Por: Adlai Stevenson Samper
“Los buenos artistas copian, los grandes roban”. Pablo Picasso
Conocida por sus arbitrariedades como presidenta de la Cámara de Representantes, entre ellas el célebre llamado de atención “Anatolio diga sí”, Jennifer Arias es la viva esencia de un tipo de personaje que hace y deshace en el poder legislativo en medio de una ignorancia formidable sobre los conceptos de ética y transparencia. Insoslayables en la señora representante que ejerce una función política pese a los cuestionamientos pasados y presentes relacionados con una trayectoria familiar no propiamente diáfana.
Como voto? "Anatolio diga SI", fue la orden q recibió el Congresista de Guainía Anatolio Hernández, d parte d la presidenta de la Cámara Jennifer Arias para q votara a favor d suspensión d la ley d garantías. Qda demostrada la convicción con la q legislan los HP a favor d 🇨🇴 pic.twitter.com/LiK5SpdcJL
— mapiaguilars (@mapias15) October 25, 2021
Nacida en Nueva York en enero de 1987, es hija de Luis Eduardo Arias Castellanos, un megacontratista del departamento del Meta, vinculado a la ganadería y condenado por un homicidio en 1993. Su hermano Andrés Eduardo Arias Ochoa perteneció al segmento de pilotos de aviación prestadores de servicios al narcotráfico y por ello, en 2008, aceptó cargos en tal sentido en una corte de Miami.
Jennifer estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes y una Maestría en Gobierno y Políticas Pública en la Universidad Externado de Colombia, en esta última acusada de plagio en la tesis, uno de los requisitos sine qua non de graduación.
El plagio es un delito contra la propiedad intelectual contenido en el título VIII del Código Penal en su artículo 270.
1 con pena de prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien
“Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico”.
El 30 de octubre de 2021 el portal Plagios S.O.S. denunció en twitter que varios fragmentos de la tesis de grado de la Presidenta de la Cámara Jennifer Arias fueron plagiados de obras de distintos autores.
El nombre de la tesis, ciertamente impresionante, se llama «Los OCAD’S y su contradicción con las teorías de la elección racional». Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) eje central de la tesis, son los encargados de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos que son financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Un sistema conformado –por lo menos en su letra— por tres vértices: Gobierno Nacional, Departamental y Universidades.
En suma, el portal Plagios S.O.S. denuncia a Arias y su compañera de tesis Leidy Lucía Largo Arango, en la actualidad coordinadora de la oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes, cargo en el que fue nombrada por la misma Jennifer Arias.
Al día siguiente del denuncio, el 31 octubre de 2021, el diario El Espectador publica la noticia sobre la denuncia de plagio y empieza un forcejeo entre la congresista, la Universidad Externado de Colombia, redes sociales y medios de comunicación.
Según la institución de educación superior, el 5 de noviembre la compañera de tesis de Arias, la citada Leidy Lucía Largo, radicó un documento ante la Secretaría General para reemplazar la tesis que tiene en su poder la universidad desde 2016, cuando se graduaron Jennifer Arias y Leydy Lucía Largo Arango.
Tres días después, el 8 del mismo mes, Largo Arango entregó una copia autenticada ante notario de dicho texto. Se trata de una intentona de cambiazo por una nueva tesis en donde se sospecha se depuró la información plagiada objeto de la controversia.
La U Extarnado ratifica hoy que el congreso está lleno de personas sin escrúpulos, por eso los valores y la educación son tan importantes.
— Julián El Politólogo Concejal (@Julianelpolit) November 23, 2021
Jennifer Arias es la misma de "Anatolio diga sí" #RenovemosElCongreso #EsContigohttps://t.co/DyAQELdic8 pic.twitter.com/ybBwvHhPp5
El 12 de noviembre la Universidad Externado de Colombia en un escueto comunicado indica que la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, había intentado cambiar la tesis de maestría por la cual estaba siendo investigada por presuntamente haber incurrido en plagio. Lo curioso del caso es que en los repositorios de la Universidad sobre las tesis de sus educandos la tesis inicial presentada por las señoras Arias y Largo hacía cinco años se encontraba en una especie de limbo pues no aparecía por ninguna parte. O si estaba; pero debido a que se encontraba en el ojo del huracán no la exponían a la prensa y a las personas interesadas en el tema.
Finalmente, las directivas académicas del Externado señalaron que si bien protocolariamente recibieron la nueva tesis, no la tendría en cuenta para efectos de determinar si hubo plagio en la primera versión entregada por su autoras y que se «adelanta la investigación con base en las evidencias de modo tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos».
Ante el mutismo de la universidad se iniciaron una serie de cábalas y conjeturas en redes sociales y medios de comunicación señalando su ambigua posición, hecho que precipitó la decisión de los expertos contratados para la revisión de la tesis el 22 de noviembre cuando la Universidad Externado de Colombia confirma públicamente que efectivamente, en la tesis de grado en Maestría en Ciencias Políticas de Jennifer Arias y Leydis Largo, hubo plagio: «La institución educativa pedirá la anulación ante el Consejo de Estado y enviará los soportes correspondientes a la Fiscalía General de la Nación».
El comunicado de la universidad fue extenso. Allí indican los procedimientos adoptados por los expertos contratados para dilucidar si hubo o no plagio en la citada tesis, detalló que «sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en internet de autores diferentes a las señoras Arias Falla y Largo Alvarado».
En el dictamen de los peritos se concluye, categóricamente, que en los casos puntuales mencionados por el portal Plagio S.O.S. hubo una evidente infracción a los derechos de autor por la cantidad de textos copiados literalmente o parafraseados «en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado».
El parafraseo es conducta señalada en artículo 270.2 del Código Penal: «Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico” y en el 270.3 “Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico».
Desde esta perspectiva penal la señora Presidenta de la Cámara Jennifer Arias, ante la declaración de la Universidad Externado de Colombia cometió un hecho punible, pero la institución de educación se excusa en sus derechos y responsabilidades académicas respecto a determinaciones de fondo –en algunos casos pérdida total de la carrera, expulsión o prohibición de graduación en determinado lapso con una nueva tesis o requisito de grado— aduciendo, un poco leguleyamente que por haber transcurrido 5 años de su graduación los estatutos señalan que carece de la condición de estudiante de la universidad para efectos de la respectiva graduación de sanciones.
Sí, es cierto que no es estudiante, pero posee la condición espuria de egresada y es evidente que sus procedimientos le causaron a la universidad una macula de vergüenza y mal nombre en su larga trayectoria histórica.
Pues bien, la solución fue que la universidad decidió acudir al Consejo de Estado para que anulara el título de magister en Gobierno y Políticas Públicas y; en lo referente a la responsabilidad penal envía los documentos y peritazgos de la investigación al juez natural de la representante Jennifer Arias, la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, en el caso de su compañera de tesis Leydis Largo.
El 23 de noviembre la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a la presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias por plagio en su tesis de maestría. Se adelanta la actuación tras la determinación tomada por la Oficina Jurídica de la Universidad que envió las diligencias realizadas a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en las que se exponía, punto por punto, la supuesta violación de los derechos de autor en el trabajo de grado de Jennifer Arias establecida por un perito que detectó cinco casos en los que se habría cometido la infracción.
La universidad, muy ceremoniosamente, ofreció un comunicado oficial: «De conformidad con la normatividad y jurisprudencia vigentes, y en razón de los hechos evidenciados, la Universidad acudirá ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitarle al Consejo de Estado que anule los títulos referidos, y remitirá a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la documentación pertinente, para lo correspondiente».
El conocimiento del caso le tocó al magistrado Héctor Alarcón, perteneciente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quien tendrá la función de escuchar la declaración de la congresista, recolectar las pruebas suficientes –acaso no son suficientes las dadas por la entidad afectada, en este caso la Universidad Externado de Colombia— para determinar si se inicia o no una investigación formal contra la parlamentaria del Centro Democrático.
Aquí se encuentra un interesante caso de derecho penal y constitución política, pues evidentemente la entidad que investiga y da el dictamen no pertenece a la administración de justicia y si ya en esta instancia académica –reconocida además por la excelencia histórica de su escuela de leyes— ofreció su dictamen del caso el instructor de la Corte Suprema de Justicia magistrado Héctor Alárcon debe acogerse a cada una de sus proposiciones.
No tiene otra alternativa ni pueda proponer argumentaciones fuera de lugar. Eso lo debe conocer muy bien el magistrado Alarcón, profesor de las facultades de Derecho de las universidades Libre de Barranquilla, Santiago de Cali y Militar Nueva Granada. ¿Acaso puede fungir, más allá de sus atribuciones instructivas jurídicas constitucionales, en interpretar a motu propio las decisiones de carácter académico amparadas por el concepto de autonomía universitaria? Debe acogerlas y ofrecer el derecho de defensa de la señora representante Arias. Nada más. Podría decirse que es un caso previamente juzgado y él en su potestad solo actúa para efectos de la sentencia final.
De todos modos es lindo dilema para estudio en las facultades de derecho.
Por supuesto la presidenta de la Cámara Jennifer Arias aseguró que no fue escuchada en las indagaciones del proceso por parte de la universidad y por ello se le violó su derecho al debido proceso. Formalmente –de haber ocurrido este hecho procesal— podría decirse que no le falta la razón, pero en el fondo es otra salida en falso pues lo que se dirime de fondo es si efectivamente hizo su tesis de grado –elemento fundamental de la litis— o la plagió. Así que sin nada de alegatos, manoteos y griterías, tal como hizo en un “show” en la Cámara en un intento de justificar sus procedimientos investigativos académicos.
Con tono dolorido y no el alegrón de «Anatolio diga sí» expresó a los medios de comunicación: «La Universidad ha dicho que se va a ir a los estrados judiciales. Yo hubiese preferido, como era lo correcto, haberlo solucionado en el escenario académico. Sin embargo, confío en la justicia colombiana y será en los estrados en los que demostraré mi inocencia y evidenciaré que no fue garantizado mi derecho a ser escuchada, pero además que ha sido mancillado mi nombre».
Los mancillados, señora Arias, fueron los autores de los que usted sustrajo citas, párrafos e información para ser incorporados como suyos en su tesis en un acto de corrupción académica debidamente probado por la misma universidad en donde cursó sus estudios de Maestría y se gradúo.
