Demolerán el edificio Michel, pero no los cimientos de la corrupción en Barranquilla

El rostro del poder que se disfraza de negligencia

El edificio Michel, ubicado en el corazón del barrio Bellavista, debería ser un símbolo de la elegancia arquitectónica que caracteriza a ese sector histórico de Barranquilla. En cambio, se convirtió en un monumento a la corrupción urbanística, levantado sobre los escombros de la legalidad. Su demolición, ordenada en firme por un juez en 2026, no es solo un acto técnico. Es la sentencia moral de una ciudad donde las normas se aplican tarde, mal o nunca.

Todo comenzó con la Resolución 361 de 2010, expedida por la entonces oficina de Control Urbano del Distrito, que declaró a los propietarios del inmueble como contraventores urbanísticos por haber demolido y reconstruido sin los permisos requeridos. El predio, al estar dentro del área patrimonial de los barrios Prado, Alto Prado y Bellavista, debía contar con la autorización expresa del Ministerio de Cultura, luego delegada a la Secretaría de Cultura Distrital. Pero la obra avanzó a plena luz del día, con maquinaria, planos y curaduría incluida. Nadie detuvo nada.

Mientras los sellos de «obra suspendida» se pegaban en las paredes, los martillos seguían sonando. Y mientras los funcionarios municipales «investigaban», los pisos del edificio se levantaban uno tras otro. En Barranquilla, la ilegalidad no se esconde: se firma, se registra y se inaugura con corte de cinta.

La cadena de complicidades

La Curaduría Urbana 1 de Barranquilla es el primer eslabón de esta historia de corrupción. Su función es autorizar o negar las licencias de construcción, pero en este caso no solo omitió su deber, sino que permitió la interpretación laxa de la norma. La Secretaría de Cultura, a la que se le delegó la potestad de velar por los bienes de interés cultural, tampoco actuó. Ni alertó, ni sancionó. Y la Alcaldía de Barranquilla, a través de su oficina de Control Urbano, se comportó como un espectador: observó cómo un bien patrimonial era reemplazado por una estructura moderna sin la más mínima coherencia con su entorno histórico.

No lo podemos comprobar, pero estamos seguros que todos los funcionarios encargados de estas instancias, recibieron dinero para quedarse callados.

De 2010 a 2016, el expediente pasó por escritorios, archivadores y despachos donde la legalidad se negocia con café, dinero y silencio. Cuando en 2016 la propietaria solicitó la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución 361 —alegando que habían pasado cinco años sin que el Distrito hiciera cumplir la orden de demolición—, un funcionario complaciente accedió. De un plumazo, borró la sanción y dio nueva vida a una ilegalidad que ya tenía paredes, locales y hasta recibos de impuesto predial.

Así opera la corrupción estructural: no con maletines llenos de dinero, sino con plumas que firman lo que la ley prohíbe. Como bien describía el jurista Alejandro Nieto, el sistema público se convierte en un refugio de incompetentes y cómplices, donde la impunidad no es accidente, sino método. Barranquilla no necesitaba una banda de mafiosos para destruir su patrimonio: bastó la negligencia organizada de sus funcionarios.

La justicia llega cuando ya no hay qué salvar

Pasaron más de diez años de litigios antes de que un juez, en 2020, fallara una acción popular que ordenaba la demolición del edificio Michel por violación de derechos colectivos como la moralidad administrativa y la protección del patrimonio cultural. En 2026, el fallo quedó en firme y sin posibilidad de apelación. La Alcaldía deberá abrir una licitación pública para contratar la demolición, cuyo costo supera los $2.000 millones de pesos. Un dinero público que saldrá del bolsillo de los barranquilleros, no de los funcionarios que omitieron sus deberes ni de las curadurías que permitieron la infracción.

Y aquí está la ironía más amarga: los mismos entes que permitieron el delito son ahora los encargados de ejecutar la sanción. La Alcaldía de Barranquilla, que durante una década se cruzó de brazos, será la responsable de pagar la factura. Control Urbano, que nunca controló nada, supervisará la demolición. Y la Secretaría de Cultura, que guardó silencio cuando se destruyó una casa patrimonial, ahora se presenta como guardiana del patrimonio.

Demoler un edificio es fácil. Lo difícil es derrumbar las estructuras invisibles de poder que lo hicieron posible.

La cultura de la permisividad

El caso Michel no es un episodio aislado. Es un retrato de cómo funciona el urbanismo en Barranquilla, donde las curadurías se han convertido en oficinas privadas de legalización de lo ilegal, y las normas patrimoniales son papel decorativo. Cada metro cuadrado de suelo en los barrios tradicionales tiene precio, y la cultura patrimonial compite con los intereses inmobiliarios disfrazados de “renovación urbana”.

Lo que ocurrió en Bellavista es el ejemplo de un sistema silencioso, donde la corrupción no se grita, se institucionaliza. Mientras los funcionarios hablan de desarrollo, las licencias se expiden sin control técnico; mientras se promueve el turismo cultural, los bienes de interés histórico se transforman en bares, edificios y bodegas. El discurso patrimonial sirve para ferias y eventos, no para defender la memoria arquitectónica.

En ese contexto, el edificio Michel no es una excepción, sino la norma. En la misma ciudad donde se presume de civismo y progreso, los permisos se tramitan con apellidos y los expedientes se “pierden” entre gestiones administrativas. Es la lógica invisible del poder local: permitir lo prohibido, retrasar lo urgente y sancionar lo inútil, todo con apariencia de legalidad.

El precio del silencio institucional

El fallo judicial del caso Michel obliga a reflexionar sobre una verdad incómoda: la Alcaldía de Barranquilla no fue víctima, fue cómplice. Durante años, las curadurías actuaron como brazos de intereses económicos que convirtieron la planificación urbana en una herramienta de negocio. Cada acto de omisión fue un favor encubierto. Cada silencio, una firma tácita de corrupción.

El costo de esta cadena de irresponsabilidades no se mide solo en dinero. También en la pérdida simbólica del civismo urbano, esa virtud que hace posible la convivencia y el respeto por lo público. Cuando las autoridades violan las normas que deberían proteger, el mensaje es devastador: la ley es negociable y el patrimonio, un obstáculo para el negocio.

La demolición pendiente

En 2026, las máquinas derribarán los muros del edificio Michel. Pero los verdaderos muros que necesita tumbar Barranquilla son otros: los de la complicidad política, la indiferencia ciudadana y el sistema curatorial que opera como caja registradora. Ningún programa de “ciudad sostenible” tendrá sentido mientras la corrupción urbanística siga siendo el cemento invisible que une funcionarios, constructores y silencios.

El edificio caerá, sí, pero los cimientos de la corrupción seguirán firmes si no hay consecuencias penales y disciplinarias para quienes omitieron su deber. Ningún arquitecto obra sin licencia sin saber lo que hace, y ningún funcionario ignora una demolición patrimonial sin recibir algo a cambio, aunque sea la promesa de impunidad.

Civismo y sociedad civil: la verdadera reconstrucción

La lección que deja este caso no es técnica, sino ética. El cambio no comienza con revoluciones espectaculares, sino con pequeños actos de responsabilidad ciudadana. En una ciudad donde las instituciones fallan, el verdadero control debe ejercerlo la sociedad civil, ese conjunto de ciudadanos libres e informados que, como definía James Buchanan, establecen las reglas del juego antes de que los políticos las manipulen.

La reconstrucción de Barranquilla no empezará con la demolición del Michel, sino cuando los ciudadanos dejen de aceptar la corrupción como paisaje y la indiferencia como cultura. Mientras el civismo no sea una práctica cotidiana y la sociedad civil no sea un contrapeso real del poder, la ciudad seguirá repitiendo el mismo patrón: edificios ilegales que se levantan rápido y responsabilidades que nunca se caen.

Porque sí, el edificio Michel será demolido. Pero los verdaderos escombros seguirán en los escritorios de quienes firmaron, omitieron y callaron.

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