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Diana María Amaya Gil: La arquitectura de la impunidad, cuando demoler el patrimonio cultural sale gratis

30 enero, 2026

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Diana Amaya Gil enfrenta juicio por prevaricato tras negarse a cobrar multa de $62.4 millones por demolición ilegal de bien patrimonial en Barranquilla. El sistema político la recompensa con un salario de $15 millones mensuales.

Hay corrupciones que gritan y corrupciones que susurran. Las que gritan terminan en titulares escandalosos durante 48 horas antes de ser devoradas por el siguiente escándalo. Las que susurran —esas que operan con la elegancia burocrática de un acta firmada, un cobro olvidado, un deber no cumplido— construyen imperios de impunidad silenciosa. La historia de Diana María Amaya Gil pertenece a esta segunda categoría: el manual perfecto de cómo destruir el patrimonio histórico de una ciudad sin mancharse las manos de cemento.

Entre 2012 y 2016, durante la administración de Elsa Noguera en Barranquilla, Amaya Gil ocupó el cargo de Secretaria de Control Urbano y Espacio Público. Su misión: proteger el ordenamiento territorial y el patrimonio de la ciudad. Su legado: mirar hacia otro lado mientras un inmueble con protección patrimonial del Ministerio de Cultura era demolido ilegalmente en la Carrera 61 No. 66-145 del barrio El Prado. En su lugar, se levantó un edificio de cinco pisos sin licencias. Y cuando le correspondía cobrar una multa de $62.4 millones que su antecesor Jorge Rosales Steel había impuesto a la propietaria Auristela Mendoza Jiménez, simplemente no lo hizo. Como si no fuera con ella. Como si el patrimonio cultural de Barranquilla fuera un asunto opcional.

El arte de hacer nada: la omisión como estrategia de corrupción

Aquí viene la parte filosóficamente interesante del caso. Diana Amaya Gil no robó dinero público. No falsificó documentos. No montó una empresa de fachada ni recibió sobornos documentados. Hizo algo mucho más sofisticado y letal para el tejido institucional: simplemente no cumplió su deber. El delito de prevaricato por omisión —ese que ahora enfrenta en juicio— es la joya de la corona de la corrupción estructural colombiana. No requiere acción, solo inacción estratégica.

Veamos cómo funciona el mecanismo invisible: un inmueble protegido por el Estado es demolido sin permisos. La anterior administración impone una multa. La nueva secretaria recibe el expediente en su escritorio. Y entonces… nada. Silencio administrativo. El expediente se archiva en ese limbo kafkiano donde los deberes del Estado van a morir. ¿Envió oficios informativos a la Defensoría y la Personería? Sí. ¿Eso la exime de cobrar lo que debía cobrar? Por supuesto que no. Pero en la lógica de la impunidad colombiana, hacer el mínimo indispensable para aparentar cumplimiento es suficiente.

El 26 de enero de 2026, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla le negó la solicitud de preclusión. Es decir: el juez consideró que hay méritos suficientes para que enfrente juicio. Ahora el proceso pasa al Juzgado Octavo Penal del Circuito —como manda la ley cuando se niega una preclusión— y Diana Amaya Gil tendrá hasta el 12 de agosto de 2030 para ser condenada, a menos que acepte un preacuerdo. La prescripción corre, pero también la justicia. Lento, pero corre.

La cadena de la dedocracia: de Elsa Noguera a Eduardo Verano

Diana Amaya Gil no actuó en el vacío. Formó parte de una arquitectura política perfectamente aceitada. Durante su gestión, respondía directamente a Elsa Noguera de la Espriella, la alcaldesa que pasaría a la historia como la primera elegida por voto popular en Barranquilla. Noguera, economista de la Javeriana con un currículum impecable, llegó al poder con el respaldo del clan Char —esa dinastía política que controla Barranquilla como si fuera su feudo personal— y construyó una imagen de gestora eficiente. Ganó el primer lugar en el Índice de Transparencia Municipal en 2014. Fue Ministra de Vivienda. Gobernadora del Atlántico.

Pero detrás de los rankings y las obras de infraestructura, había secretarias de despacho que permitían que el patrimonio histórico fuera demolido sin consecuencias. Y cuando Elsa Noguera terminó su mandato, Diana Amaya Gil no cayó en desgracia. Al contrario. La dedocracia —ese sistema donde los cargos públicos se reparten por lealtad política, no por mérito— la protegió. Hoy es asesora del despacho del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, con un salario que supera los $15 millones mensuales. Léanlo bien: $15 millones cada mes. Más de lo que ganan cinco maestros de escuela pública juntos. Más de lo que una familia colombiana promedio ve en seis meses.

Eduardo Verano de la Rosa, el gobernador que la contrató, no es ningún novato. Tres veces elegido gobernador del Atlántico (2008-2011, 2016-2019, 2024-2027), constituyente del 91, exministro de Ambiente, aspirante presidencial frustrado. Un hombre con décadas en la política liberal y una alianza estratégica con el mismo clan Char que respaldó a Elsa Noguera. La continuidad del poder en el Atlántico no es una metáfora: es una estructura orgánica donde los mismos apellidos, los mismos intereses y las mismas lealtades se reciclan generación tras generación. Y cuando alguien como Diana Amaya Gil tropieza con la justicia, el sistema la rescata con un puesto cómodo en la nómina pública.

Lo que se pierde cuando el patrimonio se vuelve negociable

Hablemos de lo que realmente se perdió en la Carrera 61 No. 66-145. No solo un inmueble. Se perdió un fragmento de la memoria arquitectónica de Barranquilla, de esa ciudad que a principios del siglo XX era el puerto de entrada de la modernidad al Caribe colombiano. Se perdió un bien que el Ministerio de Cultura había catalogado como patrimonio histórico y cultural de la nación. Se perdió la confianza en que las instituciones protegerán lo que dicen proteger.

Pero más grave aún: se normalizó la impunidad. Porque cuando una funcionaria pública puede negarse a cobrar una multa legítima, cuando puede dejar que un edificio de cinco pisos se levante ilegalmente sobre las ruinas de un bien patrimonial, y cuando el único precio que paga es… conseguir un trabajo mejor pagado en la siguiente administración, el mensaje es cristalino: en Colombia, la corrupción por omisión no solo es tolerada, es recompensada.

El costo de oportunidad es brutal. Los $62.4 millones que no se cobraron pudieron financiar programas culturales, restauración de otros inmuebles históricos, educación patrimonial para nuevas generaciones. Pero en lugar de eso, quedaron en el bolsillo de quien demolió ilegalmente. Y Diana Amaya Gil se lavó las manos enviando un par de oficios informativos que no servían para nada más que para crear una apariencia de diligencia burocrática.

Por qué el sistema recompensa a los incompetentes y corruptos

Este caso no es excepcional. Es la norma. Diana Amaya Gil es apenas una ficha más en el tablero de la corrupción estructural del Atlántico y de Colombia entera. El caso recuerda lo que el catedrático español Alejandro Nieto describió magistralmente en ‘El desgobierno de lo público’: cuando el aparato estatal es capturado por una clase política que no busca el bien común sino su propio beneficio, la administración pública deja de ser servicio y se convierte en botín.

La dedocracia opera con una lógica perversa: los cargos públicos se reparten no por capacidad técnica o méritos profesionales, sino por lealtades políticas. Diana Amaya Gil llegó a la Secretaría de Control Urbano porque Elsa Noguera la puso ahí. Y Eduardo Verano de la Rosa la contrató como asesora porque forma parte de la misma red clientelar que gobierna el Atlántico desde hace décadas. No importa que esté siendo juzgada por prevaricato. No importa que haya permitido la destrucción de patrimonio histórico. Lo que importa es que es una pieza confiable del sistema.

Y mientras tanto, la justicia avanza con la velocidad de un caracol artrítico. El proceso penal lleva radicado desde 2018 (radicado No. 08-001-60-01257-2018-05853-00). Diana Amaya Gil fue imputada en marzo de 2025. Ahora, en enero de 2026, apenas se le niega la preclusión. Si todo sigue este ritmo, podría ser condenada en 2030. O podría aceptar un preacuerdo, pagar una multa simbólica, y seguir cobrando su jugoso salario en la Gobernación. O podría simplemente prescribir el caso si sus abogados logran dilatar el proceso con recursos innecesarios.

La cadena de responsables: cuando todos miran para otro lado

Diana Amaya Gil no está sola en el banquillo moral de este desastre. Según el proceso judicial, también están bajo investigación sus sucesores: Henry Cáceres Messino y Angelo Cianci Díaz, quienes heredaron el mismo expediente, la misma omisión, la misma práctica de hacer como que las normas no existen. Ellos dejaron todo el esfuerzo para revertir el daño al actor popular y a la justicia contencioso-administrativa. Es decir: hicieron exactamente lo mismo que Diana Amaya Gil. Nada.

Esta cadena de inacción revela algo profundamente perturbador: la corrupción por omisión no es un error individual, es una política institucional. Cuando tres secretarios consecutivos adoptan la misma conducta, cuando ninguno cobra la multa que debía cobrarse, cuando todos protegen el mismo interés privado sobre el patrimonio público, estamos ante un sistema diseñado para fallar. O mejor dicho: diseñado para funcionar exactamente así, permitiendo que unos pocos se enriquezcan mientras el Estado hace como que cumple sus funciones.

La pregunta incómoda: ¿cuánto vale destruir una ciudad?

En Barranquilla, aparentemente, cuesta $62.4 millones que nadie cobró. Más el salario de $15 millones mensuales que Diana Amaya Gil cobra hoy por asesorar a un gobernador que debería estar avergonzado de tenerla en su nómina. Más el costo invisible de la impunidad: esa sensación que tienen miles de barranquilleros de que las leyes son para otros, que el patrimonio es negociable, que la justicia es lenta y opcional.

El defensor de derechos humanos y representante de víctimas Víctor Ríos Mercado lo expresó con claridad después de la audiencia del 26 de enero: ‘Seguiremos atentos al avance de este juicio visibilizándolo en las redes sociales para que estos servidores del Estado no sigan siendo premiados en las corporaciones públicas con millonarios sueldos mientras cometen desastres producto de su inexperiencia por la dedocracia de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico.’ Mientras haya abogados de víctimas, agregó, este proceso tendrá doliente.

La arquitectura de la impunidad está perfectamente construida: cargos repartidos por lealtad, omisiones estratégicas, procesos judiciales eternos, y al final, ninguna consecuencia real para quienes destruyen el patrimonio de una ciudad. Pero hay una grieta en esa arquitectura: la visibilización, la memoria colectiva, la resistencia de ciudadanos que se niegan a normalizar el saqueo. Este caso es un símbolo de algo mucho más grande: la batalla entre la Colombia que roba y la Colombia que resiste.

¿Será condenada Diana Amaya Gil? ¿Pagará algún precio por haber mirado hacia otro lado mientras demolían el patrimonio histórico que debía proteger? La justicia colombiana tiene hasta agosto de 2030 para responder. Mientras tanto, ella cobra $15 millones al mes. Y Barranquilla sigue perdiendo pedazos de su memoria, un inmueble a la vez.

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