Tras ser capturado en Bogotá el pasado 28 de julio, y de que el 10 de agosto la presidencia del Congreso de la República aceptara la renuncia q su curul; el ex senador Richard Aguilar consiguió lo mismo que sus colegas investigados por la Corte Suprema de Justicia por actos de corrupción: que su caso fuera trasladado a la Fiscalía General de la Nación

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En efecto , este 19 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió la investigación que adelantaba en contra del exgobernador de Santander Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en contratos mientras fungía como gobernador Santander, a la Fiscalía. 

La decisión, con ponencia del magistrado César Reyes, se da justo después de que Aguilar renunciara al Congreso y de que se le señalara de ser el presunto cerebro detrás de una red de corrupción durante su administración

Cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 235, que es la Corte Suprema de Justicia el ente que debe juzgar a congresistas y altos mandos del Gobierno en estos casos. Pero al renunciar a su fuero como aforado el caso pasa a la justicia ordinaria. 

Aguilar fue capturado por el CTI de la Fiscalía por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de los arreglos de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, en Bucaramanga. 

Es investigado por, supuestamente, asociarse para cometer delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin requisitos legales. 

Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014). 

De acuerdo con las investigaciones, los hechos también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en las cuales, al parecer, abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos. 

Asimismo, se le señala de ser el presunto cerebro detrás de una red de corrupción durante su administración, pues, según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él. 

A través de su defensa, el ahora exsenador investigado, había solicitado al alto tribunal que su expediente quede en manos de la Fiscalía, justificando que los actos por los que se le acusan ocurrieron, al parecer, entre 2014 y 2015, es decir, cuando Richard Aguilar fungía como gobernador, no como senador. 

“Ninguna de las imputaciones fácticas realizadas en los autos del 13 de mayo de 2021, 27 de julio de 2021, ni en la diligencia de indagatoria del 11 de junio de 2021, tienen relación clara y directa con el cargo o funciones de Senador de la República”, señaló el abogado Iván Cancino en el documento en el que manifestaba los intereses de su defendido. 

Estos argumentos fueron presentados a la oficina del magistrado César Reyes, así como la carta de renuncia del exsenador que dejaba claro su desligue del Congreso de la República. Entonces, en las últimas horas, el magistrado consideró que, efectivamente, las supuestas irregularidades por las que se culpa a Aguilar sucedieron cuando este era gobernador. 

“En últimas los delitos imputados no se habrían cometido por causa del servicio, con ocasión del mismo, como tampoco a consecuencia de un desviado o abusivo ejercicio de funciones congresuales, que no ostentaba para el momento de la comisión de las conductas antijuridicas imputadas por la Sala, vale enfatizar acaecidas durante los años 2014 y 2015 cuando el procesado desempeñaba el cargo de Gobernador del Departamento de Santander”, se lee en el documento firmado por el magistrado. 

Lo ocurrido en este caso al igual que con los de otros congresistas que incluyen al del exsenador Álvaro Uribe Vélez, o el de Eduardo Pulgar, genera inquietudes, pues no deja de llamar la atención, el afán desesperado de exfuncionarios de evitar ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia y correr a refugiarse en la justicia ordinaria.  

¿Es que acaso la Corte no les brinda las garantías necesarias, o por el contrario está comprobada la laxitud de la Fiscalía y están convencidos de que saldrán mejor librados de los procesos? 

En cualquier caso; lo cierto es que los delitos de los que son acusados quienes deciden renunciar a sus fueros, fueron cometidos en el ejercicio de sus respectivas dignidades y aprovechándose de ellas, y aún así, tranquilamente con solo una carta de renuncia se sacuden para pasar a ser juzgados por la justicia ordinaria, y sin el mayor asomo de vergüenza. 

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