El escándalo de la Calle 30 supera en perversidad al caso de Samuel Moreno: contratistas fantasma, pagos anticipados y una ciudad secuestrada por la impunidad
La Verdad que nadie te cuenta: Así se robaron tu ciudad
Si los barranquilleros supieran realmente lo que han hecho con su dinero en la Calle 30, no solo pondrían el grito en el cielo: exigirían cabezas. Pero aquí estamos, siete años después, mirando una arteria vial convertida en basurero a cielo abierto, con tramos sin ejecutar, sardineles destruidos y comerciantes en bancarrota, mientras dos empresas —Valores y Contratos Valorcon S.A. e Inversiones Jacur y Compañía Ltda— se embolsillaron más de $137.000 millones de pesos sin cumplir su trabajo.
¿Te suena conocido? Debería. Es el mismo libreto que vimos con Samuel Moreno y la Avenida 26 en Bogotá, pero con un agravante: en Barranquilla nadie está preso. Nadie responde. Y mientras tanto, el sistema sigue girando como si nada hubiera pasado.
Bienvenidos a la mecánica invisible de la corrupción estructural, donde los contratos públicos no son instrumentos de desarrollo sino mecanismos de saqueo sistematizado. Esto no es solo un caso de mal manejo: es un manual de cómo desfalcar un distrito ante las narices de todos.
El Mecanismo: Cómo Robarse $137.000 Millones en Cinco Pasos
Paso 1: El Contrato Imposible
Primero de junio de 2018. La Agencia Distrital de Infraestructura adjudica el contrato ADI-0375/2018 a la Unión Temporal Avenida Boyacá por $91.060 millones. El objeto: construir o ampliar 6 kilómetros de la Calle 30, desde la carrera 46 hasta la vía Circunvalar, además de modernizar todo el alumbrado público del distrito.
¿El plazo? Hasta el 31 de diciembre de 2018.
Lean bien: siete meses para pavimentar más de 6 kilómetros en concreto rígido y modernizar el alumbrado de toda una ciudad. Cualquier ingeniero competente les dirá que eso es físicamente imposible. Según el Manual 12 del Departamento Nacional de Planeación, pavimentar 100 metros en concreto rígido toma mínimo un mes. Con tres frentes de trabajo, esta obra necesitaba año y medio, no siete meses.
Pero a nadie le importó. Ni al Comité Evaluador, ni a la interventoría, ni al supervisor. Todos firmaron. Todos consintieron. Todos miraron para otro lado mientras se cocinaba el atraco perfecto.
Paso 2: El Pago Adelantado o el Arte de Desfalcar Legalmente
Aquí es donde la cosa se pone obscena.
El 30 de agosto de 2018 —apenas tres meses después de firmar el contrato— el distrito de Barranquilla le giró a Valorcon y Jacur la suma de $77.734 millones, es decir, el 85% del valor total del contrato inicial.
Ese mismo día, en una maniobra que aún nadie ha explicado, giraron otros $235 millones. Total: casi $78.000 millones en un solo día, sin que hubiera prácticamente nada construido.
TABLA 1.-PAGOS REALIZADOS POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
| FECHA | PAGO DEL DISTRITO AL CONTRATRISTA | DOCUMENTO ASOCIADO A LOS PAGOS DE ESTAMPILLAS |
|---|---|---|
| 30/08/2018 | $ 77.734.285.568 | ABONO AL PROVEEDOR POR CONTRATO PRINCIPAL |
| 30/08/2018 | $ 235.731.476 | ABONO AL PROVEEDOR POR CONTRATO PRINCIPAL |
| 12/02/2019 | $ 13.090.600.000 | ABONO AL PROVEEDOR POR CONTRATO PRINCIPAL |
| 29/09/2023 | $ 25.006.600.000 | ABONO CONTRATO ADICIONAL 01 |
| 30/11/2023 | $ 21.718.480.000 | SALDO CONTRATO ADICIONAL 01 Y ADICIÓN 02 |
VALORES TOTALES $ 137.785.697.044,00
La cláusula quinta del contrato es cristalina: los pagos se realizan mediante actas parciales de obra avaladas por el interventor. O sea que para recibir el 85% del contrato, los contratistas debieron haber entregado el 85% de la obra.
¿Adivinen qué? Hasta el día de hoy, siete años después, no han entregado ni el 80% de lo pactado.
Lean eso de nuevo. Les pagaron casi todo el dinero en tres meses. Pasaron siete años. Y la obra sigue sin terminarse.
¿Cómo se llama eso? Porque «gestión pública» definitivamente no es.
Paso 3: La Prórroga Infinita
Para febrero de 2019, un mes después del vencimiento del contrato, el distrito giró los $13.090 millones restantes, completando el 100% del pago del contrato inicial.
Problema: los contratistas no habían ejecutado ni el 50% de la obra.
¿Consecuencias? Ninguna.
¿Sanciones? Cero.
¿Prórrogas? Todas las que hicieron falta.
La obra se paralizó. La Calle 30 se convirtió en un caos intransitable. Los comerciantes vieron sus ventas desplomarse. Muchos cerraron. Pero Valorcon y Jacur ya tenían el dinero en sus cuentas, así que, ¿por qué apurarse?
Paso 4: Las Adiciones Milagrosas
Llegó Jaime Pumarejo a la alcaldía en 2020 y decidió no ensuciarse las manos con este desastre. La pandemia ayudó a ocultar el fiasco. Para 2023, al final de su mandato, aceptó una adición al contrato.
El 29 de septiembre de 2023, el distrito giró otros $25.006 millones. El 30 de noviembre, otros $21.718 millones. Total de las adiciones: $46.725 millones, más del 50% del contrato inicial.
Pero aquí viene el truco legal: para esquivar la norma que prohíbe adiciones superiores al 50%, etiquetaron parte de esa plata como «mayor cantidad de obra». Misma plata, distinto nombre, mismo resultado: más dinero para los mismos que no habían cumplido.
Paso 5: Los Tramos Fantasma
Y ahora la cereza del pastel: los contratistas nunca tocaron dos tramos completos del proyecto.
De la carrera 35 a la 46: cero trabajos ejecutados.
De la carrera 2B a la vía Circunvalar: tampoco.
Ese segundo tramo lo terminó reconstruyendo la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, en un acto de soberbia administrativa que le costó $6.000 millones a su municipio. Dinero que pudo usar en las vías destrozadas de Soledad, pero que prefirió invertir en cumplirle, probablemente, a algún financiador de campaña o garantizarse una jugosa coima.
Mientras tanto, el tramo de la carrera 46 a la 38 lo está reconstruyendo el distrito con otro contrato, cubriendo la negligencia de Valorcon y Jacur.
O sea: les pagaron por una obra que no hicieron, y ahora el distrito tiene que contratar a alguien más para hacerla. Y todos tan tranquilos.
Los Nombres Detrás del Despojo
Hablemos claro. Esta no es una historia de «errores administrativos» ni de «sobrecostos imprevistos». Esto es un sistema diseñado para transferir recursos públicos a bolsillos privados específicos.
La Unión Temporal Avenida Boyacá (NIT 901.185.645-2) está integrada por:
- Valores y Contratos Valorcon S.A. (NIT 800.182.330-8) – 50% de participación, propiedad de Julio Gerlein
- Inversiones Jacur y Compañía Ltda (NIT 802.000.666-4) – 50% de participación, propiedad de Faisal Jacobo Cure Orfale
Estos no son empresarios improvisados. Son pesos pesados de la contratación pública en Barranquilla. Y operan con una impunidad que asombra.
El representante legal de Valorcon, Jaime Massard Ballesta (C.C. 7.427.028), tiene sanción vigente de la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimiento en un contrato con Cormagdalena. ¿El Comité Evaluador lo descalificó? No. Lo adjudicaron igual.
Inversiones Jacur presentó su RUP con fecha del 17 de abril de 2017, afirmando que era una «renovación», cuando la ley obliga a renovar los primeros cinco días hábiles de abril de cada año. Falsedad evidente. ¿Consecuencias? Ninguna.
Y luego está la interventoría: el Consorcio Circunvalar IDC (NIT 901.185.574-8), seleccionado por $4.112 millones a través de un «concurso de méritos» que huele a dedo desde cualquier ángulo que se mire.
¿Su trabajo? Avalar actas de obra falsas, aprobar pagos indebidos y consentir prórrogas sin justificación. En otras palabras: ser cómplice del saqueo.
El Sistema Que Lo Permite: Anatomía de la Impunidad
Este caso no es una anomalía. Es el funcionamiento normal del sistema.
El Comité Evaluador debió descalificar a esta Unión Temporal desde el minuto uno por las irregularidades evidentes. No lo hizo. ¿Direccionamiento? ¿Favorecimiento? Llámelo como quiera, pero objetividad no fue.
La Interventoría debió detener los pagos ante la falta de ejecución. No lo hizo. ¿Incompetencia? ¿Complicidad? El resultado es el mismo: legitimaron el desfalco.
El Supervisor debió hacer un análisis jurídico, técnico y financiero riguroso. No lo hizo. O lo hizo y a nadie le importó.
Los organismos de control debieron intervenir ante irregularidades tan flagrantes. No lo hicieron. Barranquilla lleva siete años esperando.
¿Y saben qué es lo más perverso? Que todo esto está documentado. No hay nada oculto. Los contratos están firmados. Los pagos registrados. Las cláusulas son públicas.
El saqueo se ejecutó a plena luz del día porque el sistema está diseñado precisamente para eso: para que la corrupción opere legalmente, amparada en tecnicismos, prórrogas, adiciones y la complicidad de quienes deberían fiscalizar.
El Impacto Real: Más Allá de los Números
Detrás de estos $137.000 millones mal gastados hay comerciantes que cerraron sus negocios. Familias que perdieron su sustento. Una ciudad secuestrada por obras eternas que nunca terminan.
Hay tramos sin bordillos donde la gente se tropieza. Sardineles destruidos que nadie repara. Un basurero a cielo abierto en plena Calle 30 con carrera 35 que nadie controla.
Y mientras tanto, Valorcon y Jacur tienen el dinero. Los interventores cobrado sus honorarios. Los funcionarios públicos siguen en sus cargos.
¿Costo de oportunidad? Con esos $137.000 millones se pudieron haber construido 274 colegios (a $500 millones cada uno). O 45 centros de salud (a $3.000 millones cada uno). O pavimentar 685 kilómetros de vías en barrios populares (a $200 millones por kilómetro).
Pero no. Se los dieron a dos empresas que no cumplieron. Y aquí no ha pasado nada.
¿Peor Que Samuel Moreno?
La pregunta del título tiene respuesta: sí, esto es más perverso.
Samuel Moreno (q.e.p.d.). estuvo preso. Los responsables de la Calle 26 fueron judicializados. Hubo consecuencias.
En Barranquilla, nadie responde. Nadie está preso. Nadie ha sido inhabilitado. El sistema sigue operando como si este fuera el orden natural de las cosas.
Y lo más grave: este mismo esquema se repite en las demás obras de envergadura de la ciudad. No es un caso aislado. Es el manual operativo.
La Pregunta Incómoda
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo vamos a seguir normalizando que les paguen a contratistas por obras que no hacen?
¿Hasta cuándo vamos a tolerar que funcionarios públicos que elaboraron, legalizaron y supervisaron estos contratos fraudulentos sigan en sus cargos?
¿Hasta cuándo vamos a creer que «todos son iguales» y que no hay nada que hacer?
Porque el problema no es solo el corrupto. Es el votante que lo justifica. Es el empresario que financia la campaña a cambio de contratos. Es el ciudadano que dice «todos roban, pero este al menos hace algo».
La corrupción se perpetúa porque la dejamos. Porque nos resignamos. Porque preferimos las migajas del clientelismo a la dignidad de exigir transparencia.
Conclusión: El Círculo Vicioso Que Nos Atrapa
Este artículo no va a cambiar nada si solo lo lees y te indignas cinco minutos. La indignación sin acción es complicidad disfrazada de impotencia.
Los funcionarios que armaron este contrato siguen en sus cargos. Los contratistas que no cumplieron siguen recibiendo contratos públicos. La interventoría que avaló el fraude sigue operando. Y el sistema sigue girando.
¿Quieres que algo cambie? Comparte esto. Denuncia. Exige rendición de cuentas. Deja de votar por los mismos de siempre. Deja de creer que «así son las cosas».
Porque mientras sigamos siendo espectadores pasivos del saqueo, la historia de la Calle 30 se seguirá repitiendo en cada obra, en cada contrato, en cada oportunidad que tenga el poder de transferir lo público a lo privado.
La corrupción no se combate solo con leyes. Se combate con ciudadanos que se niegan a ser cómplices del silencio.
¿Hasta cuándo vas a esperar para dejar de serlo?
Este análisis se basa en documentación pública de contratos, pagos y resoluciones del distrito de Barranquilla. Los datos son verificables en registros oficiales. La pregunta es: ¿por qué nadie los está investigando?
