El nuevo huésped de la Galería de Corruptos
El Partido Liberal vuelve a ocupar un lugar destacado en la vitrina de la deshonra. Ariel Palacios Calderón, exgobernador del Chocó (2016–2019), acaba de ser imputado por la Fiscalía por irregularidades en un contrato de suministro médico durante la emergencia sanitaria. El contrato, adjudicado a dedo, simulaba atender la pandemia, pero terminó beneficiando a operadores cercanos al poder local. La Fiscalía lo señala por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
No es un caso aislado. Es el reflejo de un modelo corrupto que ha hecho del Chocó un laboratorio de impunidad, donde los recursos públicos se esfuman entre la ineficiencia y la codicia de sus dirigentes. Lo grave es que Palacios ya había sido suspendido por la Procuraduría en 2021 por actuaciones similares. En ese entonces, el Ministerio Público lo señaló por “propagar la pandemia de la corrupción”.
El mecanismo del saqueo: contratos para amigos
La acusación no sorprende. Palacios pertenece a esa élite política que ha hecho del Estado una empresa familiar. Su administración firmó contratos inflados con empresas sin experiencia, favoreciendo a amigos y financiadores políticos. Las investigaciones periodísticas muestran vínculos entre contratistas del sector salud y operadores electorales que movieron la maquinaria de su campaña.
Bajo el disfraz de la urgencia por la pandemia, se autorizaron contratos de hasta 3.000 millones de pesos sin licitación pública. En los informes de la Contraloría General se evidencian sobrecostos y pagos por bienes no entregados. Así funciona el viejo truco: declarar la urgencia manifiesta, contratar a dedo y desviar recursos con la bendición de los mismos entes de control regional que deberían vigilar.
El caso de Palacios encaja en lo que el investigador Alejandro Nieto llamaría “corrupción estructural”. No se trata de un simple acto ilícito, sino de un sistema blindado que premia la deshonestidad y castiga la decencia.
La red liberal y el sistema que la protege
El exgobernador no operaba solo. Su ascenso político se dio bajo la tutela del Partido Liberal, que en el Chocó ha sido más un cartel electoral que una organización ideológica. Desde los tiempos de los hermanos Moreno, pasando por el clan García y los herederos de Luis Gilberto Murillo, el poder liberal ha capturado las instituciones locales, controlando la contratación, las notarías, las curadurías y las corporaciones autónomas.
Esa red se reproduce porque el Estado colombiano ha sido diseñado, como lo señala La cara oculta del poder, para que unos pocos mantengan el control a través de la manipulación y el clientelismo. El votante chocoano, cansado y dependiente, se convierte en rehén del mismo sistema que lo condena a la pobreza. Así, el corrupto no gana por astuto, sino porque la sociedad se acostumbró a perder.
Un daño más allá de los millones
Mientras Palacios y su grupo político se enriquecían, el Chocó seguía hundido en la miseria. La corrupción no solo roba dinero, roba oportunidades. Cada peso desviado significó menos camas en los hospitales, menos becas, menos agua potable. Según el DANE, el 65% de la población del departamento vive en pobreza multidimensional.
El saqueo institucional perpetúa un ciclo de abandono que convierte al ciudadano en cómplice por necesidad. Cuando un pueblo aplaude al que roba, termina viviendo bajo sus reglas.
El sistema que lo permite
El caso de Ariel Palacios Calderón ilustra la decadencia de un sistema político que se disfraza de democracia, pero actúa como monopolio de privilegios. El aforamiento, la lentitud judicial y la captura de los organismos de control garantizan la impunidad. Lo que debería ser Estado de derecho se ha transformado en un Estado de favores.
Colombia necesita algo más que fiscales y procuradores que aparezcan después del saqueo. Necesita una ciudadanía organizada, una sociedad civil fuerte que no se conforme con titulares de imputaciones, sino que vigile el presupuesto, denuncie y exija rendición de cuentas.
La libertad no depende del tamaño del gobierno, sino de la fuerza moral de quienes están fuera de él. Los ciudadanos deben asumir el papel de contrapeso frente al poder y recuperar el civismo perdido.
Cierre: del cinismo a la responsabilidad
Ariel Palacios Calderón pasa hoy a ocupar su lugar en la Galería de Corruptos de Colombia. Un político más del Partido Liberal que traicionó su juramento público, demostrando que en el Chocó el verdadero virus no fue la pandemia, sino la impunidad.
Pero esta historia no debe terminar en la indignación, sino en la acción. El civismo, como recuerda el ensayo homónimo, es la revolución silenciosa que necesitamos. Porque cada acto honesto, cada denuncia, cada voto informado, es un antídoto contra la podredumbre del poder.
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