Cómo el órgano rector electoral fue convertido en botín político de partidos tradicionales, con magistrados procesados por corrupción y nexos con paramilitares vigilando nuestras elecciones
Por: Gala Marcela Peña | corrupcionaldia.com
Más allá de los titulares: Imagina que los árbitros de un partido de fútbol fueran elegidos por los mismos equipos que van a jugar. Absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que sucede con el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia. El órgano que debe vigilar la transparencia de nuestras elecciones está compuesto por magistrados elegidos por el mismo Congreso que deberían fiscalizar, y más grave aún: varios de ellos arrastran investigaciones por corrupción, manipulación de testigos y vínculos con el paramilitarismo.
Esta no es solo una denuncia más. Es la radiografía completa de cómo el poder político en Colombia secuestró la institución que debería protegernos de sus abusos. Y lo peor: todo se hizo a plena luz del día, con el aplauso cómplice de quienes prometieron cambio.
El Golpe Perfecto: Cómo Uribe entregó el CNE al Congreso
Corría el año 2003. Álvaro Uribe Vélez llevaba apenas meses en la Presidencia y ya estaba rediseñando las instituciones a su conveniencia. Una de sus primeras jugadas maestras fue modificar la Constitución para arrebatarle al Consejo de Estado el poder de elegir a los magistrados del CNE y entregárselo al Congreso.
¿Por qué? La respuesta es tan simple como aterradora: porque el Consejo de Estado era un filtro técnico que los partidos políticos no podían controlar. El artículo 264 de la Constitución Política de 1991 establecía claramente que los magistrados del CNE serían elegidos por el Consejo de Estado para un período de cuatro años, «de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica».
Pero eso no le gustaba a la clase política. Tener que pasar por el filtro de un órgano técnico e independiente era demasiado incómodo. Así que en julio de 2003, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 1 que reformó la Constitución y convirtió la elección de los magistrados del CNE en un mercado persa donde las bancadas partidistas negocian cuotas burocráticas.
Desde entonces, el artículo 264 quedó así: «El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos».
Traducción en cristiano: el zorro quedó cuidando el gallinero. Los mismos congresistas que deberían ser vigilados por el CNE son quienes eligen a quienes los vigilan. Y claro, eligen a sus amigos, a sus socios políticos, a quienes les deben favores. El resultado: un CNE domesticado, sumiso, incapaz de morder la mano que lo alimenta.
Los Nueve Magistrados: Un catálogo de conflictos de interés
Como lo sustenta el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Oscar Fernando Sevillano: ‘La manera como se elige a los magistrados del CNE termina por neutralizar cualquier investigación que deben asumir para sus posteriores decisiones, porque finalmente los fallos que inhabilitan o destituyen a las personas que van a competir a algún cargo de elección popular terminan afectando a los intereses de los mismos partidos que les candidatizaron‘.
Veamos quiénes son estos nueve personajes que tienen en sus manos el destino electoral de Colombia:
1. Álvaro Hernán Prada: El Protegido de Uribe Procesado por Manipular Testigos
Empecemos por el más escandaloso. Álvaro Hernán Prada Artunduaga es exrepresentante a la Cámara por el Huila y militante del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Prada no solo es magistrado del CNE: actualmente preside esta institución.
¿El pequeño detalle? La Corte Suprema de Justicia lo tiene acusado formalmente por presunta complicidad en soborno de testigos en el caso que investiga a Álvaro Uribe Vélez. Y no estamos hablando de un proceso menor: el juicio en su contra comenzó el 12 de febrero de 2026, justo cuando este artículo se publica.
Según la acusación de la Corte Suprema, Prada habría participado activamente en un esquema para manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien acusaba a Uribe de promover la creación de grupos paramilitares en Antioquia. Para lograrlo, habría utilizado como intermediario a Carlos Enrique Vélez Callejas, alias ‘Caliche‘, un comerciante del Huila.
Las pruebas son contundentes: mensajes de WhatsApp donde Caliche le dice a Monsalve que lo contactó “el representante Álvaro Hernán Prada, de parte de Álvaro Uribe”, para obtener un video donde se retractara de sus declaraciones. Incluso existe evidencia de una llamada telefónica en la que Prada habría puesto a Uribe en altavoz para que hablara directamente con Caliche.
La magistrada Sandra Heredia, en el fallo que condenó a Uribe en primera instancia, fue contundente al señalar que ‘existió una estrategia orquestada desde múltiples frentes para presionar testigos‘. Y en el centro de esa estrategia aparece el nombre de Álvaro Hernán Prada.
Pero hay más. Para acreditar los 15 años de experiencia en áreas del derecho exigidos para ser magistrado del CNE, Prada figuró como representante legal de… ¡un gimnasio-spa en Neiva! Sí, leyó bien. El hombre que debe velar por la transparencia electoral en Colombia justificó su experiencia profesional dirigiendo un centro deportivo.
Y como si esto fuera poco, recientemente el senador Iván Cepeda denunció penalmente a Prada por prevaricato, acusándolo de no haberse declarado impedido para votar en un caso que lo involucraba directamente. ¿La respuesta de Prada? Silencio cómplice y a seguir presidiendo el CNE como si nada.
2. Maritza Martínez: La heredera del imperio paramilitar del Meta
Si Prada es el símbolo de la manipulación judicial, Maritza Martínez Aristizábal representa la perpetuación de las maquinarias políticas con nexos paramilitares. Exsenadora por tres períodos consecutivos (2010-2022) por el Partido de La U, Maritza es la esposa de Luis Carlos Torres Rueda, exsenador investigado por presuntos vínculos con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La historia de esta pareja es digna de una serie de Netflix sobre narcopolítica. Luis Carlos Torres fue gobernador del Meta entre 2001 y 2003. Durante su mandato, según declaraciones del exparamilitar ‘Don Mario‘ en Justicia y Paz, Torres habría participado en reuniones con Miguel Arroyave, jefe del Bloque Centauros. En una de esas reuniones, supuestamente se acordó el asesinato del candidato a la gobernación Euser Rondón Vargas, junto con la diputada Nubia Inés Sánchez Romero y el exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica, todos asesinados en 2003.
¿El motivo del triple homicidio? Euser Rondón había denunciado fraude electoral en favor de Edilberto ‘Beto’ Castro, quien era el candidato de Torres Rueda. Castro terminó siendo condenado a 40 años de prisión por ser cómplice del triple asesinato. Pero Torres, a pesar de los señalamientos, nunca fue formalmente acusado.
En 2007, cuando la parapolítica explotó en Colombia, Luis Carlos Torres renunció prudentemente al Senado para que su investigación pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. ¿Y quién lo reemplazó? Su esposa, Maritza Martínez, quien convenientemente heredó toda la maquinaria política del Meta.
Pero la familia Martínez-Torres tiene más esqueletos en el closet. Bayron Martínez, cuñado de Maritza y hermano suyo, fue condenado por sus vínculos con paramilitares. Y según testimonios judiciales, Luis Carlos Torres y Bayron Martínez le prometieron a Miguel Arroyave $2 mil millones de pesos, el 3% de la contratación mensual del departamento y un listado de contratistas para cobrarles el 5% de su contrato a cambio de eliminar a los opositores políticos.
Maritza Martínez, por su parte, tiene 7 procesos de carácter privado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. También está siendo investigada junto a la exrepresentante a la Cámara Elda Lucy Contento Sanz en un proceso en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Y como si esto fuera poco, en 2013 fue inhabilitada por la plenaria del Senado para participar en el debate de la reforma a la salud después de que confesara haber recibido aportes de un particular socio de una IPS para su campaña de 2010.
Esta es la mujer que hoy vigila la transparencia de las elecciones en Colombia. Una magistrada cuya carrera política se construyó sobre una estructura heredada de su esposo, investigado por parapolítica, y cuyo clan familiar está salpicado de condenas y procesos judiciales. ¿Alguien todavía cree en la independencia del CNE?
3. Los Otros Siete: Entre el oportunismo y el reparto burocrático
Benjamín Ortiz llegó con el respaldo del Partido Liberal y el guiño de Alexander Vega, el polémico exregistrador. Trabajó 15 años en la SuperTransporte y fue secretario general de la Registraduría de Vega, lo que dice mucho sobre sus conexiones políticas.
Alba Lucía Velásquez llegó por el Pacto Histórico. Curiosamente, en las últimas elecciones integró el equipo jurídico que vigiló el preconteo y escrutinio para las listas del mismo Pacto Histórico. ¿Conflicto de interés? Para ella, aparentemente no.
Fabiola Márquez fue contratista de la Secretaría de Gobierno en la Alcaldía de Petro (2012-2014) y directora del Fondo de Seguridad y Vigilancia en 2015. Otro caso de puertas giratorias entre la política y la ‘independencia’ electoral.
Álvaro Echeverry fue coordinador jurídico y electoral del Pacto Histórico en el Congreso y la Presidencia. Bajo su coordinación, el sistema de testigos detectó ‘anomalías’ en el preconteo y recuperó cerca de medio millón de votos para la lista al Senado. Ahora es magistrado del CNE. ¿Quién mejor para vigilar las elecciones que quien conoce todos los trucos?
Cristian Ricardo Quiroz fue director jurídico del partido Alianza Verde. Otro caso de militante partidista disfrazado de árbitro electoral.
Alfonso Campo fue director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) como cuota del Partido Conservador durante el gobierno de Iván Duque. Su nombramiento fue otro favor político cobrado.
Altus Alejandro Baquero Rueda tiene un currículum técnico impresionante, pero llegó al CNE por el mismo sistema de cuotas burocráticas que los demás. Su competencia profesional no cambia el hecho de que debe su puesto a negociaciones partidistas.
El Mecanismo Invisible: Cómo Funciona la Captura del CNE
El sistema es tan perverso como ingenioso. Funciona así:
Paso 1: Los partidos políticos postulan a sus candidatos. No postulan a los más competentes o éticos, sino a los más leales. A quienes les deben favores. A quienes no van a morder la mano que los alimenta.
Paso 2: El Congreso en pleno vota mediante el sistema de cifra repartidora. Esto significa que cada partido obtiene magistrados proporcionalmente a su representación en el Congreso. Los partidos mayoritarios obtienen más magistrados. Los minoritarios, menos. La oposición real, casi ninguno.
Paso 3: Una vez elegidos, los magistrados deben vigilar… ¿a quién? Exactamente: a los mismos partidos y congresistas que los pusieron ahí. Es como pedirle a un empleado que investigue a su jefe. ¿Alguien espera que lo haga con rigor?
El resultado es predecible: un CNE que protege a sus padrinos políticos y persigue a sus enemigos. Un CNE que investiga con lupa microscópica a los opositores del partido que lo nombró, mientras mira con lupa de catalejos los escándalos de sus aliados.
Como bien lo explica el investigador Oscar Fernando Sevillano: los fallos del CNE terminan afectando a los intereses de los mismos partidos que candidatizaron a los magistrados. Por eso, cuando un magistrado debe decidir si sanciona o no a un candidato de su partido, la ‘independencia’ y la ‘objetividad’ se esfuman mágicamente.
El CNE en Acción: Casos recientes que demuestran la captura
La investigación a la campaña de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales en 2022 es el ejemplo perfecto de cómo funciona el CNE politizado. No importa si la investigación es legítima o no (aunque el Consejo de Estado y la Corte Constitucional confirmaron que sí lo es). Lo que importa es observar quiénes la impulsan y con qué intereses.
Álvaro Hernán Prada, procesado por manipular testigos para proteger a Uribe, liderando una investigación contra Petro, el principal rival político de su mentor. ¿Casualidad? No, conflicto de interés escandaloso.
Cuando Petro señaló estos conflictos de interés y cuestionó la legitimidad del CNE para investigarlo (por su fuero constitucional), los magistrados salieron indignados a defender su ‘autonomía’ e ‘independencia’. El mismo Prada, quien está siendo juzgado por intentar influir en testigos judiciales, tuvo el descaro de hablar de ‘imparcialidad’.
Y cuando el gobierno de Petro propuso una reforma política para despolitizar el CNE —que los magistrados fueran elegidos mediante concurso público organizado por la rama judicial, en lugar del Congreso— ¿qué dijeron los actuales magistrados? Que el gobierno ‘nos quiere castrar’, según reportó la periodista D’arcy Quinn en La FM.
Traducción: no quieren perder sus privilegios. No quieren dejar de ser fichas de ajedrez de los partidos políticos. Porque saben que si hubiera un concurso de méritos real, muchos de ellos —empezando por Prada y Maritza Martínez— no pasarían ni el primer filtro.
Colombia Retrocede en Transparencia: Los Números de la Vergüenza
Mientras el CNE se dedica a perseguir enemigos políticos, la corrupción en Colombia se agrava. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional es demoledor: Colombia obtuvo solo 37 puntos sobre 100 y cayó al puesto 99 entre 182 países.
Es un retroceso brutal. En 2024, Colombia tenía 39 puntos y ocupaba el puesto 92. En 2023, alcanzó 40 puntos, el mayor puntaje de la última década. Es decir, en solo dos años, Colombia perdió 3 puntos y cayó 7 posiciones en el ranking global.
Según la encuesta de AtlasIntel, el 37,8% de los colombianos considera que la corrupción es el principal problema del país, superando incluso a la inseguridad (25%), la salud (12,3%) o el desempleo (9,4%). Uno de cada tres colombianos identifica la corrupción como el enemigo número uno.
¿Y qué hace el CNE mientras tanto? Perseguir adversarios políticos en lugar de investigar la corrupción estructural que carcome al país. Porque para eso están: no para combatir la corrupción, sino para administrarla, para regularla, para asegurarse de que sus padrinos políticos no salgan muy lastimados.
El Sistema que lo Permite: Por Qué la Impunidad se Perpetúa
El problema del CNE no es solo de personas. Es sistémico. Estructural. Filosófico.
Desde 2003, la clase política colombiana diseñó un sistema electoral que se vigila a sí mismo. Es como si en un país, los delincuentes eligieran a los policías. ¿Alguien esperaría que esos policías los persiguieran con rigor?
La reforma de 2003 eliminó dos cosas fundamentales:
1. La participación del Consejo de Estado en la elección de los magistrados, que era un filtro técnico e independiente.
2. Los cupos que tenían los partidos de oposición y minoritarios en la institución, garantizando pluralidad.
El resultado: un CNE monolítico, controlado por las mayorías congresionales, sin contrapesos reales. Un CNE que refleja la composición política del Congreso, sí, pero que por eso mismo es incapaz de fiscalizarlo con independencia.
Como explica Alejandro Nieto en su libro ‘El desgobierno de lo público’, el Estado colombiano ha degenerado en una estructura dominada por la incompetencia y la falta de ética. El Estado ha sido secuestrado por partidos políticos, altos funcionarios y grupos de poder económico, generando un aparato administrativo que no cumple con su función de servicio público, sino que se convierte en un obstáculo para la justicia, la eficacia y la equidad.
El CNE es la prueba viviente de esa tesis. No es un organismo técnico al servicio de la democracia. Es un botín burocrático al servicio de los partidos políticos. Y mientras siga siendo elegido por el Congreso, jamás podrá cumplir su función constitucional.
La Pregunta Incómoda que Nadie Quiere Responder
Aquí está la verdad que duele: mientras el Consejo Nacional Electoral siga siendo elegido por el Congreso, Colombia no tendrá elecciones verdaderamente limpias. Punto.
Porque no importa cuán honestos sean algunos magistrados individuales. No importa cuán bien intencionados sean. El sistema está diseñado para que fallen. Para que protejan a sus padrinos. Para que miren hacia otro lado cuando conviene. Para que persigan a los enemigos de sus patrocinadores.
¿Cómo vamos a confiar en un CNE presidido por un hombre acusado de manipular testigos? ¿Cómo vamos a creer en su imparcialidad cuando una de sus magistradas heredó una maquinaria política con vínculos paramilitares? ¿Cómo vamos a aceptar que nos vigilen árbitros elegidos por los mismos equipos que juegan el partido?
La respuesta es simple: no podemos. Y no deberíamos.
La reforma propuesta por el gobierno Petro —que los magistrados sean elegidos por concurso público organizado por la rama judicial— no es perfecta. Pero es infinitamente mejor que el mercado persa actual donde los partidos negocian cuotas burocráticas.
¿Por qué se oponen los actuales magistrados? Porque saben que perderían sus privilegios. Porque saben que en un concurso de méritos real, donde se evalúen competencias técnicas, trayectoria ética e independencia política, muchos de ellos no calificarían.
Y prefieren mantener el sistema corrupto que los cobija antes que arriesgarse a competir en igualdad de condiciones. Es la lógica del poder: quien lo tiene, no lo suelta. Aunque sea ilegítimo. Aunque sea contrario al interés público. Aunque destruya la democracia.
Esto No es solo información: Es claridad transformadora
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Este artículo no es solo una denuncia contra nueve magistrados cuestionables. Es una radiografía del mecanismo invisible que permite que la corrupción electoral se perpetúe en Colombia. Es la conexión entre las decisiones políticas de 2003 y las consecuencias que vivimos hoy.
Porque la corrupción no es solo el robo de dinero público. Es el secuestro de las instituciones que deberían protegernos de ese robo. Es la captura del árbitro por los jugadores. Es convertir el órgano de control en herramienta de control político.
Y mientras los ciudadanos no entendamos estos mecanismos, mientras sigamos creyendo que el problema son solo ‘manzanas podridas’ y no el sistema que las cultiva, la corrupción seguirá reinando.
La pregunta no es si hubo captura institucional del CNE. Es si vamos a seguir permitiéndola. Cada voto que demos, cada silencio que mantengamos, cada indignación que se nos olvide en dos días, es una autorización tácita para que esto continúe.
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
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