Análisis forense de la gestión de Assad Raish Gámez (2024–2025): entre el elogio oficial, los contratos con financiadores de campaña y una dependencia fiscal que devora el 80% del presupuesto

Por: corrupcionaldia.com | Bogotá, 2026

EL EXAMEN COMIENZA AQUÍ

Nos encontramos en el municipio de El Copey, en el departamento del Cesar. Vamos a auscultar la gestión municipal de El Copey, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la administración del alcalde VEREDICTO. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

El primero de enero de 2024, con el sol ardiente del Caribe colombiano sobre sus espaldas y más de 35.000 voces que lo aclamaban en la plaza principal de El Copey, Assad Raish Gámez tomó posesión de la Alcaldía con una promesa que sonó como tambora en fiesta de San Juan: «¡No los voy a defraudar!«. Abogado, especialista en Gerencia Pública, ex secretario de Gobierno, ex director departamental: el hombre llegó con hoja de vida, con padrinos políticos —Ape Cuello, el senador Didier Lobo, el diputado José Mario Barriga— y con el eslogan «El Gobierno de la Gente«.

Dos años después, corrupcionaldia.com abre los libros. Los examina línea por línea. Los cruza con cinco fuentes independientes: los reportes CUIPO del Ministerio de Hacienda, los registros del Sistema General de Regalías, el SECOP I y II, los informes del Semanario La Calle, y los datos del propio portal municipal. Lo que emerge de ese ejercicio es un cuadro complejo, con luces y sombras, en el que los números oficiales cuentan una historia, las comunidades indígenas y los concejales de oposición cuentan otra muy distinta, y los contratos —esos contratos— cuentan la tercera y más reveladora de todas.

"Es un alcalde que no ha construido ni una sola obra en lo social porque, en lo personal, ya el hombre registra más de dos nuevas obras en cuanto a sus propiedades privadas." — Concejal Jeisson Manuel Villalba Julio, Partido Verde Oxígeno

EL COPEY: CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO

El Copey es un municipio de categoría 6 ubicado al noroccidente del departamento del Cesar, a 125 km de Valledupar. Su economía gira en torno a la palma africana, el café y la ganadería extensiva. Con una población estimada superior a los 35.000 habitantes —distribuidos entre la cabecera urbana y sus corregimientos, entre ellos Chimila, La Victoria y Caracolicito—, El Copey enfrenta una triple fragilidad histórica: alta dependencia de transferencias del gobierno central, baja capacidad tributaria propia, y una deuda social acumulada durante décadas en agua potable, vías rurales y cobertura educativa.

El municipio es además territorio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo cual le otorga acceso privilegiado a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) a través del OCAD Paz, mecanismo creado tras el Acuerdo de Paz de 2016. Es decir, este municipio cuenta con una ventanilla especial para traer inversión a comunidades históricamente olvidadas. Lo que hace —o deja de hacer— un alcalde con esa ventanilla es la diferencia entre el progreso y la perpetuación de la pobreza.

El Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 del alcalde Raish Gámez, adoptado mediante Decreto 101 del 12 de junio de 2024 y bautizado «El Copey Territorio de Vida«, identificó cinco grandes problemáticas: (1) déficit en agua potable y saneamiento básico, (2) precariedad vial rural, (3) calidad educativa y cobertura, (4) desempleo y desarrollo económico local, y (5) acceso a salud y protección social. Sobre estos cinco ejes mediremos su gestión.

RADIOGRAFÍA FINANCIERA 2024–2025: LAS CIFRAS QUE EL ALCALDE NO PUBLICITA

Ingresos: El municipio que vive del bolsillo ajeno

En 2024, El Copey recaudó un total de $64.588 millones de pesos. En 2025, $66.867 millones. Un crecimiento nominal del 3,5%. Hasta aquí, la noticia parece positiva. Pero cuando se abre el capó del motor financiero y se examina de dónde viene ese dinero, el paisaje cambia radicalmente.

El dato que debería quitarle el sueño a cualquier administrador serio: el 80,5% de los ingresos del municipio en 2024 llegaron vía transferencias del gobierno nacional. En 2025, la cifra mejoró marginalmente al 74,2%, gracias a un notable incremento del 43,9% en los ingresos tributarios propios (de $8.326 millones a $11.978 millones). Esta mejora en el esfuerzo fiscal es, sin duda, el dato más positivo del cuatrienio hasta ahora. Sin embargo, confundir este avance con independencia fiscal sería un error de diagnóstico grave: El Copey sigue siendo un municipio que, sin la leche materna del Estado central, no sobreviviría fiscalmente.

⚠️ DEPENDENCIA FISCAL 2024: 80,5% | 2025: 74,2% — Categoría: CRÍTICA. El municipio genera menos de 18 centavos de cada peso que ejecuta.

Gastos: ¿Cuánto se invierte y en qué?

El municipio ejecutó en 2024 un total de gastos ordinarios de $56.447 millones en el presupuesto principal, más $315 millones del Concejo, $4.192 millones de regalías presupuestadas y otros rubros complementarios. En 2025, los gastos del presupuesto principal alcanzaron $59.142 millones. La distribución es la siguiente: el 96% corresponde a inversión y el 10,7% a funcionamiento, con el servicio de deuda representando el 3,6% en 2024 y el 3% en 2025. En términos formales, esta distribución cumple con los límites de la Ley 617 de 2000. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles.

¿Qué esconde ese 96% de «inversión«? Los gastos en salud (UPC del SGSSI, por $19.275 millones en 2024) están incluidos en esa cifra, pero son recursos de destinación específica administrados por las EPS e IPS, no obras ni proyectos de libre destinación. Lo mismo ocurre con los recursos de educación y agua potable del SGP. En la práctica, la inversión real de libre destinación del municipio es bastante más reducida que lo que los porcentajes sugieren.

Regalías: La caja que se llena y no se vacía

Aquí está uno de los hallazgos más llamativos —y más preocupantes— del análisis forense. En 2024, el municipio de El Copey registró ingresos de regalías por $20.388 millones y ejecutó $12.580 millones, una ejecución del 61,7%. Es decir, casi $7.808 millones de pesos en regalías quedaron sin ejecutar al cierre de 2024. El presupuesto de regalías incluye proyectos de inversión local (asignación directa por NBI y categoría), fondos de administración del SGR, y recursos PDET para las zonas más pobres del municipio.

⚠️ REGALÍAS 2024: 38.3% SIN EJECUTAR = $7.808 MILLONES INMOVILIZADOS. ¿Cuántos kilómetros de placa huella rural? ¿Cuántos acueductos veredales?

En 2025, la situación se transformó radicalmente: los ingresos de regalías cayeron a solo $2.258 millones —una reducción del 88,9% respecto a 2024—, con una ejecución del 81,8% ($1.847 millones). Esta caída abismal puede obedecer a que los grandes proyectos de regalías de la vigencia anterior cerraron su ciclo contable, pero también plantea una pregunta urgente: ¿qué pasó con la gestión ante el OCAD Paz para conseguir nuevos proyectos de regalías para 2025? En un municipio PDET, la inactividad ante el OCAD Paz no es neutral: es dejar plata sobre la mesa mientras las comunidades esperan.

Deuda Pública: La herencia que se está pagando

El municipio de El Copey tiene tres créditos vigentes, todos heredados de administraciones anteriores: (1) un crédito con Bancolombia de $5.000 millones para reposición del alcantarillado en un barrio de la cabecera, firmado en 2018 y reestructurado en 2023, con saldo de $2.626 millones al cierre de 2024; (2) un crédito con Bancolombia de $2.760 millones para la construcción del patinodromo municipal, firmado en 2022, con saldo de $2.351 millones al cierre de 2024; y (3) un crédito con el Banco de Bogotá de $1.158 millones para adquisición de maquinaria amarilla, firmado en 2023, con saldo de $579 millones al cierre de 2024.

Assad Raish no contrajo nueva deuda en 2024 ni en 2025. Eso es una buena noticia. El saldo total de la deuda pasó de $6.758 millones a inicio de 2024 a $4.354 millones al cierre de 2025, reducción que se logró mediante amortizaciones anuales de $1.202 millones. Sin embargo, la pignoración de rentas es nula según los reportes oficiales, lo que indica que los créditos no tienen garantías específicas. La deuda pende hasta máximo 2032.

Vigencias Futuras: El silencio que habla

Tanto en 2024 como en 2025, el Formulario Único Territorial (FUT) de vigencias futuras del municipio registra «NO REPORTE DE INFORMACIÓN». Esto significa que la alcaldía de El Copey, bajo la administración Raish Gámez, no autorizó ni reportó vigencias futuras en ninguno de sus dos primeros años de gobierno. Si bien este silencio puede interpretarse positivamente como la ausencia de compromisos que hipotequen el presupuesto de vigencias venideras, también puede reflejar una limitada capacidad de estructurar proyectos de mediano plazo y una baja ambición estratégica en materia presupuestal.

LOS CINCO PROBLEMAS, LOS CINCO INDICADORES Y LAS CALIFICACIONES

El Plan de Desarrollo «El Copey Territorio de Vida» identificó cinco problemáticas estructurales que los copeyanos llevan décadas padeciendo y que el alcalde se comprometió a atacar. Aquí los cruzamos con los recursos ejecutados, los resultados verificables y las declaraciones de la comunidad. Los pesos y las palabras frente al espejo.

Indicador 1: Agua Potable y Saneamiento Básico

PROMESA: Ampliar cobertura de acueducto y alcantarillado en zona urbana y rural.
RECURSOS DISPONIBLES: SGP Agua Potable $3.245M en 2024, $3.754M en 2025. Regalías adicionales para saneamiento.
EJECUCIÓN VERIFICADA: La Gobernación del Cesar —no la Alcaldía— inició en noviembre de 2025 la construcción del alcantarillado sanitario en el barrio Villa del Cesar, con una inversión de $3.498 millones de recursos departamentales. En el corregimiento de La Victoria, un proyecto PDET ejecutado con recursos de la cooperación internacional (USD $1.4 millones) llevó agua solar a 209 personas. Estos proyectos cruciales fueron gestionados desde otros niveles de gobierno, no desde la alcaldía. En la zona rural, el exgobernador Chimila José del Carmen Macías denunció al Semanario La Calle que «las vías están bastante malas porque las lluvias las han afectado y el alcalde ni siquiera hace para arreglarlas».

CALIFICACIÓN AGUA Y SANEAMIENTO: 4.0/10 — Los avances más significativos llegaron desde la Gobernación y la cooperación internacional, no desde la Alcaldía.

Indicador 2: Infraestructura Vial Rural

PROMESA: Construcción de placa huellas y mejoramiento de vías terciarias que conecten las veredas con la cabecera.
RECURSOS: Propósito General SGP $6.553M en 2024 y $6.954M en 2025 (de libre inversión, que incluye vías).
EJECUCIÓN VERIFICADA: El alcalde anunció con estruendo la pavimentación de 640 metros lineales en Caracolicito y 900 metros en barrios urbanos. El portal colombialicita.com registra contratos de pavimento en el casco urbano. Sin embargo, ningún líder comunitario rural reportó avances en las carreteras terciarias que comunican a las veredas con la cabecera. La comunidad indígena Chimila, ubicada a dos horas del casco urbano, reportó vías en estado crítico sin intervención.

CALIFICACIÓN VÍAS RURALES: 3.5/10 — La inversión vial estuvo concentrada en el casco urbano. Las comunidades rurales y el resguardo indígena no reportaron mejoras sustanciales.

Indicador 3: Educación y Cobertura Escolar

PROMESA: Mejorar calidad educativa, aumentar cobertura y garantizar alimentación escolar.
RECURSOS: SGP Educación $1.395M en 2024 y $1.838M en 2025.
EJECUCIÓN VERIFICADA: La Gobernación del Cesar entregó en 2024 el aulario de la Institución Educativa José Agustín Mackenzie en Caracolicito, corregimiento de El Copey —pero esto fue inversión departamental, no municipal. En agosto de 2025, la Gobernación entregó un cheque de $5.000 millones para construir una nueva institución educativa en El Copey, con recursos de regalías gestionados por la Gobernación ante el OCAD. Nuevamente: logros ajenos. La alcaldía no reportó resultados propios en mejoramiento educativo verificables en fuentes independientes.

CALIFICACIÓN EDUCACIÓN: 4.0/10 — El alcalde no puede atribuirse los avances en infraestructura educativa gestionados por la Gobernación departamental.

Indicador 4: Empleo y Desarrollo Económico Local

PROMESA: Generación de empleo, apoyo a emprendimientos y tecnificación agropecuaria.
RECURSOS: Estampillas, ICLD de libre destinación.
EJECUCIÓN VERIFICADA: Este es el indicador con menor evidencia de avance. No se encontraron registros en SECOP de contratos de apoyo al emprendimiento rural ni de programas de capacitación empresarial significativos. Las mujeres de la región habían planteado en las mesas de participación del Plan de Desarrollo Departamental la necesidad de programas certificados de emprendimiento. El alcalde Raish no presentó resultados verificables en este eje durante los dos primeros años.

CALIFICACIÓN EMPLEO Y DESARROLLO: 2.5/10 — Sin evidencia de programas estructurados. Ausencia notable en uno de los ejes más sentidos por las comunidades.

Indicador 5: Salud y Protección Social

PROMESA: Ampliar cobertura de aseguramiento, mejorar atención primaria y proteger a la población más vulnerable.
RECURSOS: SGSSI (UPC) $19.275M en 2024 y $19.197M en 2025; SGP Salud $14.798M en 2024 y $17.025M en 2025.
EJECUCIÓN VERIFICADA: El volumen de recursos en salud es el más alto del presupuesto municipal. Sin embargo, la mayoría de estos recursos son de destinación específica, administrados a través de contratos con la ESE (empresa social del Estado) municipal y aseguradoras. La Gobernación del Cesar reportó que en 2024, con carrotanques de gestión del riesgo, se apoyó a familias en El Copey en situación de emergencia hídrica. La comunidad Chimila reportó dificultades en el manejo de recursos de salud con enfoque diferencial para resguardos indígenas.

CALIFICACIÓN SALUD: 5.0/10 — Los recursos fluyen de manera relativamente normal pero sin innovación ni resultados destacables en población vulnerable.

EL SECOP HABLA: CONTRATOS, SOSPECHAS Y UN ARTÍCULO 408

En diciembre de 2024 y enero de 2025, el Semanario La Calle reveló lo que los datos del SECOP confirmaron: el alcalde Assad Raish Gámez había suscrito contratos de suministro con Cilia María Contreras Sierra, hermana de William Javier Contreras Sierra, segundo mayor financiador particular de la campaña que llevó a Raish a la Alcaldía.

Los contratos identificados son dos. El primero: contrato CMC-003-2024, firmado el 19 de febrero de 2024, para «suministro de materiales, útiles e implementos de aseo y cafetería para las dependencias y demás oficinas de la administración municipal», por valor de $36.400.000. El proceso fue abierto el 29 de enero a las 4:28 de la tarde, con cierre el 30 de enero a las 5:00 pm —menos de 24 horas—, y se presentó un único proponente: Cilia Contreras Sierra. El segundo: firmado el 11 de octubre de 2024 —y un tercero el 30 de diciembre de 2024—, con el mismo objeto, por $20 millones adicionales.

El análisis jurídico de fuentes conocedoras del caso revela dos presuntas violaciones: primero, el delito de interés indebido en la celebración de contratos, tipificado en el Artículo 408 del Código Penal colombiano, por haber intervenido en la celebración de un contrato con una persona que se encuentra en segundo grado de consanguinidad con un financiador de su campaña —lo que constituye una causal de inhabilidad—; segundo, el fraccionamiento del contrato, práctica que implica dividir artificiosamente el objeto de un contrato para eludir los procedimientos de selección objetiva establecidos en normas de orden público.

A esto se suma un contrato con Kering Gonzalo Villegas Aponte para mejoramiento del parque recreodeportivo, firmado el 14 de diciembre de 2024 con plazo hasta el 31 de diciembre —¡17 días de ejecución para obra pública!—, por $22.851.944. En el SECOP también figura el contrato de difusión y socialización del Plan de Desarrollo municipal para 2024, proceso que en municipios pequeños suele ser terreno fértil para el clientelismo comunicacional.

"Por tal razón, no podía el alcalde de El Copey, Assad César Raish Gámez, celebrar con ella el contrato CAO-074 de 2024; y, al hacerlo, incurrió en el delito tipificado en el Artículo 408 del Código Penal." — Proyecto de demanda citado por el Semanario La Calle

LOS ODS: EL MUNICIPIO Y LA AGENDA 2030

Colombia asumió los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como hoja de ruta, y el Plan de Desarrollo Departamental del Cesar 2024-2027 los incorporó explícitamente. ¿Cómo responde El Copey a esa agenda global?

ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 10 (Reducción de desigualdades): La falta de programas de empleabilidad y el abandono relativo de las comunidades rurales e indígenas van en sentido contrario a estos objetivos. ODS 3 (Salud y bienestar): Los recursos fluyen, pero la cobertura en el resguardo indígena Chimila presenta serios déficits de enfoque diferencial. ODS 4 (Educación de calidad): Los logros en infraestructura educativa pertenecen a la Gobernación, no a la Alcaldía. ODS 6 (Agua limpia y saneamiento): Las obras de alcantarillado más significativas fueron gestionadas y ejecutadas por la Gobernación. ODS 9 (Infraestructura e innovación): Las vías rurales siguen en estado crítico. ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas): Los contratos con inhabilidades y el hermetismo con la comunidad indígena sobre el Plan de Desarrollo vulneran directamente este ODS.

ANÁLISIS JURÍDICO: ¿PREVARICATO POR OMISIÓN?

El delito de prevaricato por omisión está tipificado en el Artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), que establece que «el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de dos a cinco años». Se configura cuando un funcionario, teniendo la obligación legal de actuar, deliberadamente deja de hacerlo en detrimento de los derechos de los ciudadanos.

En el caso del alcalde Assad Raish Gámez, existen indicios de posible prevaricato por omisión en al menos tres frentes. Primero: la omisión sistemática en la gestión de recursos ante el OCAD Paz. En 2025, las regalías del municipio cayeron un 88,9% respecto a 2024. En un municipio PDET con severas necesidades sociales, no gestionar recursos disponibles en el OCAD Paz —que aprobó $58.000 millones para proyectos agrícolas en el Cesar en septiembre de 2025, entre otros— puede constituir una omisión grave de sus funciones de promoción del desarrollo local. Segundo: el manejo de los recursos del resguardo indígena Chimila. El exgobernador Chimila, José del Carmen Macías, denunció públicamente que el alcalde maneja los recursos indígenas «como le corresponde al resto del municipio», ignorando el mandato de enfoque diferencial que exige la normativa para la inversión en resguardos. Tercero: el no reporte de vigencias futuras. Aunque técnicamente no implica delito per se, la total ausencia de compromisos presupuestales de mediano plazo en dos años consecutivos puede interpretarse como omisión en el deber de planeación estratégica que impone la Ley 152 de 1994.

Importante: Las omisiones descritas son indicios que ameritan investigación por parte del órgano competente. No constituyen condena penal. Es la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General quienes tienen la potestad de investigar y sancionar. Lo que este análisis señala son patrones de conducta que deben ser examinados bajo la lupa de la ley.

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN 2024–2025

Con una calificación promedio de 3.8 sobre 10, la gestión de Assad Raish Gámez en sus dos primeros años se ubica en la categoría MEDIOCRE, con tendencia a empeorar. No es una gestión catastrófica —los recursos del SGP se ejecutaron dentro de los marcos legales, la deuda pública disminuyó y el esfuerzo fiscal tuvo una mejora notable—, pero tampoco es la «revolución» que prometió el mandatario en su discurso de posesión.

Lo más grave no son las cifras frías. Lo más grave es lo que revelan las cifras sobre las prioridades reales del gobernante: mientras las comunidades rurales esperaban placa huellas, el alcalde inauguró bulevares urbanos; mientras la comunidad Chimila pedía información sobre el Plan de Desarrollo, se suscribían contratos con familiares de financiadores de campaña; mientras las regalías disponibles sumaban más de $20.000 millones en 2024, casi el 40% quedó sin ejecutar.

LA PREGUNTA QUE LOS COPEYANOS DEBEN HACERSE

El Copey tiene 35.000 razones para exigir más de su alcalde. Las mismas 35.000 razones que Assad Raish citó el 1 de enero de 2024 al prometer que no los defraudaría. Dos años después, las cifras dicen que el municipio sigue atrapado en la misma trampa histórica: dependiente del gobierno central, con comunidades rurales e indígenas desatendidas, con contratos que generan sospechas legítimas de incompatibilidades, y con regalías que no se ejecutan a la velocidad que la urgencia social demanda.

La pregunta que este análisis deja sobre la mesa es la misma que formulamos en cada uno de nuestros estudios forenses de gestión municipal: ¿quién vigila al que prometió vigilar? La respuesta, en El Copey como en el resto de Colombia, somos nosotros. Los ciudadanos, los concejales, los periodistas, los líderes comunitarios y las comunidades indígenas que tienen el derecho y la obligación de exigir cuentas claras, gastos verificables y resultados tangibles.

La corrupción no siempre llega con el escándalo de un contrato millonario robado. A veces llega en silencio: en el contrato de mínima cuantía que favorece al hermano del financiador, en la regalía que no se ejecuta, en el Plan de Desarrollo que no se le muestra a la comunidad indígena que debería beneficiarse de él. Ese silencio cómplice, esa omisión sistemática, ese «no me preguntes y no te digo» es, también, una forma de defraudar a los 35.000 copeyanos que pusieron su fe en el Gobierno de la Gente.

«La corrupción no solo se denuncia. Se disecciona.» — corrupcionaldia.com

Fuentes consultadas: CUIPO/Ministerio de Hacienda (reportes FUT 2024-2025), Sistema General de Regalías (CHIP), SECOP I y II, Portal elcopey-cesar.gov.co, Semanario La Calle (diciembre 2024 / enero 2025), El Pilón (diciembre 2024), Wikipedia El Copey, Cesar.gov.co, Decreto 101 del 12 de junio de 2024 (PDT El Copey 2024-2027), Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Ley 152 de 1994, Ley 617 de 2000.

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