Balance amargo de Triple A Barranquilla 2020: altísimas tarifas y pésimo control de aguas residuales

Norman Alarcón Rodas

Cada año, cuando se conocen los balances de las empresas, se presenta la oportunidad propicia para analizar en contexto sus resultados económicos, sociales, financieros y operativos, entre otros. Particularmente he observado desde hace unos años los logros y deficiencias de la empresa Triple A, que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a Barranquilla y varios de los mismos servicios a 14 municipios atlanticenses con más de dos millones y medio de usuarios. 

El Informe de Gestión y Sostenibilidad en 2020 informa con algún detalle las acciones jurídicas que adelantan los entes investigativos y de control contra muy graves hechos de corrupción durante lustros, con detrimento patrimonial de más de $300.000 millones de pesos y con perjuicios para miles de usuarios, entes territoriales, el erario y la moralidad pública.

Hay implicados criollos de alto turmequé y una empresa española, el Canal Isabel II de la municipalidad de Madrid, a través de Inassa S.A.

Admite dicho informe que la Procuraduría General de la Nación presentó una acción popular contra Triple A, Inassa y Superservicios que tiene como coadyuvantes a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el sindicato de la empresa, el senador Jorge Robledo y la abogada Melissa Aníbal.

Se solicita: dejar sin efecto el contrato de asistencia técnica por el cual se le entregó a Inassa el 4,5% del recaudo mensual de la empresa desde el año 2000 hasta 2018, cuando se supo que uno de los implicados, Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa y de Triple A, se allanó a cargos ante la Fiscalía española confesando que este contrato fue ficticio y no tuvo ocurrencia.

Se pide también “ordenar a Inassa devolver a Triple A los dineros que ella pagó con ocasión del contrato, debidamente actualizados y con intereses corriente, para que Triple A reliquide las utilidades a favor del distrito de Barranquilla”.

Asimismo, que Triple A reintegre los dineros apropiados por funcionarios investigados por la Fiscalía para que se reliquiden las utilidades a favor del distrito de Barranquilla, y ordenar a Triple A adoptar las medidas para la restitución inmediata de los recursos pagados a Inassa, que ascienden a $80 millones de dólares.

También la Fiscalía investiga 54 facturaciones pagadas por Triple A y cuatro contratos de consultoría, por una suma superior a $27.000 millones de pesos.

(*) Ojo, que esto puede estar relacionado con los problemas de calidad del agua suministrada este año; y en cuanto a la recuperación de agua, que bajó de 4 a 2 millones de metros cúbicos es importante anotar que la estación de aguas residuales (EDAR El Pueblo) solo cubre el 25%, situación delicada porque por allí pasan las aguas residuales de la localidad Sur Occidente del distrito que van a parar a la ciénaga de Mallorquín, con su altísima contaminación, y cuya solución de saneamiento básico es clave para poder acometer debidamente el proyecto ecoturístico en este cuerpo de agua.

Además, el sector público perdió un directivo en la Junta que dirige la Triple A, quedando con uno solo, el alcalde distrital. Disminuyeron las redes de saneamiento básico, y la inversión en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) tuvo un bajón muy grande, al pasar de $524 millones de pesos en 2019 a $56 millones de pesos en 2020.

Obviamente, también deben resaltarse los avances y desarrollos, como la reparación de redes de acueducto y alcantarillado, que aumentó 9%; las utilidades del ejercicio que crecieron 13%, al pasar de $83.637 millones de pesos a $94.817 millones de pesos; el servicio de aseo, que pasó enteramente a manos de la Triple A con modernas compactadoras a base de gas, incorporando los trabajadores del mismo a la planta de personal, 1.076 en total, de los cuales 651 pasaron a contrato a término indefinido y 265 afiliados a la organización sindical.

La empresa participó en los diseños del tanque Siete de Abril –cuya construcción y financiación está bajo la lupa de investigaciones oficiales–, del tanque de Cupino de Puerto Colombia y el tanque de Galapa, obras realizadas con recursos externos públicos (sic), pero que le sirven a la rentabilidad de la empresa, ya que los va a utilizar en sus operaciones normales.

Para el 2021, la Triple A tiene previsto participar en los diseños del Acueducto Regional del Norte de Barranquilla con un monto modesto de $244 millones de pesos, obra que tendrá una financiación oficial de $200.000 millones de pesos proveniente del Ministerio de Vivienda y la Gobernación del Atlántico. Sobre este proyecto hay dudas respecto a la cuña salina que sube por el cauce del río Magdalena y se acerca incluso al Puente Pumarejo

Dos temas finales cruciales. En los estados financieros aparecen los llamados activos intangibles por un valor de $518.983 millones de pesos, el 61% de los activos totales, los cuales son una afrenta para el distrito de Barranquilla y para millones de usuarios. Los activos intangibles, que no lo son tanto, ya que son mejoras en infraestructura y en aparatos de informática que deberán ser devueltos a la empresa por el distrito cuando “concluida la concesión por cualquier causa (…) serán pagados por el distrito en la parte no amortizada o depreciada”.

Es decir, si en este momento se acaba la concesión, una posibilidad real ya que las acciones de los españoles están embargadas con fines de extinción de dominio, el distrito de Barranquilla tendría que pagar esa impresionante suma de $518.983 millones de pesos. En cuanto a las tarifas, las de Triple A son de las más altas del país merced a que la Comisión de Regulación de Agua (CRA) le aprobó hace años un mercado regional con precio techo, con el cual el alza de enero a agosto de 2021 es del 21.5% (de $2.785 a $3.384 metro cúbico), por encima de EPM de Medellín, que es de $3.234.

A modo de conclusión, se deben mantener los estándares positivos alcanzados por Triple A y, al mismo tiempo, de manera apremiante, mejorar las delicadas falencias reflejadas en el balance. Urge también resarcir los impresionantes detrimentos patrimoniales. La meta ha de ser convertirla en una empresa pública oficial de alta rentabilidad.

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