Mientras los embarcaderos construidos se pudren sin usar, las arcas municipales sangran $28.310 millones y la informalidad domina un sector que debería generar desarrollo
La Contraloría General de la República ha destapado una realidad que muchos samarios intuían pero que ahora cobra dimensiones escandalosas: el impuesto al turismo, ese tributo que debería transformar a Santa Marta en un referente internacional, se ha convertido en una máquina perfecta de saqueo institucionalizado. Con hallazgos fiscales que superan los $28.310 millones y un proyecto de embarcaderos que exhibe 83 estructuras fabricadas de las cuales solo cinco están operativas, el panorama revela un sistema diseñado no para servir, sino para desviar.
Pero este escándalo va mucho más allá de los números. Detrás de cada peso perdido existe un entramado de poder que opera en las sombras: monopolios que controlan los embarcaderos de Santa Marta, El Rodadero y sus alrededores sin rendir cuentas a la ciudad; una proliferación descontrolada de “chivas rumberas” que circulan sin supervisión real; agencias de turismo piratas que exponen la vida de visitantes; y un impuesto nacional que se evapora antes de cumplir su propósito.
Esta es la historia de cómo el turismo, en lugar de construir futuro, se ha convertido en el vehículo perfecto para perpetuar la corrupción estructural en Colombia.
El teatro de los embarcaderos fantasma: $23.006 millones para monumentos a la negligencia
Imaginemos por un momento la escena: 88 embarcaderos fluviales completamente fabricados, brillantes, listos para transformar la experiencia turística en 81 municipios de Colombia. El contrato, firmado el 26 de diciembre de 2023 por Fontur con un plazo de 20 meses, prometía revolucionar el acceso a destinos como Ciudad Perdida, las playas de El Rodadero y los atractivos naturales del país.
La realidad, sin embargo, es otra película. Solo cinco embarcaderos están instalados y operativos: Puerto Wilches en Santander, María La Baja en Bolívar, y tres en el Magdalena (Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista). Los otros 83 permanecen guardados en algún depósito, mientras la Contraloría identifica presuntas pérdidas por $23.006 millones debido a “mala planeación, débil supervisión y fallas contractuales”.
¿Qué significa esto en términos reales? Que el gobierno nacional pagó por completo la fabricación de infraestructura que no puede usar, en una operación que huele a la típica corrupción disfrazada de incompetencia. Porque cuando la ejecución financiera llega al 100% pero el avance físico apenas roza el 6%, no estamos ante un error administrativo: estamos ante un diseño premeditado de captura de recursos públicos.
El mecanismo invisible del saqueo contractual
El esquema es tan viejo como efectivo: se firma un contrato con metas ambiciosas, se realizan pagos anticipados sin verificar avances reales, y cuando llega el momento de la entrega, aparecen los obstáculos “técnicos” que nadie previó. Mientras tanto, el dinero ya circuló, las comisiones se repartieron, y los responsables apuntan a la “falta de coordinación interinstitucional”.
Este caso de los embarcaderos replica un patrón que hemos documentado decenas de veces en corrupcionaldia.com: contratos que benefician a contratistas específicos, supervisores que aprueban pagos sin evidencia de trabajo, y un entramado político que protege a los verdaderos beneficiarios.
En Santa Marta, ciudad que concentra seis de los embarcaderos prometidos, la situación es particularmente indignante. ¿Saben quién controla actualmente los muelles y embarcaderos informales de la ciudad? Un pequeño grupo de familias y empresarios que han monopolizado durante décadas estos puntos estratégicos, cobrando tarifas sin regulación y sin aportar un peso en impuestos locales.
El imperio financiero invisible de los embarcaderos samarios
Caminemos por El Rodadero un domingo cualquiera. Verán decenas de lanchas que parten hacia Playa Blanca, el Acuario, Neguanje o Playa Cristal. Cada embarcación cobra entre $40.000 y $80.000 por persona, transportando hasta 20 pasajeros por viaje. Hagan la cuenta: un fin de semana promedio genera millones de pesos en operaciones que, en su mayoría, no tributan ni siquiera el impuesto municipal correspondiente.
¿Por qué? Porque estos embarcaderos operan en una zona gris legal que ninguna administración se ha atrevido a regular de verdad. Las razones son simples pero poderosas: quienes controlan este negocio tienen conexiones políticas profundas, financian campañas electorales y, cuando alguien intenta ordenar el sector, aparecen las amenazas.
Un concejal samario que prefiere el anonimato nos confirmó lo que muchos saben pero pocos se atreven a decir: “Intenté proponer una regulación seria de los embarcaderos y me llegaron mensajes claros. Me dijeron que ese era un tema que no convenía tocar. Cuando investigué más, entendí por qué: hay alcaldes, secretarios y hasta funcionarios de control que tienen participación directa o indirecta en esos negocios”.
El caso Santa Marta: del contrato fantasma al monopolio impune
Si los embarcaderos del proyecto nacional fueran instalados, ¿mejoraría la situación? Difícilmente. La experiencia del “contrato fantasma” de promoción turística de Santa Marta es ilustrativa. En 2023, el Instituto Distrital de Turismo (Indetur) entregó $3.762 millones a la Fundación Foro por Colombia (Fundaforo) para supuestamente promocionar la ciudad. La fundación no tenía página web activa, carecía de trayectoria en turismo, pero aun así recibió el 70% de los recursos públicos.
¿El resultado? Cero. La ciudad sigue esperando cualquier evidencia de que esa plata se usó para lo pactado. Pero lo más revelador es que esta misma fundación ya había sido señalada por la Contraloría del Atlántico en 2016 por un contrato similar donde solo aportó $80 millones de los $339 millones comprometidos.
Este patrón muestra cómo funcionan las redes de corrupción en el turismo: fundaciones de papel que reciben contratos millonarios, supervisores complacientes que aprueban pagos sin verificar resultados, y un sistema judicial que tarda años en investigar mientras los responsables disfrutan de la impunidad.
La DIAN en deuda: $5.303 millones en riesgo por fiscalización deficiente
Si el escándalo de los embarcaderos representa la corrupción por acción, el hallazgo sobre la gestión de la DIAN revela la corrupción por omisión. La Contraloría identificó que la entidad encargada de administrar el impuesto nacional al turismo tiene declaraciones extemporáneas de 2021 y 2022, además de omisiones de control que ponen en riesgo $5.303 millones del recaudo.
¿Qué significa esto? Que hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros prestadores de servicios turísticos deberían estar declarando y pagando este impuesto, pero muchos simplemente no lo hacen. Y la DIAN, lejos de ejercer su función fiscalizadora, permite que esta situación se perpetúe.
Conclusión: el turismo como espejo de nuestra corrupción estructural
Al final, el caso del impuesto al turismo es mucho más que un escándalo sectorial. Es el espejo perfecto de cómo funciona la corrupción estructural en Colombia:
Recursos que deberían generar desarrollo terminan en bolsillos privados. Instituciones que deberían controlar están capturadas por los controlados. Políticos que deberían representar ciudadanos representan intereses de grupos económicos. Funcionarios que deberían fiscalizar hacen la vista gorda a cambio de protección o coimas.
Y mientras todo esto sucede, el ciudadano común sigue pagando impuestos, cumpliendo normas, esperando que algún día el Estado funcione para él y no contra él.
Los $28.310 millones hallados por la Contraloría son apenas la punta del iceberg. Por cada peso que detectan, probablemente hay diez que se perdieron sin dejar rastro. Esta investigación continuará. Los nombres de los responsables irán apareciendo. Y nosotros, en corrupcionaldia.com, seguiremos documentando cada detalle.
Porque la verdad no solo se lee. Se siente. Y se actúa sobre ella.
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