Cuando el entretenimiento se convierte en negligencia institucional, la sangre derramada ya no es accidente, es complicidad
Más allá de los titulares que cuentan la tragedia con frialdad estadística, Sabanalarga vivió seis días donde el Estado se convirtió en espectador de su propia negligencia. Mientras un soldado de 18 años agonizaba en cuidados intensivos por el impacto de un toro, y un hombre de 34 moría apuñalado con una banderilla dentro del ruedo, las autoridades municipales celebraban el «éxito» de sus fiestas. Porque en Colombia, cuando la fiesta genera ingresos, las vidas perdidas se contabilizan como «daños colaterales» de la tradición. 77 heridos no son un accidente, son el resultado previsible de un sistema que prefiere recaudar que proteger.
Cómo se institucionaliza la muerte por diversión
Las corralejas en Sabanalarga no son una tradición espontánea, son un evento planificado, autorizado y supervisado por instituciones que conocen perfectamente los riesgos. El Puesto de Mando Unificado (PMU), conformado por la Secretaría del Interior, la Secretaría de Salud, el personero municipal y el Comité de Gestión del Riesgo, no estaba allí por casualidad. Estaban porque sabían lo que iba a pasar.
Y aún así permitieron que ocurriera.
Dispusieron entre 10 y 12 voluntarios de la Defensa Civil por jornada, dos médicos y tres auxiliares de enfermería. Números que suenan responsables en un comunicado de prensa, pero que resultan obscenamente insuficientes cuando enfrentas la realidad: 77 personas heridas en seis días. Eso es un promedio de casi 13 heridos diarios. Si las autoridades sabían que necesitaban equipos médicos, es porque anticipaban las lesiones. Y si anticipaban las lesiones pero decidieron seguir adelante de todas formas, entonces no estamos hablando de accidentes, estamos hablando de negligencia institucionalizada. ¿Cuánto le cuesta al Estado sost3ener esa barbarie?
El caso de Breiner José Marrugo Castro, el soldado de 18 años que murió tras ser embestido por un toro el primer día, es especialmente revelador. Permaneció «varios días» en la UCI con fractura de cráneo y herida en la pierna izquierda. Mientras ese joven agonizaba, las corralejas continuaron. Cinco días más de espectáculo, cinco días más de heridos, cinco días más donde las autoridades decidieron que el show debía continuar.
Y luego está Elian Samir Sarabia Polo, de 34 años, apuñalado en el tórax, la costilla y el pómulo izquierdo con una banderilla por un menor de edad con el que tuvo «diferencias personales«. Murió por heridas recibidas dentro de un recinto supuestamente controlado por las autoridades. La pregunta no es cómo entró un menor con banderillas al ruedo. La pregunta es por qué las autoridades permitieron que las banderillas, armas blancas diseñadas para herir toros, estuvieran disponibles para cualquiera en un espacio lleno de alcohol y tensiones personales.
Los actores de la impunidad: Quién firma los permisos de muerte
El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams Chams, cuyo nombre las autoridades evitan mencionar en los comunicados oficiales (porque la responsabilidad se diluye mejor en instituciones abstractas que en rostros concretos), autorizó estas corralejas sabiendo el historial. No es la primera vez. No serán las últimas víctimas. Pero cada año, el cálculo es el mismo: los ingresos por boletería, licores y comercio informal superan el costo político de unas cuantas muertes.
La Secretaría del Interior y la Secretaría de Salud Municipal conformaron el PMU, ese ente que suena importante pero que en la práctica funciona como un escudo de responsabilidades compartidas donde nadie termina siendo culpable. Cuando todo el mundo es responsable, nadie lo es.
El personero municipal, ese funcionario que por ley debe velar por los derechos humanos y la legalidad de los actos administrativos, estuvo presente en el PMU. Vigiló, supervisó y permitió. Su silencio posterior es ensordecedor.
Y están los empresarios del espectáculo, los que alquilan los toros, montan las tribunas y venden las cervezas vencidas (450 latas incautadas con fechas entre abril, mayo y junio de 2025, según la Secretaría de Salud). Porque la negligencia viene en capas: primero te arriesgan con toros descontrolados, luego te intoxican con alcohol adulterado.
El Impacto Oculto: Lo que nadie contabiliza
Breiner José Marrugo Castro tenía 18 años. Era de Arjona, Bolívar. Estaba cumpliendo su servicio militar obligatorio, ese tributo que el Estado exige a los jóvenes colombianos para «defender la patria«. Murió embestido por un toro en una fiesta autorizada por ese mismo Estado. La ironía es tan brutal que duele.
Su familia ahora carga con un dolor irreparable y probablemente con deudas médicas por los días en UCI. Porque en Colombia, la tragedia siempre viene con factura.
Elian Samir Sarabia Polo, de 34 años, murió por heridas causadas por un menor de edad. Ese menor ahora enfrenta un proceso judicial que marcará el resto de su vida. Dos vidas destruidas en segundos, dentro de un espacio que las autoridades juraron supervisar.
Los 77 heridos oficiales (porque el balance solo cuenta atenciones en el lugar de los hechos, no los casos remitidos a clínicas que «son manejados directamente por cada institución médica») llevarán cicatrices físicas y emocionales. Algunos tal vez pierdan capacidad laboral. Otros quedarán con traumas psicológicos. Pero en los comunicados oficiales, son solo números.
Y está el costo de oportunidad que nadie menciona: ¿cuántos recursos de salud municipal se desviaron para atender estas emergencias previsibles? ¿Cuántas campañas de prevención, cuántas vacunas, cuántos controles prenatales se dejaron de hacer porque el personal médico estaba en las corralejas?
El Sistema que normaliza la barbarie
Las corralejas son el ejemplo perfecto de cómo la tradición se usa para justificar la negligencia institucional. «Así hemos hecho siempre» se convierte en el argumento inapelable que blinda cualquier cuestionamiento. Y cuando alguien se atreve a señalar lo obvio (que permitir que civiles embriagados se enfrenten a toros de 500 kilos es una locura), se lo acusa de estar «en contra de la cultura popular».
Pero aquí no se trata de cultura. Se trata de un negocio rentable que opera bajo el disfraz de tradición. Los organizadores ganan, los vendedores ambulantes ganan, los políticos locales ganan capital político posando en las tribunas. Y cuando alguien muere, todos miran hacia otro lado y murmuran sobre «la fatalidad» y «los riesgos que la gente asume voluntariamente».
La Defensa Civil y los organismos de socorro hacen lo que pueden con recursos insuficientes. No son ellos los responsables. Son los héroes anónimos que recogen los pedazos. Los responsables son quienes autorizan el evento sabiendo que 10-12 voluntarios no pueden controlar la violencia de seis días de alcohol, testosterona y bovinos enfurecidos.
El sistema judicial, mientras tanto, investigará la muerte de Elian Sarabia como un caso aislado de riña. El menor que lo apuñaló será procesado, posiblemente condenado. Pero nadie procesará a quienes autorizaron que un menor tuviera acceso a banderillas dentro del ruedo. Nadie cuestionará por qué las medidas de seguridad permitieron que un conflicto personal se resolviera a puñaladas en un espacio público.
Y el ciclo se repetirá el próximo año, porque la impunidad en Colombia no necesita conspiraciones elaboradas. Solo necesita indiferencia institucional y ciudadanos dispuestos a aceptar que «siempre ha sido así».
La próxima vez que las autoridades de Sabanalarga anuncien con orgullo sus fiestas patronales, recordemos que ese orgullo costó dos vidas y 77 heridos. Recordemos que detrás de cada «balance preliminar» hay familias destrozadas, jóvenes con cicatrices y un Estado que prefirió recaudar que proteger.
Las corralejas no son una tradición inevitable. Son una decisión política. Y cada muerte es una consecuencia previsible de esa decisión.
¿Cuántas más vidas debe cobrar la «tradición» antes de que exijamos responsabilidades? ¿O seguiremos esperando que la próxima familia destrozada sea la de otro, nunca la nuestra?
El sistema no cambiará porque los políticos tengan un despertar moral. Cambiará cuando los ciudadanos dejemos de aplaudir espectáculos regados con sangre y exijamos que la vida humana valga más que una entrada de boletería.
Porque la verdad, más allá de los titulares, es que cada herido en Sabanalarga no es víctima de un accidente. Es víctima de un sistema que decidió que su seguridad valía menos que el espectáculo.
Y esa decisión tiene nombres, apellidos y cargos públicos.
Más información en corrupcionaldia.com
Esta investigación forma parte de nuestra serie «Verdad Oculta», donde exponemos cómo la negligencia institucional se disfraza de tradición para perpetuar sistemas que priorizan los ingresos sobre la vida humana.
