Por: Jan Slovak
En un tono de evidente exageración autoridades administrativas y gremiales de Barranquilla manifestaron su preocupación por la suspensión de pagos de la contratante empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla –hay otras con esa misma denominación- a su mayor accionista Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) que a su vez también tiene la condición de contratista. En otras palabras, un contrato yo con yo. El propietario, que se supone tiene experticia en asuntos relacionados con el manejo integral del agua, contrata consigo mismo en tal sentido. Un contrasentido o una “elegante” figura jurídica para sacar recursos y no repartirlos en el ejercicio de utilidades.
Tal incoherencia administrativa y contractual, carísima por cierto, pues representa el 4.5% de los recaudos anuales de la empresa Triple A, ha salido de los bolsillos de los barranquilleros, representando hasta este momento, desde 1993, la erogación a Inassa de $221.000 millones.
Una enorme y nada desdeñable suma.
Por ello el Procurador General de la Nación, al efectuar indagaciones en la estructura administrativa de Triple A sobre la asesoría técnica ofrecida por Inassa y no encontrar evidencias de ella, pidió en la última semana de octubre del 2017 que se suspendieran inmediatamente esos pagos. Al principio, Triple A respondió en un comunicado que tal asistencia “se reflejaba en las diversas áreas de prestación de la calidad de un óptimo servicio” y, siguiendo la tendencia ejecutiva de moda en Barranquilla, que oportunamente presentaría la información pertinente. Retorica gaseosa pues el 8 de noviembre decidió suspender los pagos a Inassa, puntualizando la perla jurídica que el contrato de todos modos se mantenía activo. Un verdadero galimatías pues si el contrato no se paga, no hay servicio de asistencia técnica condición sine quea non para la resolución de contratos, agregando además la Triple A, que Inassa “se encuentra obligada estatutariamente”. Total verdad, pues Inassa contratante es propietaria de Triple A contratista y mal podría reprenderse jurídicamente a sí misma.
Dice la Triple A que “como una inequívoca señal de respeto seguirá colaborando de forma “transparente” con la Procuraduría con el fin de aclarar las inquietudes sobre ese tema”. Con el mejor de los estilos retóricos que maneja esta empresa en sus comunicaciones corporativas, indica que la asesoría técnica de Inassa “ha generado resultados tangibles en la gestión integral del servicio, mejorando de manera ostensible todos los indicadores de la compañía, contribuyendo a la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo social de la ciudad y el departamento”.
Linda parrafada. Ramón Hemmer, gerente general de la Triple A, sale en defensa del contrato de sus patrones de Inassa con el pronunciamiento preventivo en el sentido que “el presente acatamiento no constituye renuncia alguna a los derechos de defensa y no constituye admisión de responsabilidad alguna ni tomado como indicio en contra”. Los abogados navegando en las aguas de la retorica legalista, retomado, a su manera, de una forma ligera por el Alcalde Alex Char cuando señala que a su gobierno lo único que le interesa es que el servicio de agua tenga calidad y sea permanente. En otras palabras, no es de su incumbencia el patrimonio rapado con argucias y sobornos a Barranquilla, ni que sus habitantes usuarios de la Triple A deban someterse a que sus dineros se diluyan en contratos, tal como lo señala la Procuraduría, de dudosa utilidad o servicio.
Funciones financieras de Inassa
Inassa fue creada en Barranquilla el 19 de septiembre de 1996 tras la cesión del Distrito “gratuita” del 43% de sus acciones. Una cobertura jurídica creada para soportar la reunión de Aguas de Barcelona (Agbar) y los socios colombianos, la cual pasó posteriormente, en una venta cuestionada en España, a Canal Isabel II por la suma de 83 millones dólares. Para desligar estos procesos, teñidos de corrupción administrativa y política, tal como lo ha informado profusamente la prensa española y que condujo a la apertura por parte de la Unidad Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Española a procesos y detenciones, se creó una nueva empresa, Canal Extensia, a su vez propietaria de Inassa y esta, de la Triple A.
Un verdadero entramado jurídico en la búsqueda de varios fines y no precisamente lo técnicos ofrecidos por Inassa y de los que tanto se lamentan en Barranquilla. Ángel Garrido, Presidente del Consejo de Administración de Canal Isabel II, en una comparecía a las sesiones de la Comunidad de Madrid, en la sesión del 5 de abril de 2016, número 173, indica que las actividades del grupo en América Latina se dividen en cuatro grandes grupos: “en primer lugar, a la gestión del ciclo integral del agua, abastecimiento y saneamiento… En segundo lugar, destacan las empresas dedicadas a prestar servicios de apoyo a la gestión del ciclo integral del agua, como son asesoría y consultoría sectorial, ingeniería civil, la explotación de plantas, obras e instalación de acometidas y contadores, abastecimientos y saneamiento…En tercer lugar, las empresas dedicadas a otras actividades sinérgicas relacionadas con la gestión del ciclo integral, como tecnologías de la información, ingeniería, construcción y arquitectura civil no relacionada con el agua o la gestión de residuos y limpieza urbana… En cuarto y último lugar, se encuentran las empresas tenedoras de acciones que actualmente están ubicadas en Colombia, República Dominicana, México, Ecuador, Venezuela y Uruguay”. En este grupo se ubica a Inassa, con el control de acciones en varias de las empresas del grupo Canal Extensia, a su vez perteneciente a Canal Isabel II, de la Comunidad de Madrid.
Las cifras de Canal Extensia, pese a los negocios que maneja, son mínimas, según los registros en archivos españoles. No pasa de 10 empleados, su facturación es de 2.500.000 Euros, su tamaño considerado mediano (?), y fue creada el 5 de diciembre del 2001 con un capital social de 100.000 Euros. Una empresa de papel para agrupar en Madrid ante Canal Isabel al holding de Inassa.
La red de corrupción al interior de Inassa
Es preciso, antes de presentar la trama de corrupción internacional al interior de la cúpula de Inassa, desmontar un historia relacionado con el “optimo” servicio de agua prestado por la Triple A, operando con viejas tuberías en donde se pierde gran parte del agua y con unos cobros altos del servicio: 3 veces más caro que en Bogotá y 5 que en Medellín.
Veamos que dice en el diario Público, la periodista Julia Pérez el 9 de mayo del 2017 a raíz de la presentación de unas grabaciones hechas al investigado Ignacio González, Ex presidente de la Comunidad de Madrid: “se comporta en las escuchas con aire fanfarrón, y sigue desplegando gastos –el “dinerillo B”- a pesar de que Edmundo Rodríguez Sobrino le advierte de que no cuadraba con sus ingresos oficiales. Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, y consejero de La Razón, está “acojonado”. Así lo creen Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de La Razón, también grabados. Tienen “una amiga de la casa que es magistrada” que ha llamado para decir “oye, cuidado que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña».
Importante para acotar: el presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, le advierte al jefe de la empresa que no tiene “el dinerillo b” para el despliegue de gastos y se encuentra con evidente miedo ante el cariz que toman las investigaciones.
Dinerillo B. Un buen nombre para un botín sin procedencia conocida. Sigamos con la periodista Julia Pérez del diario Publico de España sobre la procedencia de esos dineros: “Rodríguez Sobrino (presidente de Inassa) está nervioso, porque sabe que Cristina Cifuentes, la sucesora de González al frente de la Comunidad de Madrid, está levantando las alfombras de los negocios de Inassa, la filial en Latinoamérica del Canal de Isabel II, de donde la trama extrajo dinero público”.
Más clara, el agua que suministra la Triple A. “Inassa, la filial en Latinoamérica en donde la trama extrajo dinero público”.
Pasemos a un informe periodístico (24 octubre, 2017) reciente del diario El Confidencial de Madrid, en donde se develan las funciones de Edmundo González Sobrino y por supuesto, de Inassa: “Al mando de la filial sudamericana del Canal de Isabel II, Inassa —ocupó el cargo de presidente durante 10 años, entre 2006 y 2016—, lideró, según los indicios con los que cuenta la Fiscalía Anticorrupción, una trama de sobornos a funcionarios. No solo era conocedor, sino también «partícipe» de prácticas corruptas en el extranjero y el reparto de mordidas a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para «manipular» los procesos de obtención de contratos”.
La última semana de octubre, llegaron a Colombia el juez de la Audiencia Nacional instructor del caso, Manuel García Castellón y el fiscal Anticorrupción Carlos Yáñez con el propósito de tomar la declaración de un testigo clave en Barranquilla, al cual no se le conoce el nombre pues se encuentra bajo reserva del sumario y pieza clave del engranaje de corrupción. Admitió y aportó diversas pruebas en contra de Ignacio González, ofreciendo, según Miguel Campos, de la cadena Ser de España “detalles decisivos del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González, y las cuentas bancarias en las que el expresidente guardaba los 5,4 millones de dólares. Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros, según las mismas fuentes. Madrid era el «centro de decisión delictiva» y Sudamérica el «lugar de ejecución».
Para los investigadores Ignacio González, en colaboración con Edmundo Rodríguez, presidente de Inassa, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico. Según Campo, de la cadena Ser “Los imputados actuaban como una organización criminal, con Madrid como “centro de decisión delictiva”, y diversos países de Sudamérica como lugar de “ejecución material delictiva” para lograr una mayor protección e impunidad. Estos países han sido Colombia, Brasil, Panamá y la República Dominicana. Los beneficios eran desviados a través del entramado societario opaco entre estos países y también a Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, donde otros inculpados como Edmundo Rodríguez guardaban parte de su patrimonio”.
Todos estos imputados tienen empresas de fachada off shore en Panamá y Hong Kong, hecho público ventilado en los Panamá Papers. Todavía no se ha establecido hacia donde tomaban los recaudos de asistencia técnica que pagaba Triple A a Inassa, ni esta empresa, propietaria de la Triple A, ha manifestado en qué forma engrosaban a sus activos. Deberían, en aras de la ética y transparencia que presentan en sus informes corporativos y páginas web, hacerlos. Solo presentan, hasta estos momentos, ambiguos comunicados haciendo circular la versión que sin el soporte técnico de Inassa en ese contrato, el servicio podría sufrir menguas y retrasos en una especie de pánico falso mediático.
Las investigaciones siguen.
