace gestiones ante entidades del Gobierno para conseguir ayuda para un proyecto social suyo. 

Cabe aclarar que Juliana Márquez fue interceptada justo cuando hablaba con Nova Lorena Cañón, relacionista pública y una de las protagonistas del entramado de corrupción, despertó toda la atención y sospecha de los investigadores, más cuando escucharon mencionar bienes incautados a narcotraficantes y otros delincuentes, en poder de la gubernamental SAE que podrían ser asignados a una obra social de la mamá del presidente; así como de un lobby que doña Juliana admite hacer ante subordinados de su hijo. 

La interceptación involucra además al coronel Alexander Castillo Marín, un alto oficial de la Policía Nacional, quien tendría mucha influencia en la SAE y así conseguir le sean asignados bienes incautados para el proyecto de Juliana Márquez. 

Lo que dice la Contraloría

Apenas hoy se conoce que, según la Contraloría General de la República, en la SAE se encontraron 581 bienes inmuebles, los cuales su extinción es en metros cuadrados, avaluados en menos de $1 millón, lo que la suma o su valor no cuadraría con las cifras. 

Además, la Contraloría resaltó que 1.316 bienes inmuebles, en su valor determinado, están subvalorados desde el punto de vista comercial. La diferencia económica de estos bienes y los del mercado es de $195.484 millones, por lo que avalúo catastral registrado es mayor. 

El estudio también encontró que no se tiene en claridad el estado físico de 57,5% (16.283) de los bienes inmuebles registrados en el inventario, los cuales son 28.343. Esto hace que no se cumplan las políticas institucionales en materia de asignación de depositarios, generando concentración de bienes. 

Y, por último, no se han gestionado la entregado correspondiente de bienes de la extinta FARC, conforme lo dispuesto en el Decreto 1535 de 2017. Por esto, la Contraloría adelantará auditorías específicas al cumplimiento de las obligaciones de la SAE y seguimiento permanente del inventario de los bienes de extinción de dominio. 

En resumen, la extinción de dominio solo se ha vuelto un lucrativo negocio, que aparte de no reparar a las víctimas del narcotráfico o de los grupos alzados en armas, ha servido para abultar bolsillos de inescrupulosos y corruptos personajes. 

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