Mientras los ciudadanos pagan multas ilegales, los funcionarios se embolsillan 3 mil millones con cámaras sin autorización
¿Cuánto cuesta comprar la conciencia de una institución de tránsito? En el caso del departamento del Atlántico, exactamente $3 mil millones de pesos. Esa es la cifra que el Tránsito Departamental del Atlántico logró «recaudar» mediante un esquema tan descarado como lucrativo: imponer fotomultas sin tener autorización legal para hacerlo. Porque claro, ¿para qué seguir la ley cuando se puede inventar un negocio millonario a costa de los ciudadanos?
Este no es un caso más de ineficiencia burocrática. Es la radiografía perfecta de cómo la corrupción ha encontrado en la tecnología su nuevo disfraz, convirtiendo las cámaras de fotomulta en máquinas de hacer dinero para funcionarios corruptos y contratistas cómplices. Mientras los ciudadanos del Atlántico recibían comparendos que creían legítimos, un entramado de irregularidades administrativas y complicidades institucionales generaba un detrimento patrimonial millonario al Estado.
El Mecanismo Invisible: Cómo Opera la Corrupción Tecnológica
La historia comenzó en 2019, cuando el Tránsito Departamental del Atlántico instaló sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST) en Malambo, a pesar de que desde 2015 este municipio contaba con su propia Secretaría de Tránsito, única autorizada para solicitar estas instalaciones. Qué casualidad que nadie se diera cuenta de esta «pequeña» irregularidad durante cinco años.
El mecanismo era simple pero efectivo: instalar cámaras sin competencia legal, emitir multas masivas y quedarse con el 70% de los recursos recaudados, mientras el Estado apenas recuperaba el 30%. Un negocio redondo para los privados, que se hicieron millonarios con contratos diseñados para beneficiar a todos menos a los ciudadanos.
Pero la perfección del esquema no se quedó ahí. Cuando en mayo de 2024 se vencieron las autorizaciones, el Tránsito Departamental del Atlántico continuó operando las cámaras ilegalmente hasta febrero de 2025. Durante esos ocho meses, cada peso recaudado fue producto de una violación flagrante a la normatividad vigente.
Los Actores del Fraude: Funcionarios, Contratistas y Cómplices
En esta película de corrupción tecnológica, el protagonista más sospechoso es Gustavo Adolfo Núñez Bohórquez, funcionario encargado de la Dirección de Infraestructura y Vehículos de la ANSV. El 21 de noviembre de 2024, cuando ya era evidente la irregularidad, Núñez emitió la resolución 914 prorrogando «mágicamente» la autorización para el Instituto de Tránsito del Atlántico.
La redacción de la resolución es una obra maestra del cinismo burocrático: «La prórroga tendrá inicio a partir del día 22 de noviembre de 2024 y hasta tanto se produzca la decisión de fondo por parte de esta Agencia«. Como si el funcionario quisiera lavarse las manos mientras mantenía abierta la llave del grifo corrupto.
¿Y los contratistas? Estos se llevaron la parte del león. Mientras los municipios luchaban por servicios básicos, empresas privadas se enriquecían con un modelo de contratación que privilegia el lucro sobre el servicio público. Se hicieron acuerdos leoninos donde el Estado solo recupera el 30% de los recursos que, en últimas, pertenecen a todos los colombianos.
El Impacto Real: Cuando la Corrupción Llega a tu Bolsillo
Cada ciudadano que pagó una fotomulta en Malambo entre mayo de 2024 y febrero de 2025 fue víctima de una estafa legalizada. No solo se violó su derecho al debido proceso, sino que se le obligó a financiar un esquema corrupto que beneficiaba a funcionarios y contratistas inescrupulosos.
Para Rubén Llanos Sarmiento, presidente de la Veeduría Ciudadana de Santo Tomás, estas actuaciones «constituyen una afectación masiva a los derechos de los ciudadanos, en tanto se impusieron sanciones con base en instrumentos tecnológicos sin sustento legal«.
El costo de oportunidad es demoledor: mientras $3 mil millones se desviaban hacia bolsillos privados, ¿cuántas obras de infraestructura se dejaron de hacer? ¿Cuántos programas sociales se sacrificaron? ¿Cuántas necesidades básicas quedaron sin atender?
El Sistema que lo Permite: La Arquitectura de la Impunidad
Este caso del Atlántico no es una anomalía; es la norma en un país donde la corrupción se ha tecnificado. A nivel nacional, el panorama es igual de desalentador: de los 990 dispositivos de fotomulta instalados en Colombia, 504 —equivalentes al 50,91%— no cuentan con permiso vigente.
En Bogotá, solo 39 de 168 cámaras tienen autorización. En Medellín, 82 de 133 dispositivos operan ilegalmente. En Cali, 42 de 126 cámaras carecen del aval necesario. El patrón es claro: la ilegalidad es sistemática, no accidental.
¿Por qué se perpetúa este sistema? Porque genera demasiados beneficios para quienes lo operan. Los funcionarios corruptos encuentran en las fotomultas una fuente de ingresos constante y aparentemente legitimada por la tecnología. Los contratistas se aseguran contratos millonarios con márgenes de ganancia obscenos. Y los ciudadanos, desinformados y resignados, siguen pagando multas que creen obligatorias.
La normatividad existe —la Ley 1843 de 2017 y las resoluciones de la ANSV son claras— pero su aplicación depende de la voluntad de funcionarios que muchas veces son parte del problema. Cuando quien debe controlar es quien se beneficia del descontrol, la corrupción se vuelve estructural.
El Círculo Vicioso de la Complicidad Social
«Una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas». En el caso de las fotomultas, la sociedad no aplaude, pero sí normaliza. Acepta que «todos roban», que «siempre ha sido así», que «al menos las cámaras sirven para algo».
Esta resignación colectiva es el combustible que alimenta esquemas como el del Atlántico. Mientras los ciudadanos prefieran pagar en silencio antes que organizarse y exigir, los corruptos seguirán encontrando nuevas formas de monetizar su poder.
El miedo también juega su papel. Muchos conductores prefieren pagar una multa ilegal antes que enfrentarse a un sistema judicial lento y costoso. Esta autocensura individual se convierte en complicidad sistémica.
Las Consecuencias Penales: Delitos que Claman Justicia
El caso del Atlántico configura múltiples delitos que ameritan investigación penal rigurosa:
Interés indebido en la celebración de contratos: La búsqueda de provecho propio o de terceros en los contratos de SAST está evidenciada por la operación irregular y el cuantioso recaudo.
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: La inobservancia de requisitos esenciales como la autorización de la ANSV y la competencia territorial, sumada a la continuidad de operación con autorizaciones caducadas.
Prevaricato por acción: La emisión de órdenes de comparendo y resoluciones sancionatorias manifiestamente contrarias a la ley, al carecer de sustento legal y competencia.
Cada uno de estos delitos representa no solo una violación a la normatividad, sino una traición a la confianza ciudadana y un golpe directo a las arcas públicas.
La Verdad que No Quieren que Veas
La realidad es incómoda pero necesaria: las fotomultas en Colombia se han convertido en un mecanismo sofisticado de extracción de recursos públicos hacia manos privadas. No salvan vidas; generan ganancias. No educan conductores; enriquecen contratistas.
El caso del Atlántico es solo la punta del iceberg de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Mientras los funcionarios públicos y sus socios privados se reparten millones, los ciudadanos financian involuntariamente su propia estafa.
La tecnología, que debería ser una herramienta de transparencia y eficiencia, se ha convertido en el disfraz perfecto para la corrupción moderna. Las cámaras no solo capturan infracciones; capturan la atención y desvían la mirada de los verdaderos delincuentes: aquellos que las operan ilegalmente.
Hacia una Respuesta Ciudadana
La pregunta no es si hubo corrupción en el caso de las fotomultas del Atlántico. La evidencia es abrumadora. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que la tecnología se use como pantalla para esquemas extractivos que empobrecen el Estado y enriquecen a los corruptos.
Cada peso robado es una oportunidad perdida para el desarrollo regional. Cada silencio cómplice es una invitación a que se repita la historia. El sistema no se cambia solo, pero tampoco puede cambiar sin una ciudadanía dispuesta a exigir transparencia, legalidad y justicia.
Las fotomultas pueden ser útiles para la seguridad vial, pero solo cuando operan dentro del marco legal y con propósitos genuinamente públicos. Cuando se convierten en máquinas de hacer dinero para funcionarios corruptos, dejan de ser herramientas de seguridad para convertirse en instrumentos de saqueo.
La ley existe para educar al ciudadano y construir un mejor país, no para enriquecer a los contratistas amigos de funcionarios sin escrúpulos. Es hora de que los ciudadanos del Atlántico —y de todo Colombia— exijan que sus instituciones trabajen para ellos, no contra ellos.
