La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a representantes legales de tres empresas de vigilancia por presuntas prácticas corruptas e irregulares en la contratación de servicios de seguridad privada en varias entidades públicas del país.

Las investigaciones partieron de una denuncia interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, que permitieron conocer cuáles compañías de vigilancia conformaron un grupo empresarial y, de manera coordinada, ganaron licitaciones en las que no se habrían respetado principios como la libre competencia.

Por estos hechos fueron imputados los representantes legales de tres empresas que estarían vinculadas a las actuaciones ilícitas. Ellos son: Orlando Barrios Guerrero, Victoria Eugenia Cardona Lenis y Sandra Milena Álvarez Espinel. A estas personas una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les formuló cargos por fraude procesal y acuerdos restrictivos de la competencia. Los delitos no fueron aceptados por los procesados.

Licitaciones e irregularidades

En el primer semestre de 2012, el grupo empresarial Security Management Group, a través de seis empresas de vigilancia, participó en cinco concursos públicos para la prestación del servicio de seguridad y en cuatro convocatorias fue favorecido con contratos por 3.250 millones de pesos.

Según la Fiscalía, el llamado ‘Zar de la Seguridad’, Jorge Arturo Moreno Ojeda, sería el determinador del andamiaje ilegal. Los representantes de las empresas de vigilancia, al parecer, actuaban como subordinados, realizaban las gestiones y ajustaban los pliegos para quedarse con las licitaciones.

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En noviembre del año pasado un juzgado de Bogotá condenó a Jorge Arturo Moreno Ojeda, por los delitos de fraude procesal y prácticas restrictivas de la competencia. El organismo determinó que se adjudicaron contratos con el Idrd, Coldeportes y otras entidades

Las empresas con las cuales ganó las licitaciones y que hacían parte del conglomerado eran Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda. y Security Management Group, haciéndose a contratos superiores a 39.000 millones de pesos, evitando que otras empresas de seguridad hicieran los contratos.

La investigación puso al descubierto algunas actuaciones como:

Varias de las empresas identificadas presentaban simultáneamente cartas de interés o manifestaciones de participación a las licitaciones públicas.

“A las convocatorias se presentaban tres o cuatro compañías individualmente o como uniones temporales, cuando en realidad hacían parte del conglomerado del denominado ‘Zar de la Seguridad’. De esta manera, se convertían en mayoría, acaparaban las licitaciones y tenían todas las probabilidades de quedarse con los contratos”, advierte la Fiscalía.

Las empresas simulaban ser competencia, pero en realidad elaboraban estrategias conjuntas para obtener ventajas en la adjudicación de los contratos.

Las ofertas, en su mayoría, estaban por debajo de la media geométrica. Esto garantizaba que los precios fijados en las propuestas siempre beneficiaban a las mismas empresas.

Fueron violados principios como transparencia, selección objetiva, igualdad y buena fe, entre otras disposiciones contenidas en las leyes de contratación pública.

La Fiscalía General de la Nación investiga cerca de 51 licitaciones en las que participaron los hoy procesados, para establecer si habrían incurrido en las mismas maniobras ilícitas detectadas.

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