Por: Jan Slodvak

Cuando se trata de actuar por encima de la Ley, defender intereses particulares y oscuros, la corrupción de la justicia en Barranquilla puede tomar dos vías: en tiempos inverosímiles  por la rapidez se deciden demandas, o sino, ocurren “milagros” que promocionan a los jueces encargados de decidir litigios de envergadura para el bien común y los pleitos pasan de un togado a otro dilatando los procesos hasta el olvido.

Esta es una historia de esos milagros, en donde tres jueces que tocaron la demanda contra el POT de Barranquilla fueron promocionados a magistrados y uno a procurador regional encargado.

El Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla, decretado en el período de la alcaldesa Elsa Noguera en circunstancias abiertamente ilegales, rotulado con el número 0212 de 2014, ni siquiera aparece en la página institucional de la alcaldía, pues cuando se busca, aparece error 404, la pagina que buscas no existe.

http://www.barranquilla.gov.co/publicaciones/doc_download/2392-decreto-0212-de-2014-adopta-pot

José Raúl Rodríguez Jiménez

El POT fue demandado por José Raúl Rodríguez Jiménez en su condición de presidente y representante legal de la Asociación de Establecimientos Nocturnos (ASONOCTURNOS), entidad gremial que consideró que los traslados de territorio –ente otros puntos– que ordenaba el plan no les convenía a los intereses de sus negocios pues los desmantelaba de sus lugares actuales para obligarlos a instalar en otros de la ciudad en donde correrían una suerte incierta.

Según Rodríguez, tal consta en la demanda, se vulneró el artículo 313, inciso 7 de la Constitución Política, los artículos 25 y 33 de la Ley 388 de 1997, el artículo 12 de la Ley 810 de 2013 y el artículo 6 del Decreto 4002 de 2014.

Para ilustración de nuestros lectores veamos de qué tratan cada una de estas normas legales:

El artículo 313 de la Constitución política señala la competencia de los concejos municipales y distritales y en su inciso 7 indica:

“Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.

Es importante recordar que el Concejo determinó que en la isla La Loma no se podía ejecutar desarrollos inmobiliarios. No obstante, como parte de los planes de actuación urbanística de la administración Noguera se encontraban encausados hacia ese propósito, en medio de una gran polémica pública expidió un POT que sí contenía esas intervenciones en la isla La Loma.

 

Pues bien, el trámite dentro del concejo fue accidentado, obligando a extras que incluso pasaron de un año a otro. Al respecto, la Ley 819 de 2003 en su artículo 12 indica la relación en cronograma y sincronización entre el concejo y el alcalde:

ARTÍCULO 12. Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a los Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde.   

Si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde.

Sobre la vulneración del artículo 25 de la Ley 388 de 1997 se relaciona con la los procedimientos y cronogramas para expedir un POT:

Artículo 25. Aprobación de los planes de ordenamiento. El proyecto de plan de ordenamiento territorial, como documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática y de la concertación interinstitucional de que trata el artículo precedente, será presentado por el alcalde a consideración del concejo municipal o distrital, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación. En el evento de que el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la administración.

El artículo 33 de la misma Ley 388, expone cuales son los terrenos de uso rural para diferenciarlos de los urbanos. Por otro lado, el Decreto 4002 de 2004, articulo 6, determina los procedimientos para cambios y variaciones del POT.

En palabras sencillas, Asonocturnos, a través de su presidente, atacaba en su demanda los procedimientos y tiempos con los cuales se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla en el 2014. La demanda fue presentada en ese mismo año, por Asonocturnos y/o José Raúl Rodríguez –quien era en ese momento su presidente- y radicada con el número 08-001-33-33-003-2014-0000481-00, la cual, tras su reparto judicial, fue asignada al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla.

Otra demanda en contra del Plan de Ordenamiento Territorial fue incoada por los abogados Antonio Bohórquez y Luis Iván Arango, de la fundación Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, “porque según la Ley, la alcaldesa Noguera no tenía competencia para hacerlo, porque los tiempos se le vencían al Concejo de Barranquilla el 9 de marzo de 2014 y la mandataria lo hizo el 28 de febrero”.

En Corrupción al Día hemos sostenido que en Barranquilla hay un cartel de la toga que reparte procesos, los direcciona y los falla, no en derecho, si no según la conveniencia del mercado persa que se forma a su alrededor. Así pasó con la Acción Popular contra la Triple A que lleva 10 añitos deambulando en esos juzgados administrativos en donde se repite similar esquema de cambios de jueces y dilaciones en los trámites, cuando no en la entrega de prebendas en forma de cursos o empleos de familiares de los jueces en uno de los protagonistas involucrados en la demanda.

La “cadena de milagros judiciales” en torno a la demanda del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla

Al terminar su período reglamentario como alcaldesa de Barranquilla, su partido Cambio Radical, al que el presidente Juan Manuel Santos le había otorgado en alianza estratégica varios sectores del gobierno, fue nombrada el 25 de abril del 2016 en uno de ellos, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Para Bogotá se llevó a parte del equipo de la Secretaría de Planeación, incluido su Secretario Miguel Vergara.

Desde ese momento, por soplo divino, empezaron los milagros en el ámbito del Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla. El primero de ellos sucedió en la semana del 27 al 30 de abril de 2016 cuando el juez que llevaba el caso, Javier Eduardo Bornacelly Campbell fue nombrado como Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, y en su reemplazo llegó Javier Francisco Lizcano al juzgado.

Un año atrás, el juez Bornacelly, el 17 de julio de 2015 desató una de las medidas cautelares pedidas por el demandante Rodríguez, en el sentido de solicitar la suspensión de los efectos provisionales del decreto por el cual se expidió el POT.

En un clima de control y manejo de la opinión pública, el diario El Heraldo (que tiene entre sus socios a familiares de Elsa Noguera, a Guillermo Cuello, esposo de Ilse Gieseken, accionista de El Heraldo, propietario de Covein la empresa que le adjudicaron a dedo el negocio de bienes raíces de la isla La Loma a la que no tan casualmente el Concejo Distrital de Barranquilla no accedió a urbanizar en el POT con expresas advertencias, desoídas además por la Alcaldesa Noguera en la formulación de su propio POT, y a Jaime Pumarejo, quien fue Secretario de Movilidad de Elsa Noguera y gerente del Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro y que también ¡oh casualidad! sucedió brevemente a su antigua jefa en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial) publicó una noticia falsa.

De esas que en el argot técnico de las redes sociales se les denomina “fake news” y que en el caso de El Heraldo se producen para engañar o crear pudorosas cortinas de humo para que la ciudadanía no se entere de dudosos e ilegales negociados.

El titular de El Heraldo para referirse a la providencia del Juzgado Tercero Administrativo a cargo del juez Bornacelly el 9 de julio de 2015 fue espeluznante: “JUZGADO TERCERO NIEGA DEMANDA DE SUSPENSIÓN DEL POT”.

Sea lo primero señalar que el juzgado no negó la demanda, tal como ladinamente lo expresa el titular. No. Lo que el juzgado tercero niega es la suspensión, como medida provisional, de los efectos del mencionado acto administrativo. Señalar que el juzgado negó la demanda de suspensión del POT es una mentira del tamaño de una catedral que no solo se encuentra en el tono de triunfo del titular sino al interior de la noticia: Juez Tercero administrativo oral de Barranquilla negó la demanda de nulidad del Decreto Distrital 020012 de 2014 por el cual se adopta el POT de Barranquilla.

Lo que dijo el entonces Juez Tercero Administrativo Javier Bornacelly en la providencia y hoy flamante magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico fue: se niega solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.

Segundo milagro

Los milagros del todopoderoso señor de los ascensos judiciales siguieron. El segundo de ellos sucedió en la semana del 2 al 6 de septiembre de 2016 cuando el nuevo juez, Javier Francisco Lizcano fue ascendido a Procurador 117 judicial, e incluso en 2017 fue Procurador Regional encargado. La demanda al POT siguió entonces engavetada.

En abril de 2018 fue uno de los procuradores judiciales que le pidieron (en nombre del Procurador General de la Nación) a Triple A e Inassa la devolución de acciones y el final del contrato de asistencia técnica.

Tercer milagro

Otro acto milagroso con esta demanda en contra del POT, el tercero, ocurrió después de la vacancia judicial de fin de año de 2016. En la primera semana laboral el juez que llevaba el caso, Abelardo Sánchez Riveira es cambiado del juzgado tercero para un ascenso. Estuvo en varios cargos locales y después aparece como Magistrado del Tribunal Administrativo de Bogotá con el código de cargo 270001. Con ese nombre y su nivel de competencia jurídico, es imposible que se trate de un homónimo.

Al juzgado tercero llegó Edgardo Atencio Rogeiro y el polvo seguía acumulándose sobre los folios dela demanda al POT.

Cuarto milagro

El cuarto acto de milagros judiciales tuvo ocurrencia en las primeras semanas del mes de junio 2017. Nuevamente el juez que llevaba el caso que nos ocupa fue cambiado.

Edgardo Atencio Rogeiro fue nombrado Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Nada menos. Lo cual confirma que el conocimiento de la demanda en contra del POT era una especie de rey Midas, de divina gracia que eleva a altas dignidades a los protagonistas judiciales.

Otra muestra de milagros en el ramo de la justicia tiene relación con la noticia de El Heraldo sobre la negación de las pretensiones de la demanda que al fin, tal como pitonisamente lo había informado este medio de prensa, se negó por parte del Juzgado Tercero Administrativo y que produjo la correspondiente alzada de apelación de José Raúl Rodríguez.

Solo esperamos que la cadena de milagros no siga en el Tribunal Administrativo del Atlántico con relación a este proceso de demanda del POT que posee en su interior, en su medula estructural, una serie de aristas ilegales por donde quiera que se le observa con la lupa escrupulosa de la ley y que en Corrupción al día mostraremos para que la opinión pública conozca cuales son los intereses que se mueven entre la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, los planes de unidad de actuación urbanística en La Loma y los procesos de plusvalía urbana no declarada del malecón del río Magdalena: un gigantesco negociado usando recursos y bienes del distrito de Barranquilla, para beneficiar unos pocos empresarios inmobiliarios y empresas de construcción.

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