Tras haber sido uno de los primeros mandatarios investigados por corrupción aprovechándose de la pandemia del Covid-19, a través de contratos amañados, esta semana la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, ante la Corte Suprema de Justicia.
El exmandatario enfrenta cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en grado de tentativa.
Según la investigación, el exmandatario habría realizado actos para favorecer a una sola empresa con un contrato por $4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era realizar la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19.
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía evidenciaron que el procesado habría incurrido en un desvío de poder al convocar un proceso de selección; desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad establecidos en la ley.
Entre las irregularidades detectadas está el hecho de que el exgobernador en un decreto definió el fin de semana del 4 y 5 de abril de 2020, el pliego de condiciones con los requisitos. Y ya el lunes 6 de abril de 2020 celebró el contrato con una única empresa proponente.
Asimismo, habría ajustado las condiciones de salubridad y capacidad de almacenamiento con el fin de favorecer a la empresa ganadora del contrato. En la actualidad, el exmandatario quien fue elegido con el aval una alianza de partidos (Cambio Radical, Social de Unidad Nacional, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y la Unión Patriótica), permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá La Picota, por otros hechos.
Castillo Cisneros fue capturado en octubre del 2021, tras ser acusado por la Fiscalía de tener nexos con el frente Domingo Laín del ELN. De acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2021, el gobernador habría hecho acuerdos financieros mediante contratos estatales, con esa agrupación guerrillera, con el fin de conseguir logística y protección para sus desplazamientos por los municipios de la zona, a cambio de dejarlos actuar con libertad.
Adicionalmente, dijo el ente investigador, que al parecer Castillo recibió apoyo financiero ilegal para ser elegido como gobernador. Supuestamente habría entregado altas sumas de dinero y porcentajes de la contratación del departamento a sus financiadores. Todo indica, dice la Fiscalía, que en su primer período adjudicó ocho contratos a un integrante del Eln, para que adelantara «estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales».
También le cayó la Procuraduría
El exgobernador además fue sancionado en abril de este año por la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilidad por nueve años, por irregularidades en la celebración de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (Comfiar) para la edificación de 240 viviendas de interés prioritario (VIP) en el municipio.
El Ministerio Público aseguró que el exfuncionario realizó el negocio jurídico en el mes de julio con la institución para «aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para los procesos de convocatoria, asignación de subsidios y operatividad de los proyectos de VIP»; consecuentemente, Comfiar contrató al Consorcio Laureles Arauca en diciembre 2014 para la ejecución del proyecto de construcción de las casas, sin que se hubiera evaluado la idoneidad de Comfiar en experiencia, capacidad técnica y administrativa.
