Cuando las sotanas se manchan de millones: el caso del religioso que convirtió un cementerio en su feudo personal y ahora enfrenta juicio por narcotráfico y lavado de activos
El negocio de administrar la muerte
Hay negocios tan oscuros que ni siquiera la muerte puede ocultarlos. El sacerdote Hernando Fagid Álvarez Yacub, conocido como el «sacerdote rebelde«, continúa al frente del Cementerio San Miguel de Santa Marta pese a las imputaciones penales en su contra. Durante 17 años, este religioso transformó un camposanto en su territorio personal, desafiando a la Diócesis, ignorando a la justicia civil y, según la Fiscalía, construyendo una red de corrupción que ahora lo enfrenta a múltiples procesos penales, incluidas acusaciones por vínculos con narcotráfico y lavado de activos.
La pregunta no es si hay corrupción en este caso. La pregunta es cuántas capas de impunidad tuvieron que romperse para que finalmente el Fiscal 43 seccional de Santa Marta presentara escrito de acusación contra Álvarez Yacub. Porque cuando un sacerdote acumula investigaciones por Falsedad en Documento Privado, Administración Desleal, Destrucción de Documentos, Invasión de Tierras, Enriquecimiento Ilícito, Falsedad Personal y, como cereza del pastel, Lavado de Activos derivados de Narcotráfico junto a su supuesta compañera sentimental Gina Margarita García Fontalvo, estamos ante algo más grave que un simple conflicto administrativo eclesiástico.
Estamos ante un sistema que permitió que esto sucediera durante casi dos décadas.
La Anatomía del Poder Sagrado Corrompido
Mecanismo Invisible
La corrupción eclesiástica tiene una ventaja estratégica que ningún político común puede soñar: el blindaje sagrado. Mientras un alcalde corrupto puede ser escrachado públicamente, un sacerdote corrupto se escuda tras el respeto social a «lo sagrado«, la reverencia automática al ministerio sacerdotal y, en el caso del padre Fagid, tras una comunidad que lo defiende con fervor casi religioso. Ironía pura.
El Obispo de Santa Marta, José Mario Bacci Trespalacios, suspendió al padre Fagid del ministerio presbiteral por desobediencia, prohibiéndole celebrar sacramentos. ¿La respuesta del religioso? «Seguiré dando misa hasta que me saquen con orden judicial«. Así, sin complejos, sin remordimientos. Como si las leyes canónicas fueran sugerencias y el mandato episcopal, papel higiénico.
Pero el verdadero golpe maestro llegó cuando el padre Álvarez Yacub creó un nuevo organismo que registró ante la Cámara de Comercio de Santa Marta para habilitarse a sí mismo para la gestión del Cementerio San Miguel. Lean bien: un sacerdote suspendido, que ha sido ordenado a entregar el cementerio, simplemente crea su propia entidad legal para seguir administrándolo. Es como si un cajero de banco acusado de robo decidiera montar su propio banco para seguir teniendo acceso al dinero.
¿El nombre de esta pirueta jurídica? Legalidad espuria. O como lo llaman los abogados especializados en corrupción: «creatividad institucional para perpetuar el saqueo».
Los Actores del Teatro Sagrado
El Protagonista: Un rebelde con causa lucrativa
Hernando Fagid Álvarez Yacub no es un sacerdote cualquiera. Es un personaje que durante 17 años construyó un feudo personal bajo la fachada de servicio pastoral. Según el abogado de la Fundación Juan Pablo II, el padre Fagid continúa explotando económicamente el cementerio, cobrando por misas, inhumaciones, exhumaciones y certificaciones, a pesar de estar suspendido.
Traducción: mientras se paseaba con sotana y celebraba misas «ilegales» (desde el punto de vista canónico), seguía facturando cada servicio funerario como si nada. La muerte es un negocio redondo: los clientes son cautivos, literalmente.
El Antagonista Eclesiástico: El Obispo que Llegó Tarde
Según el padre Fagid, desde la llegada del obispo Bacci Trespalacios sintió «una persecución personal que va más allá de lo pastoral«. Claro, porque pedirle a un sacerdote que entregue un cementerio que no le pertenece es «persecución«. No es rendición de cuentas, no es cumplimiento de normas canónicas. Es persecución.
El obispo comunicó en reiteradas oportunidades al padre Fagid su decisión de traslado desde inicios de 2023. Pero Álvarez Yacub, con la sutileza de un tanque de guerra, respondió que no se movería sin un «destino adecuado«. Traducción: no me voy si no me dan otro lugar igual de lucrativo.
El Cómplice Silencioso: Un Sistema Judicial que Tardó Años
Aquí está el verdadero escándalo. El juez consideró que no existía sustento probatorio suficiente para restringirle el acceso al cementerio, permitiendo que Álvarez Yacub continuara al frente del lugar. Esto ocurrió incluso después de que la Diócesis lo destituyera y la Fiscalía iniciara investigaciones.
¿Cómo es posible que un juez no vea «sustento probatorio» cuando un sacerdote suspendido y bajo investigación sigue administrando un bien ajeno? La respuesta tiene dos palabras: complicidad sistémica. O tres: Colombia siendo Colombia.
La Sombra Emergente: Gina Margarita García Fontalvo
Y aquí aparece el plot twist de esta telenovela criminal eclesiástica. Según el texto inicial, ante la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, Álvarez Yacub deberá responder junto con Gina Margarita García Fontalvo, identificada como su supuesta compañera sentimental, por Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos derivados de actividades de Narcotráfico.
Detengámonos aquí. Un sacerdote católico, que hizo voto de castidad, ahora enfrenta acusaciones junto a su «compañera sentimental» por lavar dinero del narcotráfico. No es un chiste. Es el nivel de impunidad que alcanza la corrupción cuando se viste de sagrado.
El Impacto Real: Más allá del escándalo
El Cementerio como Símbolo de un Sistema Podrido
El Cementerio San Miguel es propiedad de la Fundación Juan Pablo Segundo, creada por la Diócesis de Santa Marta. No es propiedad privada del padre Fagid. No es un negocio familiar. Es un bien eclesiástico destinado al servicio comunitario.
Pero bajo la administración de Álvarez Yacub, se convirtió en una caja registradora personal. ¿Cuánto dinero pasó por sus manos en 17 años? ¿Cuántas familias dolientes pagaron servicios funerarios cuyos ingresos nunca llegaron a las arcas de la Diócesis? ¿Cuántos de esos recursos terminaron en cuentas bancarias de Gina Margarita García Fontalvo para ser lavados?
Las víctimas reales aquí no son solo la Diócesis o la Fundación Juan Pablo Segundo. Son cada familia de Santa Marta que, en su momento de dolor más profundo, pagó servicios funerarios a un sacerdote corrupto que usó su dolor como combustible para enriquecimiento ilícito.
El Costo de la Impunidad Prolongada
La Fiscalía 42 local de Santa Marta tiene una investigación abierta contra Álvarez Yacub por Invasión de Tierras, Enriquecimiento Ilícito y Falsedad Personal. La Dirección Especializada contra Lavado de Activos lo investiga junto a García Fontalvo por conexiones con narcotráfico.
Esto no pasó de la noche a la mañana. Fueron años. Años en los que el sistema —eclesiástico, judicial, administrativo— miró hacia otro lado. Años en los que Álvarez Yacub construyó su imperio de muerte y dinero. Años en los que la corrupción floreció bajo el incienso y las oraciones.
El Sistema que lo hizo posible
Lógica Invisible: Por qué un sacerdote puede más que la Ley
La pregunta central es: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo un sacerdote suspendido, bajo múltiples investigaciones penales, sigue administrando un cementerio y celebrando misas como si nada?
La respuesta está en la intersección perversa de tres sistemas:
- El blindaje eclesiástico: La reverencia social al clero genera zonas grises donde aplicar la ley se considera «
persecución religiosa«. - La lentitud judicial: La primera audiencia programada para el 5 de junio no se realizó por una incapacidad médica del apoderado del padre Fagid. Meses de retraso. Años de proceso. La justicia que tarda no es justicia.
- La complicidad comunitaria: El padre Fagid afirma contar con el respaldo de la comunidad del cementerio. Hay gente que lo defiende. Gente que prefiere creer en la «persecución» antes que aceptar que su sacerdote preferido es un delincuente de cuello blanco y sotana.
Este es el cóctel perfecto de la impunidad colombiana: un sistema legal lento, una institución religiosa con poder social, y una comunidad que prefiere cerrar los ojos.
El Patrón que se Repite
Este caso no es aislado. Es un patrón. Desde políticos que «roban pero hacen«, hasta empresarios que evaden impuestos «porque así se hace negocios en Colombia«, pasando por sacerdotes que convierten cementerios en negocios privados. El sistema corrupto se perpetúa porque hemos normalizado la corrupción.
«El corrupto no gana porque sea fuerte, gana porque muchos ya se rindieron«. Y en el caso del padre Fagid, ganó durante 17 años porque el sistema se rindió ante él.
Ahora, finalmente, Hernando Fagid Álvarez Yacub será llamado a Audiencia de Acusación ante un Juez Penal del Circuito Judicial con Funciones de Conocimiento de Santa Marta. El Fiscal 43 seccional presentó el escrito de acusación. Los delitos están tipificados. Las pruebas, según la Fiscalía, existen.
Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es si Álvarez Yacub irá a prisión. La pregunta es: ¿cuántos años más de impunidad habría disfrutado si la Diócesis no hubiera reaccionado? ¿Cuántas investigaciones más permanecerían archivadas si la presión mediática no existiera?
El padre Fagid es un síntoma. La enfermedad es un sistema que permite que un sacerdote suspendido, bajo múltiples investigaciones, incluyendo por narcotráfico y lavado de activos, siga administrando un cementerio como si fuera su hacienda personal.
¿Cuántos cementerios más están siendo administrados como feudos privados en Colombia? ¿Cuántos clérigos más tienen «compañeras sentimentales» con cuentas bancarias inexplicables? ¿Cuántas instituciones religiosas protegen a corruptos por temor al «escándalo»?
La verdad no solo se lee, se siente. Y este caso apesta a corrupción sistémica que solo se destapa cuando es demasiado tarde.
El padre Fagid irá a juicio. Pero el sistema que lo protegió durante 17 años sigue intacto, esperando al próximo sacerdote, al próximo político, al próximo corrupto que sepa jugar con las reglas de la impunidad colombiana.
Porque en Colombia, el que roba con sotana, roba dos veces: la plata y la fe.
NOTA DEL EDITOR: Esta investigación se basa en documentos judiciales públicos, declaraciones oficiales de la Fiscalía General de la Nación y la Diócesis de Santa Marta, y reportes de medios como Infobae, El Tiempo, Diario La Libertad, HOY Diario del Magdalena, Radio Hoy y Seguimiento.co. Las acusaciones contra Hernando Fagid Álvarez Yacub y Gina Margarita García Fontalvo son presunciones jurídicas que deberán ser probadas en juicio oral. La presunción de inocencia rige hasta sentencia condenatoria en firme.
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