Los magistrados Ángel Hernández Cano, Oscar Wilches Donado y Luis Eduardo Cerra
Con esta acción popular se busca recuperar la empresa de servicios públicos de agua potable y alcantarillado.

De nada vale que el presidente de la República introduzca para su aprobación nuevas leyes contra la corrupción, si el sistema judicial no funciona

Por: Jan Slodvak

La historia, con caracteres inverosímiles, parece sacada del relato El Proceso de Franz Kafka. Se dilata hasta el infinito, se burla ostentosamente de la idea de justicia pronta y eficaz con la anuencia implícita, por omisión, del conjunto de las ias que en este caso son solo dulce compañía.

La Acción Popular fue incoada por un grupo de ciudadanos contra la empresa de servicios públicos Triple A, bajo dos presunciones: la primera que estaban cobrando las tarifas aplicando una metodología que riñe con la realidad de los propósitos de esta empresa. La segunda, que su accionariado le fue sustraído de forma ilegal al distrito de Barranquilla y en consecuencia al sumun de la ciudadanía.

La acción incoada en mayo del 2010, llegó hasta el despacho del Juez 4° Administrativo, que a su vez, sin decidir nada en el periodo de tiempo que lo tuvo bajo su competencia, lo pasó a la Jueza 11 Administrativa, quien tras 4 años dándole vueltas, sin decidir nada, se declaró incompetente para conocer el caso.

Del 2010 al 2018, 8 añitos de celeridad de la justicia en un asunto de tantas consecuencias sociales y económicas para la ciudad de Barranquilla. Es en ese momento que los accionantes elevan queja al Procurador General de la Nación que tras pronunciarse sobre esta extraña dilatación judicial, viaja a España para obtener pruebas, para luego, él mismo, impetrar una Acción Popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el pago de la asistencia técnica de Triple A a Inassa, la cual  tiene con los pelos de punta a los españoles, quienes argumentan que se trata de una estratagema jurídica para despojarlos de sus acciones sin pagarles nada en retribución.

Mientras tanto, en Barranquilla, la Acción Popular pasó al Tribunal Administrativo del Atlántico, en medio de misterios sobre quiénes de los magistrados tienen a su cargo el conocimiento del caso.

Los magistrados Ángel Hernández Cano, Oscar Wilches Donado y Luis Eduardo Cerra

Tras conocerse el nombre de los magistrados del Contencioso del Atlántico que tendrían a su cargo desatar esta Acción Popular —entre ellos Ángel Hernández Cano, Oscar Wilches Donado y Luis Eduardo Cerra—, estos se declararon impedidos por la causa de tener parientes trabajando en la Triple A. Por ello uno de los coadyuvantes de la Acción, Hugo Rosanía Pure dice que “por eso es que en Barranquilla los negocios de alguna consideración no caminan”. Tiene toda la razón el señor Rosanía pues a algunos procesos no los mueven ni las poderosas grúas del terminal ni la divina providencia.

Por ello, los que impetraron la Acción Popular pretenden “moverla”  a Bogotá, lejos de las manos de los morosos encargados de la justicia barranquillera a ver si allá tiene la buena fortuna de caminar. Mientras tanto los abogados de la Triple A en Bogotá que atienden el caso de la Acción Popular impulsada por el Ministerio Publico en el Tribunal de Cundinamarca, pretenden, adivinen por qué, moverla desde Bogotá a Barranquilla, donde tienen la absoluta certeza que nada les pasará.

Así han pasado 8 años con una de estas acciones. Así pretenden hacérsela pasar a la otra negando cualquier posibilidad de justicia certera frente al más grande escándalo empresarial y político de la historia de Barranquilla.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.