Hace pocos días trascendió a la luz pública que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tuvo que devolver a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un predio de 8,3 hectáreas, conocido como el Laguito, que había sido anexado a su finca El Ubérrimo en el departamento de Córdoba.
Algo impensable e inimaginable en este país, sobre todo porque se trata de uno de los hombres más poderosos de Colombia. Esto indica que el poder de la Ley, cuando se aplica es implacable.
La orden de la devolución de los terrenos al Estado colombiano, salió de la misma Agencia Nacional de Tierras que el 28 de julio (auto administrativo N° 20223200062719), determinaba que esos predios no eran de la familia Uribe Vélez y exigía que ese terreno debía ser devuelto a la nación para entregárselo a campesinos pobres, comunidades afro e indígenas.
El expresidente Uribe semanas atrás había emitido un comunicado señalando que: «El predio fue adquirido de buena fe, pues quienes efectuaron la venta argumentaron una posesión por más de 20 años y una escritura de 1960».
El caso en concreto, deja claro, cómo a lo largo de décadas, grandes terratenientes e incluso, más recientemente, multinacionales, y grandes empresas se han ido apropiando de terrenos baldíos de la Nación que deben pasar a manos de campesinos, y comunidades afro e indígenas, bajo la excusa de la “buena fe”.
El senador de la Colombia Humana, Wilson Arias, es quien desde el Congreso, y con el respaldo de académicos, investigadores y líderes de las comunidades afectadas, ha venido denunciando, al menos desde hace 10 años, el contubernio corrupto en el que están involucrados, notarios, registradores, jueces y otros funcionarios públicos, que a través de “jugaditas”, han facilitado a grandes terratenientes, empresas y multinacionales, el acaparamiento de extensos predios que figuraban como baldíos desde muchos años atrás.
Los Llanos Orientales y la Amazonía son áreas del país donde más se han titulado baldíos en los últimos años, según las averiguaciones hechas por Arias.
La familia Uribe, no es la única
«En nuestras investigaciones encontramos por ejemplo que Francisco Santos logró hacer a unas tierras baldías en los Llanos; igual que la entonces ministra de Educación de Santos, María Fernanda Campo, quien junto a su familia, se apropiaron de terrenos baldíos en el departamento del Vichada», precisó.
Según el ahora senador, Iván Cepeda, Campo y miembros de su familia constituyeron Sociedades Anónimas Simplificadas para comprar baldíos en este departamento, cuando era presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Cada una de estas sociedades compró una Unidad Agrícola Familiar que luego acumuló en un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es Rubén Darío Lizarralde, exesposo de la ministra.
De hecho, en el 2017, la Contraloría General de la República solicitó a la Agencia Nacional de Tierras que adelantara acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verificara acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.
Tal decisión se tomó, luego de que la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario elaborara un detallado informe en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.
Después de un análisis de los expedientes, se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de este daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000.
Conocedores del tema y de cómo torcer la Ley a su favor, los ahora propietarios, sabían que, una vez el Estado adjudica los baldíos, éstos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario. A partir de allí, los actos negociales son de carácter privado y escapan al ámbito de acción de este organismo de control, salvo que un juez anule las compraventas por encontrar probada la “mala fe” de los terceros adquirientes.
No obstante, considera la CGR que si bien no fue posible establecer un detrimento patrimonial respecto de particulares, si es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley, como son la 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar –UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.
De los 43 casos que entraron a análisis de la Contraloría, en aquel entonces, hace cinco años, quedaba por resolver la situación de 10 adjudicatarios, que concentraban 183 predios, que equivalían a 199.871.43 hectáreas. Los 33 casos de predios de origen baldío analizados y cerrados desde el punto de vista fiscal en la Contraloría, y puestos en conocimiento de las autoridades competentes, equivalen a 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas.
Entre las investigaciones adelantadas por la Contraloría y que fueron también corroboradas por Arias y el entonces senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, figuraron también el exembajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutía Valenzuela, quien siendo representante legal de la firma de abogados Urrutia y Brigard, asesoró al ingenio azucarero Río Paila, para la compra de 40 mil hectáreas de terrenos baldíos en el departamento del Vichada.
Arias también denunció acumulación de tierras en el departamento de Casanare, por parte del Ingenio Manuelita, al igual que lo hicicieron en otras regiones del país, la familia Santodomingo.
También afirmó que el millonario Luis Carlos Sarmiento Angulo se quedó con 13.875 hectáreas de baldíos en el Meta y luego recibió del gobierno de Iván Duque, créditos no retornables, por valor de 36.175 millones de pesos.
También corroboró la Contraloría las denuncias hechas por Iván Cepeda sobre la multinacional BHB Billiton que explota hierro y níquel en la mina de Cerro Matoso, ubicada en Montelibano, Córdoba, donde la compañía habría adquirido 5 bienes ubicados en Puerto Libertador que no se pueden acumular en cabeza de un solo propietario. En este caso la extensión de los predios comprados es de 265 Has, superando el límite máximo de la UAF de la Zona Relativamente Homogénea No. 2 que es de 49 hectáreas.
“Los predios utilizados para la operación minero industrial que la empresa adelanta hace 35 años en el departamento de Córdoba, en su mayoría fueron adquiridos antes del año 1994 directamente por el Estado Colombiano, a través del Instituto de Fomento Industrial (IFI)“, indicó en su momento la multinacional.
Y argumentó, al igual que los demás acumuladores que dichas transacciones “se realizaron de buena fe, de legítimos propietarios, actos que fueron debidamente registrados ante las autoridades competentes, sin ningún tipo de restricción para su transferencia“.
En total se calcula que a través de mecanismos jurídicos, con un tufillo de corrupción, y que en algunos casos le precedieron acciones violentas que terminaron con el desplazamiento de cientos de comunidades campesinas, afros e indígenas, durante años anteriores, permitieron la acumulación de unos dos millones de hectáreas de terrenos baldíos a lo largo y ancho del país.
Incluso en un informe presentado por la ONG Oxfam en el 2018, tras analizar el último Censo Nacional Agropecuario del DANE, en el que se recalca que el 1 % de las fincas más grandes del país tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. Una concentración que es evidente y que hace a Colombia el país con peor distribución de la tierra en Latinoamérica. Ese informe mostró además que, de los 111,5 millones de hectáreas censadas, 34,4 millones están dedicadas a la ganadería, solo un 8,6 a la agricultura y 63,2 millones son territorios de bosques.
“Los nuevos datos confirman una preocupante y acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones, las cuales han ido acaparando una fracción cada vez mayor del territorio a costa del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas”, señalaba el estudio en su momento.
Por eso el caso de la familia Uribe y la decisión de devolver los terrenos que habían sido adjuntadas a su finca El Ubérrimo, a través de una compra de “buena fe”, sienta un precedente sobre los casos de acumulación de tierras de manera irregular en el país.
Fallo de la Corte Constitucional, lo más reciente
Hace una semana se dio a conocer el fallo de la Corte Constitucional sobre la adjudicación de bienes baldíos en el país, en el que afirma que existe un tratamiento desigual en la adjudicación de bienes baldíos en el país y que el Estado no está cumpliendo con su deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
En su sentencia el alto tribunal adopta medidas para el tratamiento de los llamados terrenos baldíos.
En otro de los apartes que se han conocido de la decisión la Corte exhorta al Congreso, además de fortalecer la Agencia Nacional de Tierras, crear la jurisdicción agraria y adecuar la legislación agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural, dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas.
Vale mencionar que la decisión de la Corte Constitucional, fue adoptada al revisar 13 fallos de tutela contra sentencias judiciales dictadas en procesos de pertenencia sobre predios rurales. Estas fueron presentadas por la Agencia Nacional de Tierras, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, contra juzgados promiscuos municipales que adjudicaron los baldíos a beneficiarios que alegaban haberlos adquirido por prescripción.
Expertos, insisten en que en el proceso de prescripción, el juez se limita a comprobar si la persona ha poseído el bien por un cierto número de años y si es así le atribuye la propiedad, sin hacer ninguna otra verificación. Por prescripción, entonces, personas muy ricas pueden adquirir la propiedad sobre grandes extensiones y con impactos ambientales negativos.
Amanecerá y veremos si quienes han adquirido de manera corrupta miles de hectáreas de tierras en el país, devuelven los terrenos y si en efecto la sentencia de la Corte logra parar la acumulación de tierras y permitir y garantizar a campesinos, afros e indígenas, el acceso a terrenos baldíos, a los que tienen derecho por ley.
